El Gobierno de Colombia está haciendo más esfuerzos que nunca para evitar que los criminales ganen poder político en las próximas elecciones, pero se enfrenta a serias posibilidades, con una abrumadora cantidad de 130.000 candidatos presentándose en todo el país.
Un hombre cabalga a través de la ciudad con un sombrero de vaquero, acompañado por una mujer glamorosa y tres guardaespaldas con los dedos en el gatillo de sus armas. Baja del caballo, toma en un bar de la acera de enfrente, y muestra su ganado, mientras que un cantante le acompaña con la letra:
“Soy el patrón de patrones (…) Alegre y con mi pistola voy desafiando la muerte (…) Muchos me siguen los pasos por toditas las regiones (…) Mi gente me cuida y acaba con los soplones, se van a estrellar bien feo con el patrón de patrones (…)”
Esto no es un “narcocorrido” proclamando las hazañas de un capo mexicano, sino un video musical que muestra a un aspirante del Partido Conservador a candidato a la gobernación del departamento de Caquetá, en el sur de Colombia (ver video abajo). El partido no tardó en sacar al posible candidato, Arnulfo Gasca, eliminando su apoyo después de que las imágenes llegaran a manos de los medios de comunicación en julio.
Gasca es uno de los cientos de candidatos rechazados por los partidos políticos, en medio de los esfuerzos sin precedentes del gobierno de Santos para combatir la corrupción y la influencia de los grupos criminales en las elecciones. El gobierno ha adoptado una postura pública contundente contra la infiltración criminal en los gobiernos locales. El ministro del interior, Germán Vargas Lleras, declaró: “que nadie se equivoque porque el Gobierno está empeñado en que las mafias no se apoderen de gobernaciones, alcaldías ni de corporaciones públicas (…) Que no quede duda…nuestro propósito es blindar los próximos comicios y evitar así la indebida utilización de los dineros públicos”.
Colombia tiene un largo historial de candidatos con vínculos a grupos criminales y, después de las elecciones parlamentarias de 2006, casi un tercio de los candidatos ganadores fueron investigados posteriormente por vínculos con paramilitares, en lo que se conoció como el escándalo de la “parapolítica”.
La política local es quizás aún más vulnerable a la infiltración criminal. Muchas partes del país no están enteramente bajo el control del gobierno central, y son a menudo dominadas por las poderosas élites locales con vínculos al narcotráfico y los grupos armados ilegales. En un informe reciente, el Internacional Crisis Group señaló que las medidas de descentralización del gobierno en los años ochenta y noventa, dieron más poder y mayores presupuestos a los gobiernos locales, creando inadvertidamente un entorno en el que estas administraciones locales se convirtieron en jugosos premios económicos para los grupos criminales. Los paramilitares estaban a la vanguardia de la toma de poder resultante.
Una de las principales medidas que el gobierno ha tomado para evitar un escándalo del estilo de la parapolítica en las elecciones locales de 2011, es un conjunto de reformas legales que hacen que sea responsabilidad de los partidos el eliminar no sólo a los candidatos que hayan sido condenados por delitos, sino a los que están bajo investigación. Bajo las nuevas leyes, la condena de cualquier político, en ejercicio de su cargo, por delitos anteriores a su elección acarrea sanciones para el partido que lo respaldó. Esto aplica a las condenas por narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, vínculos con los grupos armados y delitos electorales. La idea es dar a los partidos un incentivo adicional para mantener fuera de sus listas a candidatos con vínculos ilegales, incluso los que no han sido declarados culpables de nada. Los partidos que incumplan la ley, enfrentan multas y pueden ser vetados de presentar candidatos en el mismo municipio para las siguientes elecciones.
El International Crisis Group ha elogiado la postura del gobierno de Santos en las elecciones. En un reciente informe, afirma que “el gobierno nacional parece más dispuesto y mejor preparado que en el pasado para frenar la influencia de actores ilegales en las elecciones”, aunque advirtió que “los desafíos siguen siendo enormes”.
En una notable ruptura con el pasado, el gobierno de Santos encargó a la Corporación Nuevo Arco Iris – frecuentemente crítica del gobierno – para examinar los antecedentes de los candidatos en algunas partes del país. La organización investigó a candidatos en áreas con una alta probabilidad de infiltración criminal, cubriendo 75 de los más de 1.100 municipios del país, en 23 departamentos.
Nuevo Arco Iris luego publicó un informe, nombrando a más de 100 candidatos a alcaldías y gobernaciones, que consideró que representaba un “alto riesgo”, bajo el argumento de que aparentemente tienen vínculos con grupos armados ilegales o por haber tratado de ejercer presión sobre el electorado, malversado fondos públicos o que cuentan con financiamiento ilegal de sus campañas (Ver abajo el mapa del InSight Crime sobre estos resultados). La evidencia citada incluye si los candidatos tienen o no parientes cercanos que estén vinculados a miembros de grupos criminales o al narcotráfico; si tienen vínculos con políticos criminales; y si tienen negocios cuestionables o están bajo investigación por algún crimen.
Mirando sólo dos ejemplos, de dos candidatos a gobernación por el Partido de la U, se da una idea del alcance de los hallazgos de Nuevo Arco Iris. Uno de los candidatos a la gobernación del Guaviare, en el sureste del país, tiene supuestos vínculos con dos de los capos más importantes del país, Pedro Oliveiro Guerrero, alias “El Cuchillo” (ya fallecido), y Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco”. Los dos hombres presuntamente financiaron su campaña, según el informe. Mientras tanto, un candidato a la alcaldía de Arauca, departamento limítrofe con Venezuela, al parecer cuenta con miembros del Frente 10 de las FARC presionando a los electores para apoyarlo.
Mientras que la puesta en marcha de este informe por parte del gobierno es digno de elogio, sobre todo teniendo en cuenta que desentierra información perjudicial del propio partido del presidente, hay que señalar que algunos han cuestionado el manejo gubernamental de la información y se criticó el hecho de que no fuera entregado directamente a los partidos políticos.
Otra medida positiva fue la decisión del gobierno de Santos de hablar con la Misión de Observación Electoral (MOE). Vargas Lleras sostuvo una reunión con un representante de la organización para discutir el “mapa de riesgo” que habían publicado para las elecciones, como lo han hecho en cada votación durante algunos años ya. La MOE informó que el ministro no había cuestionado sus resultados, incluso cuando estos entraron en conflicto con los del gobierno, y se había comprometido a realizar la combinación de los dos conjuntos de datos. Este enfoque ciertamente es diferente al tratamiento del gobierno anterior hacia los grupos de la sociedad civil, que a menudo parecía elegir ignorar a sus críticos, en lugar de entrar en diálogo con ellos.
La importancia de este enfoque, y de la labor de investigación de Nuevo Arco Iris, es que demuestra el hecho de que son pocos los candidatos que realmente tienen antecedentes penales. La agencia de inteligencia, DAS, realizó controles de los posibles candidatos en nombre de ciertos partidos, incluido el Partido de la U, el Partido Liberal, y los Conservadores. De unos 24.000 candidatos examinados, el DAS encontró que poco más de 400 tenían antecedentes penales. Como señaló el director de la agencia, Felipe Muñoz, esto significa que sólo el dos por ciento de los candidatos examinados habían sido condenados por algún delito. El nivel real de la infiltración criminal en las elecciones es sin duda mucho mayor que eso. En un país donde la impunidad es un problema tan grave, el enfoque de investigar los lazos familiares de los candidatos y las conexiones profesionales es muy importante, ya que muchos de los que representan intereses criminales nunca han sido condenados de nada.
Los principales partidos han respondido al nuevo énfasis del gobierno en tener candidatos limpios, al negar su aprobación a cientos de personas cuestionables. En julio hubo informes de que los partidos de la coalición de gobierno – Partido de la U, los Conservadores, Liberales y Cambio Radical – retiraron su apoyo a cerca de 500 candidatos en una purga de sus listas. En pocas semanas tan solo los Conservadores afirmaron que habían retirado su apoyo a unos 480 candidatos que habían sido acusados de delitos, entre ellos narcotráfico, corrupción y delitos sexuales. A mediados de agosto Vargas Lleras anunció que 2.223 candidatos se habían retirado, o se les había negado la candidatura, tras verificación de sus antecedentes.
Gasca, el aspirante a gobernador de Caquetá, quien aparece en el video musical “Patrón de patrones”, es sólo uno de los cientos de posibles candidatos que pueden ser expulsados de las listas de los partidos políticos para las elecciones de octubre. Muchos de ellos están acusados de corrupción, vínculos con el narcotráfico, grupos paramilitares o guerrilleros, aunque por lo general no todas estas razones a la vez, como el caso de Gasca.
Los problemas del político van más allá del video que provocó su caída, hecho hace varios años. Su reputación también ha sido afectada, el alcalde de Florencia, según los informes, dice que fingió un divorcio con su esposa, a fin de ser elegible para postularse a gobernador. Ella, por su parte, estuvo casada con un presunto narcotraficante, quien supuestamente dirigió un cartel local. Gasca mismo fue arrestado por cargos de narcotráfico en 1999, junto a su hermano Andrés, quien fue condenado. Según algunos informes, Andrés era también un miembro del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sumándose a las complicaciones, un ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo a un periódico local que él había protegido Gasca en territorio controlado por los guerrilleros, hasta que el caso contra él proscribiera.
Incluso si los candidatos pierden el respaldo de su partido, aún pueden postularse si recogen suficientes firmas, como Gasca, la estrella en “Patrón de patrones”, intentó hacer. Él recogió la cantidad requerida, con más de 60.000 nombres, según los informes, pero permaneció excluido de la votación después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pusiera en duda su autenticidad. La Procuraduría General de la República le pidió al Consejo retirar la candidatura de unos 477 candidatos independientes similares.
Pero incluso si Gasca queda fuera de las votaciones, con más de 130.000 aspirantes para cargos en octubre, es seguro que haya muchos más candidatos comprometidos que logren colarse por las rendijas.
– Vea el análisis de InSight Crime sobre violencia contra los candidatos.
– Vea el análisis de InSight Crime sobre el rol de la nueva generación de grupos narcotraficantes.