La última vuelta para las elecciones presidenciales en Guatemala se llevará a cabo este domingo, pero el país ya ha elegido al ganador: Iván Velásquez, el afable juez colombiano que dirige la CICIG, observatorio contra la impunidad respaldado por las Naciones Unidas.
Los candidatos oficiales —Jimmy Morales y Sandra Torres— están adelantando una campaña relativamente cordial para las elecciones del 25 de octubre.
Morales, un excomediante que ahora es candidato presidencial de un partido creado y financiado por exmilitares, ganó la primera vuelta en septiembre y lidera las encuestas por un amplio margen.
La popularidad de Morales, quien por mucho tiempo fue una figura de la televisión guatemalteca, puede explicarse por su capacidad de hablar ante las cámaras, sus agudos comentarios, y su relativa distancia de los escándalos de corrupción que llevaron recientemente a las renuncias de Otto Pérez Molina como presidente y de Roxana Baldetti como vicepresidenta.
Si Morales tiene un plan para luchar contra la corrupción o el crimen, aún no lo ha hecho público. Casi cada pregunta política que se le formula obtiene como respuesta —en sus palabras— que requerirá “un estudio” (o dos), antes de que su administración pueda determinar un plan de acción.
Torres es todo lo contrario. Ella tiene muchas ideas, especialmente para aumentar el acceso a los servicios de educación y salud —pero el electorado no está dispuesto a escucharlas—. Torres era reconocida como una fuerte primera dama cuando su esposo Álvaro Colom estuvo en la presidencia (2008-2012) y no es reacia a ejercer la política en los poderes Legislativo y Judicial (a menudo con la ayuda de su inescrupulosa hermana). Esto les recuerda a muchos guatemaltecos una vieja guardia que muchos quisieran ver desaparecer.
El poco entusiasmo por los candidatos presidenciales de Guatemala —así como los recientes escándalos de corrupción— ha contribuido a que el juez colombiano Iván Velásquez se haya vuelto tan popular. Velásquez es el comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su trabajo consiste en desmontar las estructuras corruptas que socavan el sistema de justicia de Guatemala. Ello ha implicado enfocarse en las personas cercanas a las redes de inteligencia militar, quienes se transformaron en grupos criminales después del final de la guerra civil de Guatemala en 1996.
Y él ha ayudado a desmantelarlos, por lo que ahora tiene una popularidad del 87 por ciento (además de algunas efusivas caricaturas—vea abajo). Después de varias impresionantes revelaciones de que la presidencia —específicamente el secretario personal de la vicepresidenta— estaba dirigiendo un esquema que desvió millones de dólares de la Aduana de Guatemala, la CICIG comenzó a acusar tanto a Baldetti como a Pérez Molina (en casos separados), lo que finalmente los obligó a renunciar.
La CICIG también inició casos contra una poderosa firma conocida como el “bufete proveedor de impunidad” por conseguir, mediante una simple llamada telefónica, la libertad de casi cualquier criminal bajo acusación: la del director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el organismo más grande y con más presupuesto del país, por vender medicinas adulteradas que causaron la muerte de numerosos pacientes, y la libertad de un acaudalado congresista de una de las élites del país, quien desvió dineros de un contrato de trabajo, con la ayuda de sus guardaespaldas.
La CICIG también tiene causas pendientes contra un exmilitar que luego fue encarcelado, quien dirigía el sistema carcelario desde su propia celda, así como contra un importante narcotraficante perteneciente a una destacada familia presuntamente dedicada al tráfico de drogas, y quien ahora está acusado de homicidio, y contra un blanqueador de dinero vinculado desde hace mucho tiempo a un excandidato presidencial y a otros políticos. Este último caso ayudó a acabar con la campaña presidencial de un candidato que muchos pensaban que ganaría las elecciones del 25 de octubre.
Y la lista no se agota aquí. La CICIG ha revelado tantos casos en los últimos cinco meses que los guatemaltecos comenzaron a hablar de los “jueves CICIG” (#juevesCICIG), para referirse al día de la semana en que la comisión suele detonar una nueva bomba que puede poner a temblar al statu quo del país.
A diferencia de anteriores comisionados de la CICIG, Velásquez no buscaba protagonismo en Guatemala. El juez es conocido por mantener un bajo perfil y por enfocarse en las redes político-militares de Colombia, incluyendo miembros de la familia del expresidente Álvaro Uribe. El hecho de derrocar a Pérez Molina le ha conferido a Velásquez una increíble posición en Guatemala, y entre sus admiradores se encuentran numerosas personas que antes eran detractoras de la CICIG, incluyendo la élite económica del país, quienes ahora honran a Velásquez aunque haya derrocado a algunos de los suyos.
Pero estos casos no salieron de la nada. Durante años, la CICIG ha estado perfeccionando su mandato (y ampliándolo significativamente) y modernizándose para adaptarse a las necesidades de Guatemala y al tipo de delitos que se presentan en el país. Esto implicó dividir la comisión en unidades enfocadas en cinco áreas diferentes: tráfico de drogas, financiamiento político, aduanas, corrupción y corrupción judicial.
Los anteriores comisionados de la CICIG, Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese, trabajando en conjunto con el Ministerio Público de Guatemala, también ayudaron a sentar las bases de estos arrestos mediante el establecimiento de un nuevo modelo de investigación que se basa más en la evidencia empírica que en testimonios. También crearon una unidad de análisis de delitos conformada por 150 miembros, la cual les ayuda a los fiscales a elaborar casos con los cuales logran desmantelar tanto grupos como individuos.
Sorprendentemente, los poderes Ejecutivo y Judicial de Guatemala también han cumplido un papel importante. El Ejecutivo ha renovado el mandato de la Comisión cuatro veces, la última de las cuales se aprobó sólo unos días después de que la CICIG hiciera público el caso contra el secretario de la vicepresidenta (aunque quizá Pérez Molina, ahora en la cárcel, quisiera poderlo hacer otra vez).
Por otra parte, el Congreso aprobó nuevas leyes que permitieron abrir al escrutinio público lo que solían ser opacos procesos de selección de jueces de las altas cortes, el fiscal general y otros importantes puestos administrativos y judiciales. Otra medida clave es que el Congreso aprobó leyes sobre interceptaciones telefónicas y cooperación de testigos, proporcionando herramientas modernas a los fiscales en su lucha contra el crimen.
La comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, respaldó el proyecto. Los diplomáticos también estuvieron del lado de la CICIG cuando más lo necesitaba, particularmente en abril de este año, durante la última renovación del mandato de la CICIG por otros dos años.
Velásquez es el rostro de esta amplia red de reformadores y se lleva gran parte de los méritos por sus resultados. Sin embargo, la realidad es que los casos divulgados durante los #JuevesCICIG no terminarán en condenas si no se realizan constantes esfuerzos hercúleos por parte de la CICIG, el Ministerio Público y, por supuesto, el nuevo presidente, quienquiera que sea.
Tanto Morales como Torres dicen que apoyarán públicamente a la CICIG y a Velásquez. Durante la presidencia de Colom, la entonces primera dama, Sandra Torres, era renuente a la comisión, aunque la apoyaba en público. Hay pocas razones para creer que esta situación va a cambiar; sin embargo, una revisión de los expedientes de corrupción de la hermana de Torres y sus posibles vínculos con el crimen organizado puede alterar rápidamente esa relación.
Por su parte, Morales puede tener conexiones menos obvias con el hampa, pero sus partidarios —especialmente los exmilitares—pueden tener mucho más que perder con la presencia de la CICIG que Torres.
Al final, es posible que ni Torres ni Morales quieran que la CICIG los siga fiscalizando, pero dado que la popularidad de Velásquez sigue siendo alta, quizá tendrán que aceptarlo.