Honduras es uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Suramérica y México. Azotado por problemas de corrupción en todos los poderes del Estado y en la fuerza pública, Honduras ha evolucionado de ser un país de tránsito a uno en que los grupos criminales, protegidos por el sistema político, han desarrollado la capacidad de producir clorhidrato de cocaína en laboratorios locales.
Desde finales de la década pasada, la protección política permitió que los grupos tradicionales de narcotráfico florecieran. Los testimonios de los narcotraficantes y políticos hondureños en juicios en Estados Unidos han revelado la profunda conexión entre el crimen organizado y el gobernante Partido Nacional.
El control de las actividades ilegales en Honduras se encuentra en manos de grupos criminales locales conectados con las élites políticas y económicas. El sistema judicial adolece de interferencia política y corrupción, así como de falta de capacidad y transparencia.
La policía de Honduras ha sido una de las instituciones de orden público más corruptas y que más desconfianza generan en Latinoamérica, y el ejército del país también ha sido acusado de participar en actividades criminales. El Partido Nacional, en el poder desde 2010, ha delegado cada vez más funciones de vigilancia policial al Ejército, en especial la lucha contra las pandillas, como la MS13 y Barrio 18. El gobierno de Juan Orlando Hernández inició un proceso de depuración de la Policía en 2016.
Geografía
Honduras, segundo país más extenso de Centroamérica, limita con Guatemala al oeste, con El Salvador al suroeste, y con Nicaragua al sureste. El país tiene un largo litoral sobre el mar Caribe y acceso al océano Pacífico por el Golfo de Fonseca al sur.
La remota región selvática de La Mosquitia, al noreste, y pequeñas islas frente a la costa Caribe son importantes puntos de aterrizaje para narcovuelos y cargamentos de barcos procedentes de Colombia, principal productor de cocaína en Suramérica. Vastas porciones de las selvas del país han sido taladas por los narcotraficantes para construir pistas de aterrizaje y crear oportunidades de lavado de dinero. La frontera de Honduras con Guatemala es un cruce importante para productos de contrabando y narcóticos.
Las pandillas se concentran en las zonas urbanas más pobladas del país, incluyendo la capital Tegucigalpa, el polo económico de San Pedro Sula, y la ciudad costera La Ceiba, sobre el Caribe.
Historia
Honduras se independizó en 1838. Sus primeros 50 años se caracterizaron por tensiones entre facciones políticas. Desde comienzos de la década de 1900, Estados Unidos entró con fuerza en Honduras, incluyendo con el despliegue de soldados, debido a las grandes inversiones de firmas estadounidenses en la industria bananera, que transformaron a Honduras en una de las llamadas “repúblicas bananeras”.
La agitación política y graves problemas económicos, derivados en gran parte de la dependencia del país en las exportaciones, atizaron una rebelión militar en 1957, que abrió paso a un régimen militar de varias décadas marcadas por una serie de escándalos, un golpe no violento y una fugaz guerra con el vecino El Salvador. Entre las décadas de 1970 y 1990, Honduras fue una isla de estabilidad relativa en la región, mientras sus vecinos centroamericanos —Guatemala, Nicaragua y El Salvador— eran sacudidos por guerras civiles. Pero dada su condición de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica, rodeado por la guerra, Honduras se hizo vulnerable a la corrupción y el crimen organizado.
A lo largo de la década de 1980, Honduras fue usada como trampolín para el movimiento de todo tipo de mercancías ilícitas, desde drogas hasta armas y contrabando —aun después de concluidas las guerras, se mantendrían estas rutas de tráfico.
El gobierno estadounidense, concentrado en combatir lo que consideraba la amenaza comunista en la región, usó a Honduras como plataforma para apoyar a combatientes anticomunistas en El Salvador y Nicaragua, llegando incluso a fundar bases de entrenamiento y ataque a lo largo de las fronteras del país. Honduras se militarizó progresivamente en ese periodo, lo que abonó el terreno para que los poderes económicos tradicionales quedaran eclipsados por una nueva élite.
Durante este periodo, el primer narcotraficante importante de Honduras, Juan Ramón Matta Ballesteros, creó un “puente hondureño” para el hampa, entre el emergente Cartel de Guadalajara, de México, y el Cartel de Medellín, de Colombia, para facilitar el trasiego de cocaína hacia el norte con destino a Estados Unidos. Matta Ballesteros dependía de sus nexos con la cúpula del poder en Honduras, en particular dentro del ejército, y era propietario de negocios legítimos en el país. El gobierno estadounidense incluso llegó a contratar a la aerolínea de Matta Ballesteros para transportar armas y ayuda a los “Contras” de Nicaragua, financiados en secreto por Estados Unidos, quienes combatían contra el gobierno sandinista de izquierda.
En 1985, Matta Ballesteros se convirtió en uno de los hombres más buscados de la región, cuando él y el Cartel de Guadalajara presuntamente torturaron y asesinaron en México al agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique Camarena. En 1988, Matta Ballesteros fue arrestado por alguaciles estadounidenses en Honduras y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado por secuestro, cargo por el que aún paga una pena en ese país.
La década de 1990 se vio afectada por el aumento del crimen y la violencia, la corrupción, la crisis económica y la devastación ambiental causada por el huracán Mitch, una de las peores tormentas en la historia del hemisferio occidental.
A comienzos de la década de 2000, Honduras experimentó un nuevo recrudecimiento del narcotráfico y otras actividades ilícitas. A medida que las organizaciones narcotraficantes mexicanas ejercían mayor control en la cadena de distribución, crecía la importancia de Centroamérica. Por todo Honduras surgieron grupos traficantes locales, el más importante de los cuales fue el de Los Cachiros, en el departamento de Colón, sobre la costa Caribe al noreste del país, y Los Valle en la provincia de Copán, al oeste, en límites con Guatemala. Estas organizaciones trabajaban con otros capos hondureños, como el magnate empresarial y traficante José Natividad “Chepe” Luna y el narco José Miguel “Chepe” Handal, además de grupos internacionales, como el cartel de Sinaloa.
El presidente Manuel Zelaya subió al poder en 2006 con las promesas de combatir el crimen e implementar programas sociales. Pero en 2009, Zelaya fue derrocado en un golpe militar, luego de convocar a un referendo constitucional para preparar el camino para su reelección. Los grupos criminales han aprovechado la agitación política resultante, así como la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la élite del país, para expandir sus actividades.
En la década de 2010, la tasa de homicidios se disparó en Honduras, hasta alcanzar un pico en 2011 y desde entonces ha ido descendiendo lentamente. Los factores principales de esta violencia son pandillas, como el Barrio 18 y la MS13, que concentran sus actividades criminales en áreas urbanas y reclutan a jóvenes, muchos de los cuales padecen la desigualdad económica y la falta de oportunidades generalizadas. Estas pandillas, también presentes en Guatemala y El Salvador, ejercen muchas veces influencia sobre barrios enteros, imponiendo su ley, exigiendo pagos de extorsiones a negocios y residentes, y manejando la venta local de estupefacientes y redes de secuestro.
Desde 2003, Honduras se ha regido por una estrategia de seguridad represiva contra las pandillas. Estas políticas, que no tratan las causas originarias del pandillerismo ni brindan rehabilitación a los pandilleros, han generado un aumento de la población carcelaria y recargado el ya tambaleante sistema penal en Honduras.
El Partido Nacional ha mantenido el control de la presidencia desde el golpe de 2009, primero con el presidente Porfirio Lobo Sosa y luego con la elección en 2013 del presidente Juan Orlando Hernández, y de su controvertida reelección en 2017, que se ha visto afectada por denuncias de fraude.
En 2010, por vez primera Estados Unidos designó a Honduras como principal país de tránsito de drogas. Desde entonces, se han intensificado las actividades de narcotráfico en la región, movidas en parte por un auge de la producción de cocaína en la región andina. Honduras ha cooperado con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años. En mayo de 2014, Carlos “El Negro” Lobo se convirtió en el primer traficante de drogas hondureño extraditado a Estados Unidos. Otros sospechosos criminales de alto perfil han sido extraditados posteriormente, y varios de ellos han entregado información a las autoridades estadounidenses en el marco de negociación de penas.
En ocasiones dicha cooperación ha desatado controversias. En 2012, varias redadas antinarcóticos realizadas con ayuda de las autoridades estadounidenses presuntamente implicaron el uso injustificado de fuerza letal, lo que incluyó un caso en el que varios civiles resultaron muertos.
Por otro lado, cada vez hay más evidencia de que los gobiernos del Partido Nacional han tenido una estrecha relación con el crimen organizado. El caso más emblemático es el de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente, quien en octubre de 2019 fue condenado en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico de cocaína y armas. Tony Hernández actuó como vínculo entre varios grupos narcotraficantes, como Los Valle, Los Cachiros y el Cartel del Atlántico, con el gobierno.
A esto se le suma que varios altos funcionarios de las fuerzas de seguridad también han tenido conexiones con el narcotráfico. Por ejemplo, Juan Carlos “Tigre” Bonilla, exdirector de la Policía Nacional durante la administración de Porfirio Lobo (2009-2013), fue acusado en Estados Unidos de abusar de su cargo y proteger cargamentos de droga, así como de conspirar en el asesinato de un narcotraficante rival. En abril de 2020, fiscales estadounidenses acusaron a Bonilla de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.
El mismo presidente Hernández ha sido mencionado en documentos judiciales de Estados Unidos. En marzo de 2020, cuando Estados Unidos arrestó al narcotraficante Geovanny Fuentes, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York publicaron que el presidente y su hermano Tony habían protegido un laboratorio, ubicado en el departamento de Cortés, capaz de producir entre 200 y 500 kilogramos de cocaína al mes.
En enero de 2021, fiscales estadounidenses sostuvieron que el presidente Hernández se había reunido con Fuentes Ramírez, quien le dio decenas de miles de dólares a cambio de que el mandatario le ofreciera protección contra los organismos de seguridad, además de apoyo militar para sus actividades de tráfico. Si bien el nombre de Hernández no aparece como tal, fue identificado como CC-4, o coconspirador número cuatro.
Los fiscales estadounidenses se han referido al presidente Hernández en varias acusaciones y en otros documentos judiciales como coconspirador en la red de narcotráfico de su hermano. Hernández ha negado vehementemente estas acusaciones.
Todo esto ha llevado a especular que la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría tratar de indagar al presidente Hernández.
Por otro lado, la corrupción en el país ha sido endémica. En 2016, las protestas generalizadas contra la corrupción motivaron la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La MACCIH trabajó con una unidad especializada de la Fiscalía General de Honduras, con la que reveló la existencia de redes de malversación de fondos que tocaban a cientos de diputados de todos los partidos. También revelaron un esquema, manejado por la difunta hermana del presidente Hilda Hernández, que desviaba dinero destinado a programas sociales hacia campañas electorales, incluyendo las de Juan Orlando Hernández.
Sin embargo, a finales de 2019, el Congreso de Honduras emitió una recomendación para descontinuar la MACCIH. La misión dejó el país en enero de 2020 y unos meses después, algunos de los casos más emblemáticos comenzaron a ser enterrados.
Grupos Criminales
Los grupos criminales tradicionales de Honduras han sido, en su mayoría, desmantelados en la última década, ya que sus líderes fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos. No obstante, los testimonios de estos capos dieron durante sus juicios han arrojado evidencia sobre las estructuras criminales que continúan operando en el país y que penetran hasta las esferas más altas de poder político.
El exlíder del Cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó que su organización presuntamente había contado con la protección y complicidad de varias élites políticas y económicas. Incluso mencionó haber sobornado a Tony Hernández.
La organización narcotraficante de Los Valle, que presuntamente traficaba varias toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos desde la frontera con Guatemala, también ha sido casi desmantelada y varios de sus miembros fueron enjuiciados en Estados Unidos. No obstante, las investigaciones que realizó InSight Crime en la zona durante 2019 y 2020 confirmaron que todavía operan remanentes de la red de este grupo.
El Cartel del Atlántico fue otro grupo importante a principios de siglo. Se presume que contó con la protección de agentes militares, de la policía y jueces. Su líder, Wilter Neptalí Blanco, fue arrestado en Costa Rica en noviembre de 2016 y desde julio de 2017 acordó colaborar con la justicia estadounidense.
Por otro lado, varios políticos a nivel local –en su mayoría asociados al Partido Nacional– han sido ligados a estas estructuras, y se presume que pudieron haber heredado el negocio del narcotráfico en sus territorios una vez que los capos tradicionales fueron extraditados. En El Paraíso, Copán, por ejemplo, el exalcalde Alexander Ardón controlaba el paso de droga desde su municipio hacia Guatemala. En la alejada región de La Mosquitia, un clan político formado por los hermanos Paisano Wood operaba una red de narcotráfico para recibir cargamentos de cocaína y enviarlos hacia la frontera con Guatemala. Este tipo de ejemplos, de colusión entre políticos y actividades criminales, se repiten en varias zonas del país, como en Yoro, Lempira y Olancho.
Finalmente, las principales pandillas de Honduras son la MS13 y el Barrio 18, que operan principalmente en zonas urbanas como Tegucigalpa o San Pedro Sula o en zonas rurales cerca de la frontera con El Salvador, donde buscan refugio. Ambas pandillas se dedican principalmente a la extorsión y al microtráfico y tienen un control importante dentro de los centros penitenciarios.
Fuerzas de Seguridad
Honduras tiene un cuerpo nacional de policía bajo la vigilancia de la Secretaría de Seguridad, que en 2016 tenía menos de 14.000 agentes, y ambiciosos planes de duplicar su pie de fuerza para 2022. La policía nacional es la encargada de evitar e investigar los delitos en Honduras, y está conformada por la Policía Preventiva Nacional y diferentes unidades especiales centradas en operaciones antipandillas y antinarcóticos, investigaciones, inteligencia y policía comunitaria. La policía también trabaja en coordinación con una fuerza de tarea contra el crimen, conocida como FUSINA, que incluye a fiscales y soldados.
La policía de Honduras es una de las más corruptas de la región. Los agentes de policía hondureños han sido acusados de una gran variedad de actividades criminales, que incluyen corrupción, entrega de información a grupos criminales, dejar pasar cargamentos de drogas sin inspeccionar, y la presunta participación en operaciones criminales violentas, e incluso la dirección de estas. A comienzos de 2016, Honduras creó una comisión de depuración de la policía, luego de revelaciones de que miembros de la cúpula policial habían participado en el asesinato en 2009 del zar antinarcóticos de Honduras. Al contrario de anteriores tentativas de depuración, la comisión hizo avances tempranos, pasando revista a cientos de oficiales de alto rango, y con el retiro de miles de agentes de la institución. Su mandato sigue vigente y hasta enero de 2020 ya habían sido depurados más de 6.000 agentes. No obstante, escándalos sobre relaciones entre el crimen organizado y la cúpula de la policía han puesto en duda la legitimidad de la comisión.
Honduras ha progresivamente militarizado la lucha contra el crimen organizado en años recientes, con el otorgamiento de facultades de vigilancia policial a los soldados en 2011 y con la creación de una fuerza élite de policía militar en 2013. La administración del presidente Hernández ha desplegado miles de efectivos de policía militar desde 2014, lo que según denuncias ha motivado violaciones a los derechos humanos, incluyendo el secuestro.
Para 2015, el ejército de Honduras, regentado por la Secretaría de Defensa Nacional, tenía alrededor de 24.000 miembros activos en su ejército, fuerza armada, marina y policía militar. Según la constitución de Honduras, la Secretaría de Seguridad puede convocar al ejército para cooperar en operativos contra el terrorismo y el tráfico de armas y narcóticos. Ha habido acusaciones de colusión de altos oficiales con grupos criminales para traficar narcóticos.
Sistema Judicial
El órgano judicial supremo en Honduras es la Corte Suprema de Justicia, que incluye salas para casos constitucionales, laborales, penales y civiles. Por debajo de estas se encuentran la corte de apelaciones, juzgados de primera instancia para casos penales y civiles, y juzgados de paz municipales y de distrito. Honduras tiene una Fiscalía General que funciona como parte del Ministerio Público independiente, y maneja investigaciones penales.
La percepción general sobre el poder judicial en Honduras es que es débil, ineficaz y corrupto. Los procesos de designación de magistrados para la Suprema Corte y de fiscal general han sido objeto de manipulación por parte de diputados del Congreso, muchos de los cuales se han visto implicados en escándalos de corrupción. El Índice de Estado de Derecho 2020, del proyecto World Justice Project, clasificaba a Honduras como uno de los países con los sistemas de justicia penal más corruptos y menos efectivos del mundo. Debido a la debilidad del sistema judicial en Honduras, se ha extraditado a Estados Unidos a muchos sospechosos de alto perfil en casos de narcotráfico.
La MACCIH, organismo con aval internacional, apoyó las investigaciones sobre corrupción de la Fiscalía General de 2016 hasta finales de 2019, cuando una decisión del Congreso resultó en la terminación de su mandato.
Prisiones
El saturado sistema penitenciario de Honduras está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y es administrado por la Policía Nacional y –en algunas cárceles– las Fuerzas Armadas. Para septiembre de 2019, las cárceles en Honduras operaban al 204 por ciento de su capacidad, a pesar de las reformas de 2014, que pretendían reducir el hacinamiento. Los detenidos en prisión preventiva representan más de la mitad de la población carcelaria y muchas veces enfrentan abusos y se les niega el debido proceso. Los centros carcelarios hacinados y faltos de presupuesto del país se ven afectados por revueltas, homicidios y condiciones deplorables, y esa disfunción crónica ha hecho posibles las fugas de presos. De octubre de 2019 a agosto de 2020, por ejemplo, habían muerto por lo menos 50 privados de libertad durante riñas y motines, así como por asesinatos selectivos.
Las prisiones se han convertido en centros de actividad criminal para las pandillas, debido a la falta de control de las autoridades en muchas instalaciones. El gobierno de Honduras intentó combatir el poder de las pandillas dentro de las cárceles en 2017 al trasladar a cientos de pandilleros a prisiones de máxima seguridad recién construidas, que supuestamente contaban con mayores controles. No obstante, casos de violencia dentro de estos centros en 2020 dejaron en evidencia que las dinámicas carcelarias se reproducen y que aún con los mayores controles, los pandilleros pueden seguir corrompiendo a guardias de seguridad para pasar contrabando como drogas y armas de alto calibre.