Recientes medidas contra la corrupción en la contratación pública vinculada a las pandillas de Trinidad y Tobago podrían desencadenar una reacción adversa por parte de organizaciones criminales que han obtenido importantes ingresos de los programas de desarrollo comunitario.
El gobierno ha paralizado varios contratos públicos concedidos a través de programas de desarrollo local —el Programa de Ayuda al Desempleo (Unemployment Relief Programme, URP) y el Programa Comunitario de Protección y Mejora del Medio Ambiente (Community-based Environmental Protection and Enhancement Programme, CEPEP), entre otros— los cuales están siendo reestructurados con base a las acusaciones de corrupción e infiltración criminal.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, las pandillas recibían contratos para ejecutar obras públicas y proveer servicios a través de ambos programas, llegando incluso a registrar trabajadores ficticios, conocidos como “trabajadores fantasma”, para desviar fondos.
En medio de este esfuerzo por sanear la contratación pública, a mediados de agosto, agencias de inteligencia trinitenses detectaron la existencia de una recompensa colectiva de TTD$2,8 millones (US$420.000) por el asesinato del ministro de Defensa, Wayne Sturge, la ministra de Gobierno local, Khadijah Ameen, el ministro de Servicios Públicos, Barry Padarth, y el director del URP, Feroze Khan.
No está claro si las amenazas estaban vinculadas a la revisión de los contratos públicos, pero las pandillas tienen mucho en juego.
“Estas amenazas son algo que no se puede subestimar”, declaró Randy Seepersad, criminólogo de la Universidad de las Indias Occidentales, en conversación con InSight Crime.
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Sin embargo, estas no fueron las primeras de este tipo. El gobierno declaró un estado de emergencia a mediados de julio, cuando fuentes de inteligencia detectaron que líderes de varias pandillas estaban coordinando el asesinato de altos mandos del Estado desde prisión, con la ayuda de funcionarios corruptos.
Un guardia penitenciario fue arrestado, acusado de colaborar con la Banda Criminal Islámica Radical (Radical Islamic Criminal Gang), según una orden de detención emitida, el 18 de agosto, por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Las bandas criminales son el principal problema de seguridad en Trinidad y Tobago. En 2024, las pandillas estuvieron detrás del 43,68% de los asesinatos en el país, que registró la tasa de homicidios más alta de su historia, con 625 víctimas mortales. El fácil acceso a armas de fuego, el aislamiento social de las comunidades más empobrecidas, y las rivalidades por el control territorial en un escenario muy fragmentado, son algunos de los motivos que explican la violencia pandillera.
La Primera Ministra, Kamla Persad-Bissessar, centró gran parte de su campaña en la lucha contra el crimen. Aunque su programa electoral incluía reformas sociales, judiciales y comunitarias profundas, los primeros meses de su mandato se focalizaron en medidas represivas y de vigilancia policial.
La reestructuración de los programas de desarrollo local podría afectar las finanzas y vínculos de las bandas criminales con el poder pero, si no se hace de manera sostenible, corre el riesgo de constituir otra medida pasajera incapaz de reducir el crimen en el largo plazo.
La revisión de contratos públicos otorgados a través del CEPEP y el URP apunta a recortar las ganancias de las pandillas que ejercen el control en las comunidades más empobrecidas del país. En los últimos años, el presupuesto anual de cada programa ha sido de entre US$40 y $66 millones.
“Va a afectar mucho a las bandas, porque era una línea de financiación que existía y que, de repente, se ha interrumpido”, opinó Seepersad.
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Décadas atrás, la necesidad de implementar estos programas —que son la principal fuente de ingresos de miles de familias— en zonas controladas por las bandas, condujo al reconocimiento de los líderes de algunas pandillas como “líderes comunitarios” para administrar y realizar el trabajo en el terreno.
Según Seepersad, se trata de “una relación incómoda que se ha desarrollado a lo largo de los años entre las bandas y los gobiernos que han estado en el poder”. Contratos públicos millonarios se convirtieron así en una fuente de ingresos para organizaciones criminales, que gastan parte de este dinero en adquirir armas y drogas.
En áreas de la capital, Puerto España, pandillas como Rasta City y The Muslims —las más poderosas del país— han afianzado su poder en las comunidades mediante contratos públicos de cantidades superiores a US$100.000, otorgados a través del URP, CEPEP y otros programas de construcción, según investigaciones académicas.
La competencia por el acceso a estos contratos también ha alimentado la violencia entre pandillas en Puerto España y otros municipios, como Chaguanas y Gonzales, en un escenario criminal cada vez más fragmentado.
Pero el trabajo en las comunidades sigue siendo necesario. Algunos economistas locales han mostrado su preocupación ante los despidos de miles de trabajadores de ambos programas, y el impacto negativo que esto puede tener en las comunidades, que son precisamente las más afectadas por la delincuencia.
“Tenemos que encontrar una manera de dar contratos, pero tiene que haber cierto nivel de supervisión”, explicó Seepersad.
Imagen principal: Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Créditos: Andrea De Silva / (EPA) EFE
