Aunque las elecciones del pasado 29 de octubre en las regiones de Colombia transcurrieron con más calma que hace cuatro años, quedó demostrado que el crimen organizado sigue siendo una grave amenaza para el ejercicio de la democracia.

En estos comicios, los colombianos votaron por sus representantes locales y departamentales para el periodo 2024-2026. Aunque los resultados fueron variados, los partidos de derecha se anotaron varios triunfos importantes, lo que deja al gobierno del presidente Gustavo Petro con pocos aliados en las regiones. 

Esto sin duda afectará el plan de Paz Total del gobierno, que busca negociar con los grupos armados en todo el país, pues varios alcaldes y gobernadores elegidos son críticos a esta política.

Si bien los comicios transcurrieron sin alteraciones de orden público en la mayor parte de Colombia, se reportaron ataques contra los puestos de votación en Norte de Santander, Cauca y algunas zonas de la Costa Caribe.

A continuación, InSight Crime presenta tres conclusiones sobre el papel del crimen organizado en las elecciones territoriales en Colombia:

No hubo injerencia observable de grupos armados

Las elecciones de 2023 se caracterizaron por la ausencia de acciones violentas de grupos criminales en el escenario electoral, grupos armados como el Estado Mayor Central de las ex-FARC Mafia (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) no protagonizaron hechos de violencia en medio de las votaciones. 

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El actual panorama del cese al fuego del gobierno con el ELN y el EMC de las Ex-FARC Mafia, en el marco de los diálogos de la Paz Total, habría tenido un efecto importante en este aspecto, según opinó Diego Rubiano, analista sénior del Observatorio Político Electoral de la Democracia, para la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización dedicada a la investigación y el fomento de la participación democrática en Colombia.

“Nosotros veíamos, desde el año 2014-2015, que siempre teníamos un hecho por parte de un actor armado. Siempre había una detonación de un artefacto explosivo o un ataque frontal contra un puesto de votación. Este año no tuvimos ni un solo hecho”, reflexionó. 

Las elecciones se suspendieron en algunos municipios de los departamentos de Putumayo y Nariño, al sur de Colombia, por la probabilidad de ataques violentos. Otros hechos también ensombrecieron las votaciones. Los partidarios de un candidato a la alcaldía en La Gamarra, Cesar, prendieron fuego al edificio de la Registraduría de ese municipio, hecho en el que perdió la vida la funcionaria Duperly Arévalo Carrascal. Y en Argelia, Cauca, manifestantes inconformes con los resultados de la votación quemaron el material electoral.

Así mismo, se detectaron varias irregularidades. La incautación de dinero, presumiblemente para compra de votos, aumentó en 289% en el transcurso de la jornada para un total de 1.200 millones de pesos (US$300.000). En Yondó, Antioquia, fue detenido el alcalde de la localidad, Fabián Echavarría Rangel, cuando fue aprehendido con 150 millones de pesos (US$37.000) en su camioneta.

Además, fueron retenidas 389 personas, 189 por antecedentes de orden judicial y 35 por delitos electorales, como la destrucción de material electoral y constreñimiento al desarrollo de los comicios.

La violencia política marcó la campaña 

Pese a la relativa calma de la jornada electoral del domingo 29 de octubre, los meses previos estuvieron marcados por un aumento de la violencia política. 

Según la MOE, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de septiembre de 2023, la violencia contra líderes políticos incrementó en un 92% respecto a 2019, aunque la violencia contra líderes sociales se redujo un 15,6%. De 653 hechos violentos, 453 tuvieron como objetivo liderazgos políticos. De estos, 176 se dirigieron a candidatos locales, de los cuales 28 fueron ataques letales, con 22 atentados y seis asesinatos.

“Hay un cambio en la estrategia de participación política [de los grupos armados]”, observó Rubiano y añadió, “hay una dinámica de aprovechamiento, si se quiere, del proceso electoral”.

En el mismo periodo, la MOE registró 1.352 hechos violentos relacionados con la presencia de grupos armados, 129% por encima de las elecciones regionales de 2019, y 66% frente a las presidenciales de 2022.

Por su parte, entre enero y septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo registró al menos 375 actos de violencia, incluidos amenazas, ataques y homicidios, al parecer perpetrados por grupos armados, como las ex-FARC Mafia (56), las AGC (54) y el ELN (44). Este tipo de ataques a las autoridades locales se han vuelto más visibles en los últimos meses, con al menos 12 alcaldes gobernando por fuera de sus municipios por cuenta de las amenazas de los grupos armados.

“Esa violencia o esas presiones se dan mucho más a los inicios del calendario electoral, donde se empiezan a ver problemas de posibles dificultades para inscribir a algunas personas [candidatos], las denuncias de que les están empezando a cobrar si quieren hacer campaña o que tienen que tener la autorización de estos grupos para movilizarse”, explicó Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.

Los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia fueron los más afectados por la violencia contra líderes políticos y sociales.

Elecciones locales y regionales siguen siendo escenarios clave para el crimen organizado

Aunque no toda la violencia es atribuible a los grupos armados y criminales, en departamentos como Norte de Santander, Chocó y Cauca, InSight Crime pudo recopilar testimonios que dan cuenta de la injerencia de estos grupos en las elecciones. 

Según varios entrevistados, los grupos criminales en el país siguen teniendo injerencia en política: le dicen a la población por qué candidatos tienen que votar, además, extorsionan a las campañas y a los candidatos electos.

“Todo actor político tiene que ir a hablar con la guerrilla para poder trabajar, hacer campaña y toda la cosa. […] Ellos son muy estrictos con el tema de la compra de votos”, dijo a InSight Crime una lideresa social en Guapi, Cauca, antes de las elecciones. 

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En Hacarí, Norte de Santander, miembros del ELN bloquearon el paso de votantes de uno de los candidatos a la alcaldía, y en Bolívar, presuntos miembros de las AGC intimidaron a los sufragantes en el municipio de San Jacinto del Cauca, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

Por décadas, los presupuestos municipales han sido fuente de ingresos para los grupos armados, mediante la extorsión a funcionarios y contratistas. Por otro lado, la crisis de la coca ha forzado a los grupos a diversificar aún más sus portafolios criminales, dándole más peso a economías ilícitas como la extorsión.