Trinidad y Tobago prorrogó el estado de emergencia para contrarrestar el récord de homicidios que alcanzó el país. Sin embargo, es poco probable que esta medida, una estrategia habitual de los gobiernos de la región que se enfrentan al aumento de la delincuencia, detenga la tendencia creciente de la violencia.

Las autoridades del país caribeño prorrogaron el estado de emergencia el 13 de enero, tras anunciarlo inicialmente el 30 de diciembre. Esta medida se produjo después de un año en el que los homicidios alcanzaron la cifra de 614, convirtiendo a 2024 en el año más mortífero en la historia del país.

La decisión de declarar el estado de emergencia se fundamentó en la información de inteligencia del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (Trinidad and Tobago Police Service, TTPS), según el canal de televisión estatal, Trinidad and Tobago Television. A pesar de la medida, se produjeron nuevos asesinatos, entre ellos un par de dobles homicidios, de acuerdo a lo que informaron los medios locales.

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“Es probable que las bandas criminales, mediante el uso de armas de asalto de gran potencia y otras armas de fuego ilegales, en zonas de Trinidad, y posiblemente de Tobago, aumenten inmediatamente sus actos de violencia en asesinatos de represalia a una escala tan amplia que amenace a las personas y ponga en peligro la seguridad pública”, declaró en un comunicado Stuart Young, fiscal general en funciones, que está llamado a sustituir al primer ministro Keith Rowley en los próximos meses.

En virtud del estado de emergencia, la policía está facultada para registrar personas y locales sin orden judicial y detener a sospechosos durante un máximo de 48 horas. No se estableció ningún toque de queda, ya que el gobierno pretende que la medida sea lo más “discreta” posible para los ciudadanos respetuosos de la ley.

Los homicidios no han dejado de aumentar desde hace años debido a la lucha de unas 180 bandas pequeñas y poco sofisticadas por el control territorial del tráfico callejero de drogas y armas. Los asesinatos han aumentado en cuatro de los últimos cinco años, según los datos recopilados por InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

El estado de emergencia parece ser una medida políticamente conveniente para un gobierno que se encuentra bajo fuego. Aunque puede conducir a una reducción pasajera de los homicidios, el gobierno no parece contar con una solución a largo plazo para la violencia cada vez más preocupante del país.

En 2021, el organismo de inteligencia de Trinidad y Tobago, la Agencia de Servicios Estratégicos (Strategic Services Agency, SSA), advirtió a los legisladores que era probable que las bandas fueran cada vez más violentas a medida que se recuperaban de los efectos de la pandemia del COVID-19 y se fragmentaban tras el asesinato de Anthon Boney, líder de la banda conocida como los Musulmanes, una de las dos más grandes del país.

El aumento de los asesinatos múltiples durante 2024 sugiere que esta predicción se ha cumplido. La policía registró 33 homicidios dobles, ocho triples, cuatro cuádruples y uno quíntuple durante el año.

Rowley anunció recientemente que dejará el cargo antes de que finalice su mandato en agosto.

El secretario jefe de la Cámara de la Asamblea de Tobago, Farley Augustine, expresó a la prensa su escepticismo sobre la eficacia del estado de emergencia. “No estamos muy seguros de que esto vaya a producir ningún cambio de rumbo significativo o en lo que vaya a ocurrir [en términos de delincuencia]”.

Kevin Morris, líder de la minoría en la Asamblea de Tobago, subrayó que el estado de emergencia “debe formar parte de un plan más amplio para abordar los problemas más profundos que impulsan la delincuencia”, como el tráfico de armas hacia el país, el blanqueo de dinero y la falta de oportunidades económicas dentro del país.

Durante años han entrado armas en Trinidad y Tobago procedentes de Estados Unidos y de la vecina Venezuela, que alimentaron el aumento de la violencia. El blanqueo de dinero también sigue siendo problemático, y Trinidad y Tobago figura en la lista de países de alto riesgo de la Comisión Europea.

Sin embargo, Trinidad y Tobago no es el único país del Caribe y América Latina que ha recurrido a la declaración del estado de emergencia en respuesta a una violencia que se encuentra profundamente arraigada.

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Por ejemplo, en los últimos años, Jamaica ha decretado y restablecido repetidamente el estado de emergencia en diferentes regiones de la isla, pero apenas ha logrado erradicar la violencia de las bandas. Los crecientes problemas de extorsión y tránsito de cocaína hacia Estados Unidos han intensificado una cultura de bandas profundamente arraigada en la isla, lo que supone un importante desafío para las fuerzas de seguridad.

Del mismo modo, Ecuador y Honduras mantuvieron el estado de emergencia durante 12 y 25 meses, respectivamente. Durante ese tiempo, Ecuador experimentó un aumento de los homicidios, ya que las bandas se atomizaron y fragmentaron en bandas más pequeñas y mortíferas que se han enfrentado entre sí, dejando a las autoridades desbordadas. En Honduras, el problema de la extorsión −la principal justificación del estado de emergencia− no sólo se intensificó, sino que también “mutó”, según lo que señaló a InSight Crime un líder del transporte urbano, ya que el vacío dejado por las bandas criminales más grandes, incluida la MS13 que se retiró, fue colmado por bandas más pequeñas.

Aunque estas medidas tienen una eficacia limitada, suelen tener eco entre los ciudadanos, que ven los anuncios como una acción decisiva de las autoridades. Esta percepción beneficia al gobierno de Keith Rowley, que se enfrentó a reacciones violentas por su incapacidad para detener los asesinatos a pesar de las advertencias de los servicios de inteligencia sobre una oleada de violencia años atrás.

Imagen principal: El Fiscal General en funciones, Stuart Young (izquierda), y el Ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds (derecha), anunciando el estado de emergencia. Crédito: Al Jazeera.