La captura en Colombia de uno de los disidentes más poderosos de las FARC es una nueva muestra de que mientras se profundiza en la criminalización de los disidentes de esta guerrilla, el gobierno pierde la posibilidad de implementar los acuerdos de paz.

En una acción conjunta, la Policía Nacional y la Fiscalía General capturaron, con fines de extradición, a Luis Eduardo Carvajal Pérez, alias “Rambo”, en Puerto Rico, departamento de Caquetá. Este desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), detenido el 4 de julio, está acusado de continuar con el negocio del narcotráfico después de la firma de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y este grupo guerrillero en 2016.

Rambo, miembro de la comandancia del Bloque Occidental, lideró por más de 15 años la estructura militar y financiera más activa de las FARC en el sur de Colombia: la Columna Móvil Daniel Aldana. Se desmovilizó en enero de 2017, y se concentró, junto con más de 300 guerrilleros, en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Tumaco, departamento de Nariño.   

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Carvajal Pérez presuntamente controlaba Tumaco, considerada la capital de la coca, además de la zona fronteriza con Ecuador y los principales puntos de salida de la droga por el Pacífico sur. En esta zona del país se cultiva la mitad de la coca que se produce en Colombia. Sólo en el primer semestre de 2018 se han incautado 65 toneladas de coca, de las cuales 45 pertenecían a la disidencia de “Guacho”, hombre de confianza de Rambo. 

Para 2015, las autoridades estadounidenses señalaban a Rambo como uno de los principales traficantes de droga en Nariño, pues no solo cobraba un impuesto sobre la producción de coca, sino que también la producía, tenía laboratorios de procesamiento y manejaba las rutas de tráfico hacia Centroamérica.   

Análisis de InSight Crime 

En la etapa de posacuerdo con las FARC, la captura de Rambo es un golpe al interior de la criminalidad en el sur del país, pues él representa el conocimiento adquirido de rutas para el tráfico de drogas y tiene los contactos internacionales con grupos criminales como el Cartel de Sinaloa en México. También confirma que el riesgo de criminalización de miembros de las FARC que estuvieron tan cerca del narcotráfico es ahora una realidad.  

El cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana siempre ha sido un punto de partida al hablar de la criminalización de miembros de las FARC desmovilizados. Así lo señalaba el propio Carvajal Pérez hace un año, cuando inició su proceso para dejar las armas, refiriéndose a temas como la construcción de la zona veredal. 

En una entrevista realizada por InSight Crime a principios de 2017, en un campo de desmovilizados, Rambo manifestó sus dudas sobre el cumplimiento de las promesas hechas por el gobierno a los desmovilizados. “Ellos dicen cada vez que vienen que en ocho días van a tener todo listo, pero pasan los ocho días y nada. Entonces realmente uno se da cuenta cómo es este sistema realmente. La política se hace sobre la base de las falsedades y entonces esa gente se acostumbra a eso”, dijo el exguerrillero.

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También señalaba que la coca y todo lo que financia el dinero que esta genera seguiría siendo un eje de tensión en el proceso, aunque mantenía la idea de que los impuestos los tienen que pagar sobre todo los comerciantes de la coca. “A los campesinos no se les cobra. En todas partes, lo autorizado es que tiene que pagar el que trabaja directamente con el comercio”, dijo Rambo, quien en esa oportunidad negó su participación en otras fases del narcotráfico como la producción y las rutas.  

También explicó que la comunidad rechazaría la erradicación de cultivos en la zona, principal estrategia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. “La gente cogió esos acuerdos como propios y por eso la gente está rechazando la erradicación por parte del Estado”, le dijo el exlíder guerrillero a InSight Crime. 

La implementación del acuerdo no tuvo en cuenta una desmovilización y un proceso de reincorporación que diferenciara el perfil de este tipo de personajes, quienes, por su cargo al interior de la organización y su cercanía con el negocio del narcotráfico, estarían buscando no solo el cumplimiento de lo pactado, sino también un balance frente a su sostenimiento en la vida civil.  

El riesgo de criminalización de Rambo era muy alto, lo que significó un rápido retorno a la vida criminal con un conocimiento estratégico sobre contactos, modus operandi y rutas de narcotráfico, pero ahora este retorno parecía buscar  mayores beneficios personales.  

Pese a su captura, el regreso de Rambo a la criminalidad mostraría el riesgo en que se encuentra la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Se podrían presentar mayores deserciones y un posible aumento de las filas de las disidencias (e incluso su articulación), así como nuevas disputas con otros grupos criminales por el control de las rutas del narcotráfico que deja a la deriva este personaje.