Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela han sido declarados culpables por delitos relacionados con drogas en un tribunal federal de Estados Unidos, y varios elementos probatorios presentados en el juicio apuntan a la complicidad de prominentes figuras del gobierno venezolano en el negocio de las drogas.
El 18 de noviembre en la ciudad de Nueva York un jurado federal emitió un veredicto de culpabilidad en el caso contra Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, quienes fueron acusados de conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Según el periodista Maibort Petit, quien ha seguido de cerca los casos de Campo Flores y Flores de Freitas, la audiencia condenatoria se programó para el 7 de marzo de 2017.
Los sobrinos fueron arrestados en noviembre de 2015 en Haití y fueron extraditados de inmediato a Estados Unidos, donde se los acusó de conspirar para importar narcóticos al país.
Los documentos judiciales presentados por los fiscales alegaban que los sobrinos planeaban obtener la cocaína de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que despacharían los narcóticos desde el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas hasta la isla hondureña de Roatán. Desde allí, los acusados buscaban traficar los estupefacientes por México hasta Estados Unidos.
Una persona llamada Roberto de Jesús Soto García ha sido acusado en Estados Unidos por su presunta participación en la estructura, que supuestamente implicaba un acuerdo para facilitar el arribo de los cargamentos de drogas a Honduras y concertar una reunión en la que los sobrinos hablarían del complot para traficar cocaína.
Informes de prensa que citaban fuentes cercanas a la investigación indican que Soto García fue el contacto en Honduras para las redes del ejército venezolano implicadas en narcotráfico, a las que se conoce como el Cartel de los Soles.
Soto García fue arrestado por las autoridades hondureñas a finales de octubre, y se dice que Estados Unidos busca su extradición.
Políticos de la oposición en Venezuela han criticado al presidente Nicolás Maduro por la falta de respuesta pública de su administración sobre el veredicto.
Análisis de InSight Crime
Varias evidencias presentadas en el juicio de los llamados “narcosobrinos” indican que altas figuras con nexos con el gobierno venezolano pueden ser cómplices en el negocio.
Por ejemplo, en una conversación grabada en secreto entre Campo Flores y fuentes confidenciales al servicio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el sobrino de la primera dama parece confirmar que el Cartel de los Soles trabaja con funcionarios del gobierno en el tráfico de estupefacientes.
En la conversación, divulgada por El Nuevo Herald, Campo Flores dice que “funcionarios del gobierno” y el Cartel de los Soles “eran los únicos que trabajaban” en narcotráfico en Venezuela, y que ellos eran “los encargados de fumigar [eliminar] a cualquier que intentara entrar a trabajar al país”.
En una conversación aparte cubierta por el medio de noticias hondureño La Prensa, un informante preguntó al otro sobrino, Flores de Freitas, si el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello era el jefe del Cartel de los Soles.
“Dicen que es el jefe”, respondió Flores de Freitas. “No sé si sea verdad”.
Exfuncionarios de gobierno han acusado anteriormente a Cabello de dirigir el Cartel de los Soles, y se dice que las autoridades estadounidenses han investigado esas denuncias.
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Otro indicio de la complicidad de las altas esferas del poder en el negocio de la droga se observó en el testimonio de un agente de la DEA a quien el hermano de Cilia Flores, Bladimir, ayudó a concertar una reunión entre los sobrinos y un presunto narco hondureño conocido como “El Sentado”, asesinado menos de un mes después de la captura de los sobrinos. De Bladimir Flores se dice que funge como alto oficial de la policía en Venezuela.
Más aún, el Wall Street Journal informó que los costos legales de los sobrinos eran pagados por “un acaudalado empresario venezolano con buenas conexiones políticas”, conocido como Wilmer Ruperti. Según el periódico, Ruperti “recientemente obtuvo un contrato multimillonario de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A.”, aunque negó la idea de que la cesión del contrato tuviera que ver con haberse hecho cargo de la defensa legal de los parientes del presidente.
En el pasado, el gobierno venezolano ha optado por proteger a altos funcionarios acusados de participar en el negocio de las drogas por el gobierno de Estados Unidos. En agosto, por ejemplo, el presidente Maduro nombró ministro del interior al exdirector general del organismo antinarcóticos de Venezuela, Néstor Luis Reverol Torres, tan solo un día después de que un juzgado estadounidense diera a conocer una acusación contra Reverol por delitos relacionados con drogas. Aunque los “narcosobrinos” han estado mucho tiempo por fuera de la esfera de influencia de Maduro, se espera que aún pueda intentar brindar alguna forma de protección legal a cualquier persona vinculada al caso.