Honduras es uno de los países más violentos y con más criminalidad de América Latina. La violencia es perpetrada por grupos de narcotráfico locales, pandillas y fuerzas de seguridad corruptas que trabajan principalmente con organizaciones criminales trasnacionales de Colombia y México.
Debido a su ubicación geográfica, el país es uno de los puntos de transbordo del narcotráfico más importantes entre Suramérica y México. Debido a que todas las ramas del gobierno y sus fuerzas armadas están plagadas de corrupción, la nación centroamericana ha desempeñado durante mucho tiempo un papel vital como punto de tránsito en el que los grupos criminales gozan de protección oficial.
Durante las últimas dos décadas, la protección política permitió que los grupos tradicionales de narcotráfico florecieran. Los testimonios de los narcotraficantes y políticos hondureños en juicios en Estados Unidos han revelado la profunda conexión entre el crimen organizado y los grandes partidos políticos.
El control de las actividades ilegales en Honduras se encuentra en manos de grupos criminales locales conectados con las élites políticas y económicas. El sistema judicial adolece de interferencia política y corrupción, así como de falta de capacidad y transparencia. Además, la policía de Honduras ha sido una de las instituciones de orden público más corruptas en Latinoamérica. El ejército del país también ha sido acusado de participar en actividades criminales. Recientemente, los grupos criminales del país han evolucionado y están cultivando coca y procesando su propia cocaína tras años de experimentación. Esta nueva dinámica ha alterado permanentemente la infraestructura de narcotráfico en el país.
Geografía
Honduras, segundo país más extenso de Centroamérica, limita con Guatemala al oeste, con El Salvador al suroeste, y con Nicaragua al sureste. El país tiene un largo litoral sobre el mar Caribe y acceso al océano Pacífico por el golfo de Fonseca al sur.
La remota región selvática de La Moskitia, al noreste, y pequeñas islas frente a la costa Caribe son importantes puntos de aterrizaje para narcovuelos y cargamentos de barcos procedentes de Colombia, principal productor de cocaína en Suramérica. Vastas porciones de las selvas del país han sido taladas por los narcotraficantes para construir pistas de aterrizaje y crear oportunidades de lavado de dinero. La frontera de Honduras con Guatemala es un cruce importante para todo tipo de contrabando, el tráfico de migrantes y el narcotráfico.
Historia
Honduras se independizó en 1838. Sus primeros 50 años se caracterizaron por tensiones entre facciones políticas. Desde comienzos de la década de 1900, Estados Unidos estuvo fuertemente involucrado en Honduras, desplegando soldado para proteger las grandes inversiones de firmas estadounidenses en la industria bananera, transformando el país en una de las llamadas “repúblicas bananeras”.
La agitación política y graves problemas económicos, derivados en gran parte de la dependencia del país en las exportaciones, atizaron una rebelión militar en 1957. Esto abrió paso a un régimen militar de varias décadas marcadas por una serie de escándalos, un golpe de Estado no violento y una fugaz guerra con El Salvador. Entre las décadas de 1970 y 1990, Honduras fue una isla de estabilidad relativa en la región, mientras sus vecinos centroamericanos —Guatemala, Nicaragua y El Salvador— eran sacudidos por guerras civiles. Pero como uno de los países más pobres de Latinoamérica, rodeado por la guerra, Honduras se volvió vulnerable a la corrupción y el crimen organizado.
A lo largo de la década de 1980, Honduras fue usada como trampolín para el movimiento de todo tipo de mercancías ilícitas, desde drogas hasta armas y contrabando —aun después del fin de las guerras civiles de Centroamérica, las rutas de tráfico permanecieron.
El gobierno estadounidense, concentrado en combatir lo que consideraba la amenaza comunista en la región, usó a Honduras como plataforma para apoyar a combatientes anticomunistas en El Salvador y Nicaragua, llegando incluso a fundar bases de entrenamiento y ataque a lo largo de las fronteras del país. Honduras se militarizó progresivamente en ese periodo, permitiendo que los poderes económicos tradicionales quedaran eclipsados por una nueva élite.
Durante este periodo, el primer gran narcotraficante de Honduras, Juan Ramón Matta Ballesteros, creó un “puente hondureño” para conectar el emergente Cartel de Guadalajara, de México, y el Cartel de Medellín, de Colombia, y facilitar el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. Matta Ballesteros dependía de sus nexos con la cúpula del poder en Honduras, en particular dentro del ejército, y era propietario de negocios legítimos en el país. El gobierno estadounidense incluso llegó a contratar a la aerolínea de Matta Ballesteros para transportar armas y ayuda a los “Contras” de Nicaragua, un grupo subversivo financiado por Estados Unidos que luchaba contra el gobierno sandinista de izquierda.
En 1985, Matta Ballesteros se convirtió en uno de los hombres más buscados de la región, cuando él y el Cartel de Guadalajara presuntamente torturaron y asesinaron en México a Enrique Camaren, un agente de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA). En 1988, Matta Ballesteros fue arrestado en Honduras y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado por secuestro y tráfico de drogas y sentenciado a cadena perpetua.
En 1990, Honduras se vio afectada por el aumento del crimen y la violencia, la corrupción, la crisis económica y la devastación ambiental causada por el huracán Mitch, una de las peores tormentas en la historia del hemisferio occidental.
Honduras experimentó un nuevo recrudecimiento del narcotráfico y otras actividades ilícitas a comienzos de la década de los 2000. A medida que las organizaciones narcotraficantes mexicanas ejercían mayor control en la cadena de distribución, crecía la importancia de Centroamérica. Surgieron grupos de transportistas por todo Honduras, entre los cuales se encontraban Los Cachiros, en el departamento costero de Colón y Los Valle Valle en la provincia de Copán, en la frontera con Guatemala. Estas organizaciones trabajaban con otros capos hondureños, como el magnate empresarial y traficante José Natividad Luna Pereira, alias “Chepe Luna” y el narco José Miguel Handal Pérez, alias “Chepe Handal”, además de grupos internacionales, como el Cartel de Sinaloa.
El presidente Manuel Zelaya subió al poder en 2006 con la promesa de combatir el crimen e implementar programas sociales. Pero en 2009, Zelaya fue derrocado en un golpe militar, luego de convocar a un referendo constitucional para preparar el camino para su reelección. Los grupos criminales aprovecharon la agitación política y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la élite del país para expandir sus actividades.
En la década de 2010, la tasa de homicidios de Honduras se disparó hasta alcanzar un pico en 2011 y desde entonces ha ido descendiendo lentamente. Los factores principales de esta violencia son pandillas, como el Barrio 18 y la MS13, que concentran sus actividades criminales en áreas urbanas y reclutan a jóvenes, muchos de los cuales padecen la desigualdad económica y la falta de oportunidades. Estas pandillas, también presentes en Guatemala y El Salvador, ejercen influencia sobre barrios enteros, imponiendo su ley, extorsionando a negocios y residentes, y manejando la venta local de estupefacientes y redes de secuestro.
Por más de 20 años, Honduras ha implementado estrategias de seguridad represivas contra las pandillas. Estas políticas, que no tratan las causas originarias del pandillerismo ni brindan rehabilitación a los pandilleros, han generado un aumento de la población carcelaria y recargado el ya tambaleante sistema penal en Honduras.
El Partido Nacional mantuvo el control de la presidencia desde el golpe de 2009, primero con el presidente Porfirio Lobo Sosa y luego con la elección en 2013 del presidente Juan Orlando Hernández, y su controvertida reelección en 2017, que fue afectada por denuncias de fraude.
En 2010, por vez primera Estados Unidos designó a Honduras como principal país de tránsito de drogas. Desde entonces, las actividades de narcotráfico en la región se han intensificado, en parte por un auge de la producción de cocaína en la región andina. Honduras ha cooperado con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años. En mayo de 2014, Carlos “El Negro” Lobo se convirtió en el primer traficante hondureño extraditado a Estados Unidos Desde entonces, otros presuntos criminales de alto perfil han sido extraditados, y varios de ellos han entregado información a las autoridades estadounidenses en el marco de negociación de penas.
En ocasiones dicha cooperación antinarcóticos ha desatado controversias. En 2012, varias redadas en las que participaron agentes de la DEA y la policía hondureña implicaron el uso injustificado de fuerza letal, lo que incluyó un caso en el que varios civiles resultaron muertos.
Los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos también han destapado conexiones incómodas entre uno de sus aliados más cercanos y el narcotráfico. El caso más emblemático es el de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente, quien en octubre de 2019 fue condenado en Estados Unidos por su papel como vínculo entre oficiales del gobierno y varios grupos narcotraficantes, como Los Valle Valle, Los Cachiros y el Cartel del Atlántico.
El entonces presidente, Juan Orlando Hernández, era conocido como un aliado cercano de Estados Unidos en materia de seguridad, entra otras. Sin embargo, semanas después de abandonar su cargo a inicio de 2022, fiscales norteamericanos pidieron su extradición por cargos de tráfico de drogas y armas. Eventualmente, Hernández fue declarado culpable de dichos cargos y en junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel.
Por mucho tiempo, la corrupción en el país ha sido endémica. En 2016, protestas contra la corrupción llevaron a la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH), respaldada por la Organización de Estados Americanos.
La MACCIH trabajó con una unidad especializada de la Fiscalía General de Honduras, con la que reveló la existencia de redes de malversación de fondos que involucraban a cientos de diputados en el espectro político. También revelaron un esquema que desviaba dinero destinado a programas sociales hacia campañas electorales, incluyendo las de Juan Orlando Hernández. Dicho esquema era liderado por la difunta hermana del expresidente, Hilda Hernández.
Sin embargo, a finales de 2019, el Congreso de Honduras emitió una recomendación para descontinuar la MACCIH. La misión dejó el país en enero de 2020 y unos meses después, algunos de los casos más emblemáticos comenzaron a ser enterrados.
El año siguiente, la candida de oposición, Xiomara Castro —quien está casada con el expresidente Manuel Zelaya— ganó las elecciones presidenciales de 2021 bajo la promesa de atacar la corrupción. Su administración propuso una misión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas conocida como la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), pero dicha comisión aún no ha sido implementada. Castro, Zelaya, y miembros cercanos de su familia también han enfrentado acusaciones de corrupción —algunas ligadas a un video publicado por InSight Crime en septiembre de 2024 que muestra al hermano del expresidente Zelaya, Carlos Zelaya, negociando sobornos con los Cachiros y otros conocidos narcotraficantes en 2013.
Grupos Criminales
Los grupos criminales más importantes de Honduras han sido, en su mayoría, desmantelados en la última década, ya que sus líderes fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos. No obstante, los testimonios de estos capos han dado durante sus juicios evidencian su capacidad de seguir operando y su penetración en las más altas esferas del poder político.
El exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó que su organización presuntamente había contado con la protección y complicidad de varias élites políticas y económicas, entre ellas Tony Hernández. Remanentes de su red todavía mantienen un poder considerable en el oeste del país, según el trabajo de campo de InSight Crime.
La organización narcotraficante de Los Valle Valle, que presuntamente traficaba varias toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos desde la frontera con Guatemala, también ha sido casi desmantelada y varios de sus miembros fueron enjuiciados en Estados Unidos. No obstante, las investigaciones que realizó InSight Crime en la zona confirmaron que aunque hay una reconfiguración del panorama criminal del país, todavía hay remanentes de la red de este grupo operando.
El Cartel del Atlántico fue otro grupo importante a principios de siglo. El grupo operó con la protección de agentes militares, de la policía y jueces. Su líder, Wilter Neptalí Blanco, fue arrestado en Costa Rica en noviembre de 2016 y extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable de narcotráfico en 2017 y fue sentenciado a 20 años de cárcel.
La protección política fue clave para las operaciones de estos grupos de tráfico de drogas y lo sigue siendo hoy en día. En El Paraíso, Copán, por ejemplo, el exalcalde Alexander Ardón controlaba el paso de droga desde su municipio hacia Guatemala. En la alejada región de La Moskitia, un clan político formado por los hermanos Paisano Wood operaba una red de narcotráfico para recibir cargamentos de cocaína y enviarlos hacia la frontera con Guatemala. Este tipo de colusión entre políticos y actores criminales se repite en varias zonas del país.
Finalmente, las principales pandillas de Honduras son la MS13 y el Barrio 18, que operan principalmente en zonas urbanas como Tegucigalpa o San Pedro Sula o en zonas rurales cerca de la frontera con El Salvador. Ambas pandillas se dedican principalmente a la extorsión y al microtráfico y tienen un control importante dentro de los centros penitenciarios. La MS13 ha expandido su rol dentro del tráfico de drogas a nivel regional, pero sus operaciones todavía no compiten con las de grandes grupos de narcotráfico.
Fuerzas de Seguridad
La Policía Nacional de Honduras está adscrita a la Secretaría de Seguridad y para mediados del 2023 tenía un poco menos de 17.000 oficiales, alrededor de 166 por cada 100.000 habitantes. La policía nacional es la encargada de evitar e investigar los delitos en Honduras. Está conformada por diferentes unidades especiales centradas en operaciones antipandillas y antinarcóticos, investigaciones, inteligencia y policía comunitaria. La policía también trabaja en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), que incluye a fiscales y soldados.
La policía de Honduras es conocida como una de las más corruptas de la región. Los agentes de policía hondureños han sido acusados de una gran variedad de actividades criminales, que incluyen corrupción, entrega de información a grupos criminales, dejar pasar cargamentos de drogas sin inspeccionar, brindar protección a operaciones de narcotráfico, la presunta participación en operaciones criminales violentas, e incluso la dirección de estas. A comienzos de 2016, Honduras creó una comisión de depuración de la policía, luego de revelaciones de que miembros de la cúpula policial habían participado en el asesinato en 2009 del zar antinarcóticos de Honduras. Al contrario de anteriores tentativas de depuración, la comisión hizo avances tempranos, pasando revista a cientos de oficiales de alto rango, y con el retiro de miles de agentes de la institución. Para enero de 2020, más de 6.000 agentes habían sido depurados. No obstante, escándalos sobre relaciones entre el crimen organizado y la cúpula de la policía han puesto en duda la legitimidad de la comisión.
Honduras progresivamente militarizó la lucha contra el crimen organizado en años recientes, otorgando facultades de vigilancia policial a los soldados en 2011 y creando una fuerza élite de policía militar en 2013. La administración del presidente Hernández desplegó miles de efectivos de policía militar desde 2014, lo ha dado paso a violaciones a los derechos humanos, incluyendo el secuestro.
La militarización continúa hasta el día de hoy. A finales de 2022, la presidenta Castro declaró un estado de excepción que ha sido extendido varias veces, a pesar de mostrar pocos resultados en su lucha contra las pandillas como la MS13 y la extorsión.
Para 2020, el ejército de Honduras tenía alrededor de 23.000 miembros activos en su ejército, fuerza armada, marina y policía militar. Según la constitución de Honduras, la Secretaría de Defensa Nacional puede convocar al ejército para cooperar en operativos contra el terrorismo y el tráfico de armas y narcóticos. Sin embargo, existen acusaciones de colusión de altos oficiales con grupos criminales.
Sistema Judicial
El órgano judicial supremo en Honduras es la Corte Suprema de Justicia, que incluye salas para casos constitucionales, laborales, penales y civiles. Por debajo de estas se encuentran la corte de apelaciones, juzgados de primera instancia para casos penales y civiles, y juzgados de paz municipales y de distrito. Honduras tiene una Fiscalía General que funciona como parte del Ministerio Público independiente, y maneja investigaciones penales.
La percepción general sobre el poder judicial en Honduras es que es débil, ineficaz y corrupto. Los procesos de designación de magistrados para la Suprema Corte y de fiscal general han sido objeto de manipulación por parte de diputados del Congreso, muchos de los cuales se han visto implicados en escándalos de corrupción. El Índice de Estado de Derecho 2023, del proyecto World Justice Project, clasificó a Honduras como uno de los países con los sistemas de justicia penal más corruptos y menos efectivos del mundo. Debido a la debilidad del sistema judicial en Honduras, se ha extraditado a Estados Unidos a muchos sospechosos de alto perfil en casos de narcotráfico.
La MACCIH, organismo con aval internacional, apoyó las investigaciones sobre corrupción de la Fiscalía General de 2016 hasta finales de 2019, cuando una decisión del Congreso ocasionó la terminación de su mandato. Desde entonces, las redes de corrupción han proliferado, mientras que las élites del país posponen la instalación de una nueva comisión anticorrupción, pese a que esta medida tiene un amplio apoyo popular.
Prisiones
El saturado sistema penitenciario de Honduras está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y es administrado por la Policía Nacional y —en algunas cárceles— las Fuerzas Armadas. Para 2020, las cárceles en Honduras operaban al 218% de su capacidad, a pesar de las reformas de 2014, que pretendían reducir el hacinamiento. Los detenidos en prisión preventiva representan más de la mitad de la población carcelaria y muchas veces enfrentan abusos y se les niega el debido proceso.
Los centros carcelarios hacinados y faltos de presupuesto del país se ven afectados por revueltas, homicidios y condiciones deplorables. Esa disfunción crónica ha hecho posibles las fugas de presos. Entre octubre de 2019 y agosto de 2020, por lo menos 50 privados de libertad fueron asesinados durante riñas y motines, así como por asesinatos selectivos. En junio de 2023, un grupo de mujeres presuntamente vinculadas con la pandilla del Barrio 18 prendió fuego a un módulo de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, en un ataque que dejó al menos 46 mujeres muertas.
Las prisiones se han convertido en centros de actividad criminal para las pandillas, debido a la falta de control de las autoridades en muchas instalaciones. El gobierno de Honduras intentó combatir el poder de las pandillas dentro de las cárceles en 2017 al trasladar a cientos de pandilleros a prisiones de máxima seguridad recién construidas, que supuestamente contaban con mayores controles. No obstante, casos de violencia dentro de estos centros dejaron en evidencia que los pandilleros pueden seguir corrompiendo a guardias de seguridad para pasar contrabando como drogas y armas de alto calibre.
En 2024, la presidenta Castro anunció un plan para construir una “mega prisión” con capacidad para albergar a 20.000 personas. Esto, como parte de su esfuerzo para reprimir a las pandillas y renovar el sistema penitenciario que lleva décadas plagado por la corrupción, malos manejos y la violencia extrema.
