Las pandillas de Ecuador desataron una ola de violencia en respuesta a los esfuerzos del nuevo gobierno por frenar la criminalidad, pero la rápida militarización del conflicto por parte de las autoridades carece de una estrategia de salida.
El 9 de enero, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno tras los motines de las pandillas en las prisiones, los ataques a las fuerzas de seguridad y la invasión de un programa de noticias de televisión en directo.
El presidente denominó “organizaciones terroristas” a 22 grupos criminales y ordenó a las fuerzas armadas y a la policía del país que se movilizaran y “neutralizaran” a estos grupos.
VEA TAMBIÉN: GameChangers 2023: Ecuador pierde el control sobre el crimen
La escalada de violencia de las pandillas, al parecer coordinada, contra civiles y fuerzas de seguridad, se produjo después de que el presidente tomara medidas represivas en respuesta a la desaparición de un destacado líder pandillero encarcelado.
Adolfo Macías, alias Fito, fundador y líder condenado de Los Choneros, desapareció de su celda en la prisión de la ciudad portuaria de Guayaquil el 7 de enero, poco antes de que fuera trasladado a un centro de máxima seguridad.
El gobierno de Noboa confirmó la fuga de Fito el día siguiente, cuando el presidente declaró el estado de excepción, desplegando miles de soldados para dar caza al líder de la pandilla de Los Choneros y anunciando la movilización de soldados durante 60 días en las calles y prisiones de Ecuador.
La rápida escalada del conflicto entre el gobierno y las pandillas representa la primera gran crisis de seguridad para Noboa, quien asumió el cargo en noviembre de 2023.
Los mandatarios ecuatorianos han declarado estados de excepción en otras ocasiones, especialmente en los últimos años, a medida que las pandillas del país se fortalecían gracias al narcotráfico, tomaban el control de las prisiones, corrompían las instituciones del país y comenzaban a expandirse hacia nuevas economías criminales. Pero la declaración de Noboa de un conflicto armado con las pandillas es la primera en la historia del país.
Análisis de InSight Crime
Noboa ha redoblado su apuesta por un enfoque militarizado, pero no ha dado indicios de un plan de seguridad a largo plazo.
“Todo lo que está pasando actualmente se vuelve una crisis, tomando en cuenta que la problemática de la violencia y la criminalidad no se puede resolver de la noche a la mañana”, dijo Max Campos, analista de seguridad y exviceministro del Interior de Ecuador, a InSight Crime.
VEA TAMBIÉN: Del dicho al hecho frente a retos de seguridad en Ecuador
Al comienzo de la campaña electoral, Noboa prometió luchar contra el crimen organizado, fortaleciendo la red de seguridad social e invirtiendo en educación. Pero tras el asesinato de otro candidato, la retórica de Noboa dio un giro hacia la militarización, prometiendo más autoridad para las fuerzas armadas, nueva tecnología y armas para la policía.
Sin embargo, las políticas de mano dura contra la delincuencia parecen haber alimentado la reacción de las pandillas en lugar de aplacarlas. La administración de Noboa ha reconocido que una de sus principales propuestas políticas —construir nuevas prisiones de alta seguridad y trasladar allí a los líderes de las pandillas encarcelados— puede haber desencadenado esta reciente ola de violencia y fugas de las prisiones.
Ahora que Noboa ha declarado la guerra, su estrategia de escalada ha alcanzado su punto máximo, sin que exista un plan de acción claro en caso de que esta guerra se prolongue.