Un estudio reciente arroja luz sobre la crisis de seguridad que se viene presentando en el norte de Chile, una región fronteriza fundamental para el crimen transnacional, pero donde las autoridades estatales tienen poca presencia.

Un informe publicado por el centro de investigación AthenaLab en septiembre de este año analiza las dinámicas de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en el norte de Chile, dos puntos críticos de narcotráfico y tráfico ilícito de migrantes.

En estas zonas fronterizas con Bolivia y Perú, los laxos controles aduaneros del lado chileno han facilitado la propagación de crímenes transfronterizos y han permitido el afianzamiento de organizaciones criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, de Venezuela.

Ambas regiones registraron tasas de homicidios muy por encima del promedio nacional en 2022, y el gobierno chileno está tomando medidas para hacer frente a la espiral de violencia.

A continuación, InSight Crime analiza tres puntos clave del informe.

Ingreso de criminales extranjeros

Según AthenaLab, la escalada de violencia en las provincias del norte de Chile está siendo impulsada, en parte, por la presencia de poderosos grupos extranjeros como el Tren de Aragua.

“En el norte de Chile, el Tren de Aragua desarrolló su negocio criminal ligado al tráfico y trata de migrantes, e incluso se dice han logrado controlar algunos pasos fronterizos no habilitados”, dijo a InSight Crime la investigadora Pilar Lizana, analista de seguridad de AthenaLab.

“La disputa por el control territorial que significó la llegada del Tren de Aragua generó un aumento de la violencia que se expresó con el incremento en la tasa de homicidios en 2022”, agrega la experta.

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En la región hay muchas cosas en juego. Por ambas zonas pasan rutas muy lucrativas para el tráfico de cocaína y marihuana provenientes de Bolivia a Chile, lo que impulsa la competencia entre grupos criminales extranjeros y nacionales.

En 2022, la región de Arica y Parinacota presentó la tasa de homicidios más alta del país, pues hubo 17,1 asesinatos por 100.000 habitantes, y el 56,8% de estos estuvieron vinculados al crimen organizado, según datos oficiales citados en el informe de AthenaLab. El promedio nacional en 2022 fue de 4,7 homicidios por 100.000 habitantes. La proporción de asesinatos cometidos con arma de fuego también aumentó en Arica y Parinacota, pues pasó de 21,4% en 2019 a 63,6% en 2022.

En Tarapacá, por su parte, la tasa de homicidios en 2022 fue de 13,4 por 100.000 habitantes, una leve disminución con respecto al año anterior. La región todavía supera por casi cuatro veces la tasa nacional de homicidios. Casi la mitad de los homicidios denunciados están relacionados con el crimen organizado y el uso de armas de fuego.

Los delincuentes extranjeros también son cada vez más numerosos en las prisiones del norte. Un tercio de los presos en Arica y Parinacota son extranjeros, según estadísticas oficiales mencionadas en el informe de AthenaLab. Esa cifra supera el 50% en el caso del sistema penitenciario de Tarapacá, muy por encima del promedio nacional de 13,6%.

Las autoridades han identificado la presencia del Tren de Aragua como una de las principales amenazas a la seguridad en la zona.

En marzo de 2023, las autoridades chilenas desmantelaron una célula del Tren de Aragua que operaba en varias localidades de la región de Tarapacá. Los fiscales sostienen que el grupo había tomado el control mediante el cobro de extorsiones por actividades legales e ilegales en la zona.

Fronteras porosas y agreste geografía

El informe de AthenaLab también llama la atención sobre la extensa frontera que conecta las regiones del norte de Chile con Perú y Bolivia, lo que hace que el área sea particularmente vulnerable a los flujos de drogas, migrantes y armas de fuego. El estudio hace hincapié en la falta de recursos de las autoridades fronterizas, especialmente en términos de vehículos y tecnología, lo que impide un control efectivo de una frontera tan grande.

“Un elemento a considerar al momento de analizar el panorama criminal que se ha desarrollado en el norte de Chile tiene que ver con una crisis migratoria descontrolada. Esto se debe a que grupos como el Tren de Aragua han explotado la vulnerabilidad de los migrantes para llevar a cabo sus negocios de tráfico y trata de personas. Además, han aprovechado de la falta de control migratorio para ingresar al país”, afirma Lizana.

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El puerto de Iquique, Tarapacá, es también un foco de tráfico de armas y drogas, ya que proporciona acceso directo a las rutas de contrabando terrestres que atraviesan el resto del país.

“La condición fronteriza, la cercanía a productores globales de drogas y su ubicación en corredores utilizados por el crimen organizado ponen a Iquique en una posición vulnerable. En particular, la situación de Iquique está impactada por el actuar de grupos como el Tren de Aragua”, agrega Lizana.

Se ha confirmado que el Tren de Aragua controla el territorio alrededor de Iquique, incluido el municipio de Alto Hospicio, uno de los asentamientos ilegales más grandes del país.

El gobierno chileno planea invertir 26.000 millones de pesos (US$28 millones) en la construcción de un nuevo puesto de control aduanero en Quillagua, entre Tarapacá y Antofagasta, como parte de una estrategia nacional para combatir el crimen organizado. Según Lizana, estas acciones corren el riesgo de ser una respuesta reaccionaria a la crisis y deben ser parte de una política migratoria regulada más amplia.

Débil presencia estatal

Según el estudio de AthenaLab, la falta de recursos del gobierno también ha permitido que los grupos criminales se afiancen en el norte de Chile.

Los limitados servicios públicos y la poca infraestructura, entre otros problemas, han llevado a muchos habitantes a salir del altiplano chileno, lo que ha provocado una menor presencia de las autoridades estatales en la zona. Los grupos criminales han aprovechado el éxodo para consolidar sus actividades ilícitas, por ejemplo, mediante el tráfico de drogas desde Bolivia a través de pasos fronterizos no autorizados.

Los municipios de Arica, en Arica y Parinacota, y Alto Hospicio, en Tarapacá, han sido testigos de la construcción de grandes asentamientos ilegales donde la mayoría de los habitantes son migrantes no registrados. Es en estas zonas donde el Tren de Aragua ha establecido mayor presencia, aprovechando el débil control que ejercen las autoridades estatales, según el análisis del informe.

La falta de personal también es un tema clave. En enero de 2023, un fiscal regional dijo que la región de Tarapacá necesita al menos 13 fiscales más para hacer frente a la escalada de criminalidad y violencia.

A fines de septiembre de 2023, el gobierno chileno presentó un proyecto de reforma constitucional para crear una Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad. El nuevo órgano tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y se encargará de investigar los hechos que requieran una dirección supranacional o transnacional.

“Actualmente, los fiscales regionales están expuestos a amenazas y extorsiones que tienen un impacto directo en las investigaciones y sus resultados, por lo que este tipo de iniciativas apunta en la dirección correcta. Sin embargo, ninguna medida será realmente efectiva si el país no diseña una arquitectura de seguridad actualizada con políticas y lineamientos claros”, le dijo Lizana a InSight Crime.

*Originalmente, este artículo informó que la tasa de homicidios era de 4,7 por cada 100.000 personas, lo que coincidía con los datos presentados por el Centro de Estudios y Análisis del Delito de Chile. Sin embargo, los datos de la Fiscalía Federal de Chile, que incorporan casos que posteriormente fueron calificados como homicidios, sitúan la tasa de homicidios en 6,7 por cada 100.000 habitantes.