Un viaducto de cocaína: el narcotráfico y la expansión del ELN en Venezuela

El comandante máximo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Erlinto Chamorro, alias “Antonio García”, se mostró indignado después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aludiera a la participación de la guerrilla en el tráfico de drogas.

“El ELN jamás ha estado vinculado al narcotráfico, en el futuro todas estas mentiras se caerán. Ese momento llegará”, declaró Antonio García en un comunicado oficial difundido el 1 de septiembre.

Fundado en la década de 1960 como un grupo marxista-leninista con raíces en la Teología de la Liberación, los líderes y fundadores del ELN siempre buscaron evitar el narcotráfico por considerarlo una aberración ideológica. Sin embargo, esa postura comenzó a debilitarse en las últimas décadas, cuando el atractivo del dinero fácil para financiar la revolución empezó a imponerse sobre la pureza ideológica. 

Algunas unidades o frentes insurgentes comenzaron a cobrar un impuesto, conocido como “gramaje”, a los cultivadores de coca que operaban en los territorios bajo su control. Pero el ELN insiste en que no participa directamente en la compra, el procesamiento o el transporte de cocaína, y que simplemente obtiene ingresos relativamente bajos por concepto de gramaje.

“Nosotros cobramos un impuestico [sic] que nos sirve para resolver problemas de alimentación, de vestuario”, afirmó alias “Ricardo”, uno de los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, en una entrevista con The Times en julio.

Las reiteradas y contundentes negaciones ocultan la realidad: el narcotráfico se ha convertido en una fuente de financiación fundamental para el ELN. Sus ganancias sostienen la existencia de varios de sus frentes, especialmente los que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y ante el aumento de la presión militar del lado colombiano, el grupo parece estar desplazando sus operaciones hacia el este, hacia Venezuela, donde cuenta con la colaboración de las autoridades locales.

Reportes de InSight Crime y procesos judiciales estadounidenses señalan que el ELN ya opera sus propios laboratorios de cocaína y supervisa el transporte de la droga a través de las fronteras. La toma de la estratégica región fronteriza del Catatumbo —abundante en cultivos de coca— a inicios de 2025 representó un avance significativo dentro de una expansión más amplia y planificada en el negocio de las drogas, probablemente en coordinación con sectores del régimen del presidente Nicolás Maduro.

Integración vertical

Controlar la región fronteriza entre Colombia y Venezuela es fundamental para maximizar las ganancias del negocio de las drogas, pues le permite al ELN manejar cada etapa del proceso, desde la producción hasta la venta al por mayor. También le posibilita proyectarse desde Venezuela hacia zonas profundas de Colombia, más allá del alcance de las fuerzas de seguridad colombianas y sus aliados en Estados Unidos.

La frontera concentra una alta densidad de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento de cocaína y rutas de tráfico que abastecen los mercados internacionales.

La toma del Catatumbo colombiano en enero le dio al ELN dominio sobre una de las zonas de cultivo de coca más productivas del mundo. Del lado venezolano, en el estado de Zulia, el cultivo de coca sigue en una fase incipiente, pero fuentes consultadas por InSight Crime afirmaron que el ELN recluta campesinos y locales en Venezuela para cosechar coca en ambos lados de la frontera.

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La regulación de este mercado y el control de los corredores fronterizos están a cargo de la Estructura de Finanzas y Economías para la Revolución (EFER), según el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta división especializada funciona como el brazo financiero del Frente de Guerra Nororiental en el Catatumbo y tiene la tarea de coordinar las operaciones de tráfico de drogas en ambos países. Sus funciones incluirían desde la instalación de laboratorios de cocaína hasta el manejo de fondos ilícitos, todo regido por un conjunto de normas internas.

A medida que las autoridades colombianas aumentan la presión militar contra el ELN, la presencia del grupo en Venezuela le ha permitido trasladar la producción de drogas al otro lado de la frontera, fuera del alcance estatal.

Los continuos operativos contra laboratorios de procesamiento del ELN en Colombia han empujado a la guerrilla a instalar centros de producción en zonas remotas de Venezuela, como la localidad fronteriza de Jesús María Semprún, donde actúan como autoridades paraestatales.

La cocaína producida en el lado colombiano pasa sin mayores obstáculos por territorios controlados por el ELN hacia Venezuela. Luego, junto con la cocaína producida en ese país, es enviada a los mercados de consumo.

El tráfico suele atravesar Zulia a través del lago de Maracaibo, que desemboca en el mar Caribe. También salen cargamentos desde las costas del vecino estado de Falcón. Las cargas suelen dirigirse a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao antes de ser enviadas a Europa. Otras se trasladan hacia el oriente para ser despachadas desde los estados costeros de Carabobo y La Guaira hacia islas cercanas del Caribe, mientras que algunas viajan directamente desde pistas clandestinas en Zulia hacia Centroamérica.

Las rutas alternativas desde Venezuela hacia el Caribe incluyen vuelos enviados a islas desde el estado fronterizo de Apure, o el recorrido del río Orinoco, que atraviesa los estados de Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico y Anzoátegui —con múltiples puntos bajo control del ELN— hasta desembocar en el océano Atlántico.

Control transfronterizo

En el municipio más septentrional de Zulia, Guajira, se evidencia con claridad cómo la presencia binacional y el control social del ELN sostienen sus actividades de narcotráfico, al tiempo que revelan la compleja relación que mantiene con las autoridades venezolanas.

Los traficantes están dirigiendo cada vez más su atención hacia la región de La Guajira, debido a que las fuerzas de seguridad en otras rutas han empezado a exigir pagos más altos para hacer la vista gorda frente al trasiego de drogas. Mientras que Machiques de Perijá, el municipio al norte de Jesús María Semprún, fue en su momento una ruta popular para enviar cargamentos hacia el lago de Maracaibo, ahora parece más rentable enviar los envíos ilícitos a Guajira, que conecta directamente con el Caribe.

“A los narcos se les hizo casi imposible la forma de carretear la droga porque se les estaba haciendo muy cara”, dijo a InSight Crime un productor agrícola en Machiques de Perijá. “Así que todas las autoridades querían un paquete”.

Una larga historia de abandono estatal y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en Guajira sentó las bases para que el ELN ganara una percepción de legitimidad entre ciertos sectores de la población indígena local. Además, sectores leales a Maduro dominan la política municipal, lo que significa que es poco probable que generen problemas para la guerrilla aliada al presidente e incluso podrían acudir a ellos en tiempos de elecciones.

Varias fuentes dijeron a InSight Crime que el ELN utiliza la ciudad de Maicao, en el departamento colombiano de La Guajira, como centro de operaciones para enviar drogas hacia la Guajira venezolana. La baja densidad de población, la extensa frontera porosa con Colombia y una larga franja costera hacen de est​​a región un punto ideal para los traficantes que envían cargamentos a islas del Caribe o hacia Centroamérica.

El hallazgo reciente de un semisumergible parcialmente construido en un astillero artesanal de Guajira sugiere que el municipio incluso podría haberse convertido en un punto de partida para envíos directos de drogas hacia Europa, dado que algunos de estos aparatos ya son capaces de cruzar el Atlántico.

Una espada de doble filo

El negocio de las drogas es un componente clave de la relación entre el ELN y el régimen de Maduro, y, aunque es una relación de beneficio mutuo, el Estado mantiene cierta ventaja. El ELN paga en servicios y en efectivo por la protección que le permite operar en territorio venezolano.

El ELN aporta múltiples beneficios al gobierno venezolano. En zonas como La Guajira, donde la presencia estatal es débil, el grupo mantiene el orden territorial y poblacional. Además, ha interferido en procesos electorales para favorecer a candidatos leales al partido de Maduro. Su presencia en la frontera también funciona como un colchón de seguridad y una alerta temprana frente a una eventual invasión desde suelo colombiano.

Pero, de manera crucial, los sobornos que los traficantes pagan a las fuerzas de seguridad ayudan indirectamente a garantizar que Maduro se mantenga en el poder.

Este entramado es conocido como el Cartel de los Soles. Más que una organización de narcotráfico, se trata de una práctica extendida de corrupción dentro de las fuerzas armadas. Ante la imposibilidad de sostener salarios dignos, el gobierno asegura la lealtad militar permitiendo que oficiales y funcionarios se enriquezcan mediante sobornos de narcotraficantes o incluso participando directamente en el negocio.

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En ese sentido, los intereses de Maduro y del ELN convergen en varias aristas. El gobierno venezolano, financieramente debilitado, se beneficia de que su aliado controle toda la cadena del narcotráfico, ya que eso implica que el aparato estatal corrupto cuente con mayores ingresos. Un ELN fortalecido también ofrece más fuerza a un régimen que sufre una profunda falta de legitimidad interna y enfrenta crecientes presiones geopolíticas.

El objetivo final del ELN es convertirse en el actor criminal dominante a lo largo de toda la frontera entre Colombia y Venezuela. Con la protección de Venezuela, ese objetivo parece cada vez más alcanzable. Y va más allá del narcotráfico: el grupo busca replicar en Venezuela el modelo político de base que ha desarrollado durante seis décadas en Colombia.