Esta pequeña nación con poca densidad poblacional tiene una de las tasas de homicidios más bajas de Suramérica. Bajo esta apariencia de tranquilidad, las economías criminales alimentan extensas partes de esta antigua colonia holandesa con la participación de funcionarios de gobierno del más alto nivel.

Geografía

Surinam está aislado geográficamente del resto del continente. La selva cubre casi el 90% de su superficie y pocas vías conectan el país con Guyana Francesa por el Este y con Guyana por el Oeste. No hay carreteras hacia Brasil, su vecino por el sur; su frontera de 1.500 kilómetros carece de controles en su mayor parte. 

El país tiene grandes reservas petroleras y depósitos auríferos. Con casi la mitad del sector aurífero explotado por la pequeña minería y poca transparencia en las concesiones de minería de oro, la corrupción y la ilegalidad son comunes.

Su geografía también hace al país atractivo como punto de tránsito para el envío de narcóticos a Europa, directamente o por medio de África occidental. Los narcóticos ingresan por tierra desde Guyana o en barcos de pesca venezolanos que sueltan los paquetes de cocaína rastreables con GPS en aguas internacionales cerca de la costa de Surinam. La droga también entra por vía aérea desde Brasil en avionetas que pueden aterrizar en una de las docenas de pistas formales, pero desiertas en medio de la selva.

La cocaína sale del país por el puerto principal de Paramaribo y el aeropuerto internacional de Johan Adolf Pengel International Airport. También se transportan drogas en yates de placer y posiblemente en submarinos.

Historia

Surinam se independizó en 1975, luego de casi tres siglos de régimen colonial holandés.

Apenas cinco años después, un cruento golpe de Estado liderado por el sargento Desi Bouterse implantó un régimen castrense que gobernó hasta 1987. No hubo mejoras económicas estructurales y el régimen pronto perdió el respaldo popular. 

Los asesinatos de 15 reconocidos opositores en diciembre de 1982 dejaron al país conmocionado y políticamente aislado. En 1986, la masacre de 35 personas en Moiwana, una aldea cerca de Moengo, resultó en la creación de la guerrilla “Comando de la Jungla”. El grupo,  liderado por el antiguo guardaespaldas de Bouterse, Ronnie Brunswijk, buscaba la defensa de la población cimarrona, descendientes de africanos que escaparon de la esclavitud durante la colonización.

En 1987, Surinam celebró sus primeras elecciones presidenciales libres tras ocho años de dictadura militar. Los años siguientes estuvieron marcados por un proceso de pacificación con la guerrilla.

Durante la dictadura de Bouterse se tendieron los cimientos de un narcoestado, con múltiples escándalos relacionados con drogas protagonizados por miembros del régimen militar. Pablo Escobar visitó a Desi Bouterse en su palacio presidencial en 1983. Su imagen se deterioró aún más con el arresto en 1986 en Estados Unidos del teniente Etienne Boerenveen, segundo al mando del régimen, por narcotráfico. En los noventa, Bouterse y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) intercambiaron armas por cocaína a través del narcotraficante brasileño Leonardo Dias Mendonça que ejerció como intermediario.

El jefe de las FARC Carlos Bolas fue capturado en Surinam en 2002. El capo guyanés de la cocaína Roger Khan, a quien la DEA consideraba aliado de Bouterse, también fue capturado en Surinam en 2006 y extraditado a Estados Unidos.

En la década de 2000, la situación económica del país mejoró. La resiliencia al crimen organizado se fortaleció, al igual que la cooperación internacional, entre otras cosas mediante la adopción de la Declaración de Paramaribo de 2006 por parte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

En 2010, Desi Bouterse regresó al poder, esta vez elegido democráticamente. Las cantidades de drogas decomisadas en el exterior procedentes de Surinam se duplicaron directamente en los dos años siguientes y actualmente una cantidad importante de los narcóticos incautados en puertos europeos procede del país.

50 años después de su independencia, Surinam tiene una economía frágil y es poco probable que pueda usufructuar sus grandes reservas de oro y petróleo. Los malos manejos deliberados que favorecieron principalmente al círculo íntimo de Bouterse socavaron el aparato estatal, con un sistema donde se privilegiaba la lealtad de los funcionarios por sobre sus cualificaciones.

En julio de 2020, Chan Santokhi asumió la presidencia, y expulsó a Bouterse y su complicado legado. Para ello, Santokhi tuvo que pactar con Brunswijk, quien ejerce actualmente la vicepresidencia.

A pesar de las promesas de limpiar la corrupción institucionalizada en Surinam y la implementación de algunas medidas en esta dirección, el país se enfrenta a los mismos retos criminales. El sistema judicial y de seguridad del país sufre de altos niveles de corrupción y una escasez de recursos estructurales. 

Grupos Criminales

Los grupos del crimen organizado participan principalmente en el tráfico de cocaína, la explotación minera, la explotación maderera, el tráfico de animales  y el lavado de dinero.

Para manejar los cargamentos de cocaína cada vez más voluminosos se requiere una infraestructura que se ocupe del transporte, el acopio, la seguridad y el despacho. El suministro de cocaína está en manos de actores extranjeros −colombianos, venezolanos y brasileños−, así como ciertas labores especializadas, entre ellas la construcción de submarinos. En Surinam, hay redes locales que se ocupan de la mayor parte del proceso de tránsito. 

Los vínculos culturales permiten que muchos traficantes surinameses se alíen con sus homólogos neerlandeses-surinameses para exportar cocaína a los Países Bajos. El país también ha sido usado como escondite por criminales internacionales fugitivos. En diciembre de 2018, se realizó un operativo sorpresa como parte de una operación internacional contra la organización mafiosa italiana Ndrangheta.

En la cúspide de la jerarquía criminal en Surinam se encuentra una red de exmilitares, empresarios y funcionarios de gobierno que manejan una gran parte de los negocios del oro y la cocaína, así como el lavado de ganancias ilícitas. El expresidente Bouterse dependió de su lealtad para mantenerse en el poder. No está claro qué función precisa cumplió Bouterse en el entramado, pero fue sentenciado en ausencia por narcotráfico en los Países Bajos en el año 2000. Conversaciones telefónicas interceptadas por la policía neerlandesa en 2012 también establecieron vínculos entre Bouterse y los narcotraficantes Piet Wortel y Franklin Waterval. Además, su hijo Dino se encuentra cumpliendo una pena de 16 años por delitos como narcotráfico en Estados Unidos desde 2015.

El actual vicepresidente Brunswijk también fue condenado por narcotráfico en los Países Bajos en 1999 y en Francia en el 2000. Más recientemente, unos correos electrónicos filtrados de la Fiscalía General de Colombia a los que InSight Crime tuvo acceso revelaron las sospechas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre la participación de Brunswijk en un envío de 400 kilos de cocaína en 2020.

No hay grupos criminales dominantes que controlen las minas de oro. La mayoría de las concesiones pertenecen a ciudadanos surinameses, pero el proceso de obtención de los permisos sobre la tierra es opaco e irregular en muchos casos. 

Los mineros brasileños superan a los surinameses por tres a uno, y por el derecho a trabajar en una concesión pagan un pequeño porcentaje del oro hallado. El 98% de la explotación minera artesanal en las concesiones auríferas utiliza mercurio contrabandeado desde Guyana y China, a pesar de su prohibición en el país.

Ocasionalmente, pequeños grupos armados han robado a los mineros en el interior. Son comunes los esquemas de seguridad con participación de brasileños, fuerzas del gobierno o seguridad privada.  Brunswijk es uno de los hombres más poderosos de la industria aurífera en Surinam, aunque afirmó que había puesto esos intereses en un consorcio al tomar posesión.

Algunas redes criminales involucradas en la minería también participan en la explotación maderera ilegal y el tráfico de animales. 

Las redes de lavado de dinero coinciden en parte con las que participan en el tráfico de oro y cocaína. Casinos, casas de cambio de divisas y ventas de autos usados son recursos comunes para el lavado de dinero por medio del comercio. Algunos de los hombres de negocios más exitosos del país han sido encausados por lavado de dinero.

Fuerzas de Seguridad

Pese al golpe militar de 1980, Surinam no tiene una tradición militar fuerte. Su pequeño ejército no tiene muchos recursos y muchos soldados tienen empleos adicionales para completar sus ingresos, como prestar servicios de vigilancia en zonas mineras, por lo cual generalmente pagan un porcentaje al comandante del ejército.

El presupuesto de la policía se redujo de manera ininterrumpida en el gobierno de Bouterse y muchos agentes calificados dejaron la institución para buscar empleos mejor remunerados en el sector privado.

Durante el mandato de Santokhi, el presupuesto de defensa se desplomó en un 60% entre 2020 y 2022, pasando de US$62,3 millones a US$22,7.  En 2023, el 90% del presupuesto estaba destinado a cubrir los gastos básicos de personal, dejando muy poco margen para la financiación de operativos, materiales o infraestructura.

Sistema Judicial

La rama judicial de Surinam constituye un poder independiente del gobierno y se basa en parte en el sistema judicial neerlandés. La Corte Suprema es la Hof van Justitie (Corte de Justicia), cuyos miembros también atienden en los kantongerechten más bajos (juzgados de distrito) casos civiles y penales. Los recursos y el número de jueces aumentaron en los últimos 15 años.

Pero existen fallas en el sistema judicial. Con frecuencia no se implementa la legislación existente. En 2017, el país aprobó una nueva ley anticorrupción, pero los esfuerzos para alcanzar su total aplicación continuaron hasta 2024. 

No son raros los pagos para recibir fallos favorables en casos civiles y penales. Incluso en ocasiones los jueces asumen las diferentes etapas de un mismo caso, incluidas las apelaciones por fallos emitidos por ellos mismos. E incluso los casos más complicados se asignan a un solo juez, en lugar de encargarse a varios magistrados. La rama judicial no tiene presupuesto propio, por lo cual depende del Ministerio de Justicia. El presidente puede designar a jueces nombrados y condonar penas, una ley que Desi Bouterse usó en varios casos, entre ellos la excarcelación anticipada de su hijo adoptivo Romano Meriba, quien fue condenado por homicidio y robo.

Bouterse también usó su posición para resistirse a una posible condena. La administración Bouterse cambió la legislación de amnistía en Surinam en 2012 para permitir que el presidente evitara ir a juicio. El ministro de Justicia fue destituido en 2017 y reemplazado por un aliado. También al fiscal general de la época se le pidió la renuncia. Pese a esos esfuerzos por debilitar el poder judicial, Bouterse fue sentenciado a 20 años de prisión, una sentencia que fue ratificada en 2023. Ese proceso demuestra que el poder judicial, con todas sus fallas, es capaz de oponer resistencia.

Prisiones

La dinámica del control de pandillas y la sobrepoblación masiva común a muchos sistemas penitenciarios de América Latina no son tan graves en Surinam como en otros países de la región, pero el sistema penitenciario tiene algunos problemas.

En Surinam existen 21 instituciones de detención con un nivel de ocupación del 102%. Las celdas de la policía, donde muchos tienen que esperar largos periodos antes de comparecer ante un juez, tienden al hacinamiento y las instalaciones siguen siendo básicas.

En 2019, el abuso que causó la muerte de un recluso en la prisión de Hazard, Nickerie, derivó en la suspensión de 17 guardias penitenciarios.