La Operación

La Operación Trueno comenzó en la noche del 20 de abril de 2022, cuando alrededor de 800 funcionarios policiales y militares que viajaban en 30 carros y 10 vehículos blindados descendieron sobre el municipio Altagracia de Orituco, en el estado Guárico.

Las fuerzas de seguridad establecieron puntos de control por todo el pueblo, arrestaron a personas con acusaciones falsas o exigieron sobornos para no hacerlo. Además, acosaron y extorsionaron a los comercios locales, exigiéndoles bienes y servicios con amenazas.

Los funcionarios establecieron sus bases de operaciones en un hotel local, y en casas y fincas incautadas a personas investigadas. En estas propiedades organizaron fiestas que duraron hasta altas horas de la madrugada, a las que llevaron trabajadoras sexuales. Además, retuvieron y torturaron a los detenidos.

Aparentemente, iban tras el Tren del Llano y elaboraron una lista de objetivos, pero pocos nombres eran de miembros reales del grupo criminal. En cambio, apuntaban a personas con vínculos familiares o sociales con miembros de la banda, a personas que les habían ayudado inadvertidamente o se habían visto obligadas a colaborar con la banda —entre ellas sus víctimas de extorsión— y a cualquiera con antecedentes penales o que viviera en un barrio pobre.

Unidades de hasta 30 funcionarios, generalmente con el rostro cubierto y las identificaciones tapadas, realizaron redadas en los domicilios de las personas incluidas en las listas. No tenían órdenes de detención ni de registro, sino que decían a la gente que actuaban por «orden presidencial».

Con frecuencia, los agentes derribaron las puertas al entrar, y después maltrataron física y verbalmente a quienes se encontraban en los domicilios. Les pegaron con sus armas, los ataron y amenazaron con matarlos. 

En los allanamientos y después de ellos, los funcionarios robaron todo lo que encontraron: dinero en efectivo, teléfonos móviles, aparatos electrónicos, ropa y vehículos. Incluso se llevaron comida y, en algunas ocasiones, cocinaron para ellos mismos durante las redadas.

Los detenidos se enfrentaron a tratos crueles y degradantes, sufriendo abusos físicos y mentales. Algunos fueron llevados a centros de tortura clandestinos. 

Algunas de las mujeres detenidas fueron sometidas a violencia sexual y humillaciones.

Las detenciones se justificaron con informes de detención falsificados y pruebas manipuladas, en la mayoría de los casos relacionadas con municiones que aseguraban haber encontrado. Algunos detenidos fueron obligados a prestar falso testimonio.

En algunos casos, los funcionarios exigieron sobornos de miles de dólares para liberar a los detenidos, o para llevar a cabo traslados a audiencias judiciales o a centros de detención.

La mayoría de los detenidos estaban recluidos en cárceles de Caracas, a cuatro horas de Guárico. Tenían que pagar sobornos para obtener los servicios más básicos en las cárceles. Sus familias debían proporcionarles alimentos, pero tenían que sobornar a los funcionarios para poder visitarlos o incluso comunicarse con sus seres queridos.

La mayoría de los detenidos eran llevados ante tribunales antiterroristas. No se les permitió tener sus propios abogados, y en su lugar fueron representados a la fuerza por defensores públicos, algunos de los cuales exigieron dinero para proporcionar a las familias información sobre los casos.

Aunque algunas víctimas fueron puestas en libertad a los pocos días, otras siguen encarceladas en condiciones inhumanas, recluidas en instalaciones hacinadas, sin alimentación ni atención médica adecuadas. Algunas han sido amenazados por el Tren del Llano porque la banda cree que las víctimas los han delatado para obtener beneficios judiciales.