Tras la ola de violencia en Ecuador, el gobierno ha decidido tomar una decisión sin precedentes y declarar la existencia de un conflicto interno para confrontar a los 22 grupos criminales que ha denominado como organizaciones terroristas.

En medio de esta decisión, el presidente Daniel Noboa ha optado por una militarización del conflicto, un enfoque que ha ganado popularidad entre otros países de América Latina como El Salvador.

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Por lo pronto, es posible que Ecuador se encuentre con una guerra en dos frentes. El primero, protagonizado por los grupos criminales batallando por el liderazgo del panorama criminal; el segundo encontrará al gobierno ecuatoriano contra estas organizaciones.

En este contexto, InSight Crime tuvo una conversación en línea con Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado de Ecuador, para hablar sobre el panorama del país sudamericano, las perspectivas de cara a una nueva etapa de la lucha contra el crimen organizado, y los riesgos de la “mano dura” que ahora reina en Ecuador.

InSight Crime (IC): ¿Qué está pasando en Ecuador? Parece que la militarización está llevando a los pandilleros a intensificar la violencia contra las fuerzas de seguridad y la población civil.

Renato Rivera (RR): No solo analizando el contexto ecuatoriano, sino el contexto latinoamericano, se ha recurrido en la historia permanentemente a la militarización de los asuntos de seguridad. Generalmente, cuando se responde con violencia, esto genera más violencia. 

Si miramos si la respuesta es acertada en el mediano y largo plazo, yo diría que no. En primer lugar, el crimen organizado tiene un carácter transnacional que requiere otro tipo de respuesta, más allá de la militarización. La respuesta que se requiere debería enfocarse en contrarrestar las economías ilícitas, principalmente el lavado de activos y el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, las Fuerzas Armadas doctrinariamente no están formadas para generar ese tipo de respuestas.

IC:  Hasta el momento, el conflicto había sido entre las mismas pandillas, ¿estamos viendo ahora un frente unido de las pandillas contra el gobierno? 

RR: Aunque es muy pronto para hacer aseveraciones de ese tipo, parece ser que así es. Normalmente en el crimen organizado hay dos tipos de alianzas: alianzas de largo plazo, que son alianzas estratégicas donde se definen objetivos comunes, un tráfico y rutas establecidas, y hay un porcentaje de rentabilidad de las organizaciones que participan en esas alianzas. O alianzas tácticas o de corto plazo para objetivos muy puntuales. Actualmente, esa coordinación se da dentro de la categoría de alianzas tácticas, donde hay el objetivo común de demostrar el poder que tienen estas organizaciones criminales, principalmente ante el Estado, pero también ante la ciudadanía.

IC: Hay ciudades como Loja, que normalmente son seguras, pero que esta vez se vieron afectadas por los grupos criminales, ¿qué piensa de eso?

RR: Hay un componente simbólico bastante representativo dentro de lo que está pasando en el Ecuador de parte del crimen organizado. Lo que se ha visto, al menos en el último año, es que Los Lobos han ido ocupando un mayor poder dentro del sistema criminal y se han concentrado mucho en la zona de la sierra, es decir, en la región andina del país. Loja está ubicada ahí, cerca la frontera con Perú. Entonces, existe un dinamismo que podría responder a la presencia y el poder simbólico que están tratando de mostrar Los Lobos. Lo que ha pasado en las últimas semanas es que el Estado ha dado golpes importantes a dos de las organizaciones más representativas en el país: Los Lobos y Los Choneros.

Además de Loja, en ciudades como Riobamba o Ibarra, donde no hay índices representativos de criminalidad, ya se han hecho anuncios de parte de los grupos criminales.  En días pasados se difundió un comunicado de Los Lobos en redes sociales donde anunciaban que iban a tomar acciones en estas ciudades.

IC: El secretario de Comunicaciones de Noboa, Roberto Izurieta, ha interpretado las fugas de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito” y Fabricio Colón Pico, alias “Capitán Pico, dos importantes líderes pandilleros como una señal de que las políticas de gobierno están funcionando bien, afirmando que las cárceles ya no son refugios para los líderes de las pandillas, ¿qué opina de este análisis?

RR: Sin duda, como representante del gobierno, es normal que se maneje esta hipótesis. Sin embargo, hay una segunda hipótesis que cobra mucha fuerza también, y es si las fugas de Fito y Colón responden a una estrategia de poder de parte del Estado por tomar control sobre las cárceles. Incluso hay una tercera, especialmente para el caso de Fito, donde se piensa que Los Choneros están perdiendo poder dentro de las prisiones y que su fuga responde a una búsqueda de supervivencia. En los últimos días, el Estado sí ha buscado retomar el control de las cárceles, pero todavía no las controla de manera absoluta.

IC: ¿Qué consecuencias puede traer la declaración de Noboa de un estado de conflicto interno? 

RR: El decreto ha suscitado varias críticas. En primer lugar, hay que tomar en cuenta ciertas observaciones desde el Derecho Internacional Humanitario cuando un Estado justifica un conflicto armado interno. Y se trata básicamente de estas limitaciones de los métodos y medios de guerra que utilizan las fuerzas gubernamentales hacia estos objetivos militares.

El respeto de los derechos humanos es central. Lo fundamental es garantizar la seguridad y proteger a las personas que no son parte del conflicto, es decir, el resto de ciudadanos que no están vinculados al crimen organizado y evitar la aparición de falsos positivos. Esto es algo que sucedió en Colombia, también a raíz de la búsqueda de tener resultados positivos en su conflicto interno. Este es uno de los riesgos más representativos que tiene el Estado ecuatoriano en la actualidad, sumado a los interrogantes de si realmente las Fuerzas Armadas están en la capacidad de mantener un combate de tipo urbano, y de su capacidad de identificar a las personas que están detrás de estas organizaciones criminales.

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Surge también otra interrogante y es si realmente estas 22 organizaciones tienen el carácter de terroristas y si tienen un control real del territorio. Porque uno podría hablar de siete organizaciones que son las que han generado la mayor violencia del país en los últimos tres años. Por supuesto, de esas uno puede generar ciertas conclusiones sobre ese control de territorio, pero no sabemos si el resto tiene también ese nivel de legitimidad y ese poder dentro del contexto criminal ecuatoriano. 

IC: ¿Qué opina sobre la noticia en la que el presidente indultará a policías y militares en el contexto de esas operaciones?  

RR: Si bien hay un alto nivel de profesionalización de la policía y las Fuerzas Armadas en Ecuador, ningún país ha estado exento del uso excesivo de la fuerza en un contexto como el que está viviendo Ecuador. Inicialmente, no podría decir que va a haber una violación sistemática de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, pero los indultos sí van a llamar mucho la atención. Hay que tener muy claro que el hecho de que el Ecuador haya puesto en manifiesto este carácter de conflicto interno no lo hace exento de seguir las reglas del derecho internacional. Hay ciertas reglas mínimas que deben cumplir las instituciones. A veces el policía y el militar pueden estar muy bien formados, pero el hecho de que lo estén no los exonera de que puedan existir estos abusos y ahí es muy importante que exista un proceso judicial transparente. 

IC: ¿Cómo enfrentar una bestia de 22 cabezas? En contextos como el de Ecuador, los grupos no tienen una naturaleza monolítica, todos son distintos.

RR: El gobierno busca contener la amenaza, pero esta es una medida a corto plazo y habrá que pensar qué hacemos a mediano y largo plazo. Un sistema de justicia que depende mucho de la flagrancia en contextos de crimen organizado no va a tener mucho éxito. Es más efectivo generar investigaciones estructuradas que sumen investigaciones patrimoniales paralelas y que impacten el financiamiento.

Ahí también está anclada la necesidad del fortalecimiento de la política contra el lavado de activos en el Ecuador. Lo que nosotros hemos concluido es que el Ecuador tiene una sentencia condenatoria por lavado de activos al año. Esa ausencia de la persecución de las economías ilícitas también responde a que el sistema de justicia no orienta su impacto hacia el comiso de bienes que son producto de la rentabilidad del crimen organizado.

IC: ¿Qué sigue después de esta declaración de guerra por parte del Estado ecuatoriano? 

RR: A corto plazo es necesario recuperar ese sentimiento de paz de los ecuatorianos, y también la actividad económica. Muchos ecuatorianos dirían que fue como retornar a las primeras semanas de pandemia, donde hubo muy poco movimiento en las calles, lo que tiene un impacto económico significativo. 

En la medida de lo posible, hay que identificar a las personas que están vinculadas en estos actos de terrorismo. Además, no hay que olvidar que parte de esta problemática proviene de la utilización de armas de fuego. Nueve de diez homicidios que se cometen actualmente en el país son por armas de fuego. Contener ese flujo de armas debe ser una prioridad. Uno no puede decir que se va a eliminar totalmente el tráfico de armas y la disponibilidad de armas ilegales. Eso es imposible de lograr. Sin embargo, hay que reducir la disponibilidad de armas en el mercado. 

*Esta entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad.