Los ecuatorianos mostraron en un referéndum un abrumador apoyo a las políticas de seguridad de mano dura del presidente Daniel Noboa, en un momento en que la popular «guerra contra las pandillas» del gobierno entra en una nueva y desafiante fase.

La votación, celebrada el 21 de abril, se consideró en gran medida una prueba de popularidad para la agenda de Noboa hasta el momento. Noboa llegó a la presidencia a finales de 2023 en medio de una violencia sin precedentes y, desde entonces, ha utilizado poderes de emergencia para llevar a cabo una ofensiva militarizada contra las pandillas criminales de Ecuador. Las encuestas sugieren que la mayoría de los ecuatorianos apoyan la campaña del presidente. 

Los resultados del referéndum dejaron poco espacio para la duda. Los votantes aprobaron las nueve medidas de seguridad y contra el crimen propuestas por Noboa.  

El resultado del referéndum es jurídicamente vinculante y dará lugar a cambios en la Constitución de Ecuador que otorgarán al ejército un mayor papel en la lucha contra la criminalidad nacional, permitirán por primera vez la extradición y crearán tribunales especiales para tratar casos de derechos constitucionales.

Otros cambios introducidos en la legislación ecuatoriana son el endurecimiento de las penas por delitos penales, el aumento de las restricciones a la tenencia ilícita de armas y la simplificación de los procedimientos de confiscación de bienes. 

Los cambios constitucionales entrarán en vigor en junio tras la certificación oficial, aunque algunos expertos creen que el gobierno simplemente buscaba el respaldo del público para las políticas que Noboa pretendía aplicar independientemente del resultado. 

«En realidad, la decisión ya está tomada, y [el gobierno] sólo busca la legitimidad popular para respaldar esa decisión», dijo a InSight Crime Pablo Punín, experto en derecho constitucional y justicia penal, días antes de la votación.

A continuación, InSight Crime analiza lo que el referéndum podría significar a futuro para la respuesta de Noboa a la crisis de seguridad sin precedentes de Ecuador y la lucha del país contra el crimen organizado.

Los votantes respaldan la militarización

Los votantes aprobaron un cambio en la Constitución del país que permite al poder ejecutivo desplegar las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado –incluidos el narcotráfico y el lavado de dinero– y responder a los motines en las cárceles sin promulgar primero un estado de emergencia.

La enmienda constitucional facilitará que Noboa continúe apoyándose fuertemente en los militares para hacer frente a las pandillas del país. 

El presidente asumió el cargo en noviembre de 2023, cuando Ecuador –durante mucho tiempo uno de los países más pacíficos de América Latina– se enfrentaba a una violencia sin precedentes. El 8 de enero, tras una explosión de violencia criminal especialmente impactante, decretó el estado de excepción para desplegar el ejército y lo prorrogó durante 30 días en marzo. 

El ejército es, de lejos, la institución más popular de las fuerzas de seguridad, y la mayoría de los ecuatorianos atribuyen la drástica reducción de los homicidios bajo el estado de excepción a su presencia en las calles y las cárceles.

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Pero la violencia se ha recrudecido desde finales de marzo, con un flujo constante de masacres y asesinatos políticos que cuestionan la viabilidad a largo plazo de la militarización. En los días previos al referéndum, grupos armados asesinaron a dos alcaldes de diferentes provincias en un lapso de tres días. Delitos como la extorsión y el secuestro también se han disparado durante este periodo, a pesar de la presencia militar. 

«Aquí en Guayaquil han bajado los homicidios, pero no la extorsión. Entre 2023 y 2024 subió 400% –eso con el estado de excepción y con la presencia militar», dijo a InSight Crime Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP, empresa municipal de seguridad de Guayaquil. «No están tocando las economías criminales. No las están atacando». 

Las organizaciones de derechos humanos también han señalado posibles abusos contra presos, como la creación de perfiles genéticos de ellos sin su consentimiento, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares al efectuar detenciones. Desde el inicio del estado de conflicto interno, han aparecido vídeos de militares humillando y golpeando a jóvenes desnudos por infracciones menores, como romper el toque de queda del gobierno.

Funcionarios de seguridad que hablaron anónimamente con InSight Crime, junto con oenegés internacionales, han expresado su preocupación por las detenciones masivas llevadas a cabo por el ejército, señalando que no hay pruebas suficientes que respalden algunas detenciones. Las fuerzas armadas detuvieron a casi 17.000 personas entre enero y finales de marzo.

Los militares no están entrenados para el trabajo policial, dijeron expertos y oficiales militares a InSight Crime. A muchos les preocupa que el aumento de la exposición de los militares a las pandillas criminales pueda arrastrarlos a la corrupción. 

La extradición como medida disuasoria

Los ecuatorianos también aprobaron cambios constitucionales que, por primera vez, permitirán la extradición de ciudadanos ecuatorianos, salvo en casos de delitos políticos.

Esto otorga al gobierno ecuatoriano una nueva ventaja sobre las organizaciones criminales, permitiéndole expulsar por completo del país a delincuentes de alto perfil, una estrategia que podría ayudar a evitar que los líderes de las pandillas ordenen actos de violencia extrema o dirijan economías criminales desde las cárceles.

Sin embargo, la extradición podría tener el efecto contrario. En los últimos años, los grupos criminales de Ecuador han respondido a los traslados de presos de alto perfil con una violencia extrema. En enero se produjo una oleada de ataques después de que las autoridades intentaran trasladar a un líder de la pandilla de los Choneros a una prisión de máxima seguridad. Los intentos de extraditar a los líderes de las pandillas podrían desencadenar una respuesta similar, o más dramática, como ha sucedido en países como Colombia, México y Jamaica.

Los juicios penales derivados de extradiciones podrían esclarecer el modo de operar de los narcotraficantes. El procesamiento en Estados Unidos del narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias «Gato Farfán«, ya ha sacado a la luz los vínculos entre grupos de narcotraficantes mexicanos y ecuatorianos. Sánchez Farfán fue detenido en Colombia en febrero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.  

Permitir las extradiciones también tiene una importancia simbólica, según el Dr. Jonathan Rosen, profesor de seguridad y autor. El gobierno estadounidense ya ha prometido cerca de US$100 millones en ayuda a Ecuador, y el gobierno ecuatoriano considera que su futura cooperación es crucial para financiar la guerra contra las pandillas.

La inclusión de la extradición en el referéndum por parte del gobierno «es decirle a Estados Unidos que ‘estamos haciendo todo lo que podemos para combatir la criminalidad, ayúdennos'», declaró Rosen a InSight Crime. 

Nuevos tribunales, mismos problemas

Los ecuatorianos también votaron a favor de crear tribunales especiales destinados a reducir la capacidad de los criminales organizados para manipular el sistema judicial del país. 

El cambio se produce después de que varios escándalos consecutivos sacaron a la luz cómo algunos miembros de la élite criminal del país abusan de las garantías constitucionales para eludir la justicia por delitos graves con la ayuda de funcionarios judiciales corruptos.

​​Los nuevos tribunales, a cargo de jueces con experiencia específica, tendrán jurisdicción exclusiva para decidir sobre garantías constitucionales, con lo cual Noboa espera limitar el abuso, por parte de los criminales, de protecciones como el derecho a un juicio rápido (habeas corpus), una defensa adecuada y tratamiento médico como forma de salir de la cárcel. 

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Esta revisión podría transformar el proceso para mejor, elevando el número de sentencias correctas y eficientes sobre cuestiones de debido proceso y limitando los abusos, dijo Punín a InSight Crime. Pero dada la precaria situación financiera de Ecuador, existen dudas sobre la capacidad del gobierno para financiar estos tribunales. 

Los nuevos tribunales también podrían verse perjudicados por la intimidación de los jueces, que a menudo reciben amenazas de muerte cuando se niegan a aceptar sobornos de grupos criminales que buscan sentencias favorables.

«Si ni siquiera podemos proporcionar seguridad a los jueces que tenemos ahora… o prevenir la corrupción en las unidades [judiciales] existentes, ¿cómo vamos a hacerlo con las nuevas?», dijo Punín. 

Imagen principal: Los ecuatorianos votaron en un referéndum en el que las temas de seguridad dominaron la votación. Crédito: InSight Crime/Anastasia Austin