Con el expresidente colombiano Álvaro Uribe escarbando en el cuidadosamente elaborado acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, es seguro que se impondrá el debate de si se procesa por narcotráfico a los comandantes guerrilleros, lo que dará al exmandatario el poder de echar por tierra los acuerdos.
Luego del sorprendente voto por el “No” en el plebiscito del 2 de octubre al acuerdo de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la administración del actual presidente Juan Manuel Santos ha entrado en conversaciones con los líderes de la oposición con el fin de encontrar una alternativa para renegociar y salvar el acuerdo.
Las propuestas preliminares formuladas por el líder de facto de la campaña por el “No”, el expresidente Uribe, parecen muy similares a lo que ya está en el acuerdo. Por ejemplo, Uribe demandó “protección efectiva para las FARC” para que “puedan consolidar un estatus de no violencia de forma inmediata”, algo que está contemplado en el acuerdo rechazado y solo se postergó por el triunfo en el plebiscito de la campaña por el “No” de Uribe.
Uribe también demandó amnistía para los guerrilleros de las FARC que no estuvieran incursos en crímenes de lesa humanidad, algo que ya se contempla en el acuerdo anterior. Pero agazapada en los detalles de esta propuesta hay una traba. Como lo explicó el senador Alfredo Rangel, vocero de la campaña por el “No”, el expresidente pide un cambio en la disposición relacionada con los “delitos conexos”, que excluiría el narcotráfico de la lista de delitos condonables en la amnistía.
La sección del acuerdo de paz sobre la amnistía no menciona específicamente el narcotráfico, pero sí incluye crímenes cometidos para financiar el conflicto. Sin embargo, el mensaje lo entendía cualquiera: las actividades de comercialización de estupefacientes de las FARC se perdonarían siempre y cuando se hubieran destinado a financiar su actividad insurgente. El acuerdo también incluyó una disposición para calmar uno de los mayores temores de las FARC: la extradición a Estados Unidos, cuando declara que no se extraditará a ningún guerrillero de las FARC por crímenes cometidos durante el conflicto.
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La designación del narcotráfico como “delito político” levantó controversia durante las negociaciones y causó disputas tanto legales como políticas. Aun así, fue un compromiso clave, que incluso el gobierno de Estados Unidos estuvo dispuesto a aceptar.
Las FARC ganan cientos de millones de dólares al año con el negocio de la droga, el cual ha sido la principal fuente de financiación de su actividad insurgente durante décadas. Son los responsables de casi dos terceras partes de los cultivos de coca en Colombia, aplicando impuestos e intercambiando la base de coca que los campesinos producen como primera etapa rudimentaria de la transformación de la coca en cocaína en polvo. Varios de los frentes más poderosos de las FARC tienen una participación aún mayor, con la administración de corredores de tráfico para sacar la droga del país.
Análisis de InSight Crime
La propuesta de cambiar lo que constituye un “delito conexo” es la opción nuclear de Uribe. Si no hay amnistía para el narcotráfico, entonces muchos guerrilleros, incluyendo a importantes comandantes, pueden ser juzgados por dichos crímenes en Colombia y podrían afrontar largas sentencias de cárcel. Además, si deja de considerarse el narcotráfico como delito conectado con el conflicto armado, aumenta la posibilidad de extradición de los miembros de las FARC acusados de participar en el negocio de la droga. Los juzgados estadounidenses han formulado cargos por lo menos a 60 integrantes de las FARC, incluyendo a 50 por “narcoterrorismo”, y según los planes de Uribe pueden ser enviados a juicio en Estados Unidos.
Pero siguen sin aclararse los detalles de la propuesta de Uribe y la manera como ésta se implementaría. Quizás los aspectos más importantes tengan que ver con la extradición y si se someterá el narcotráfico de las FARC al proceso judicial normal o si se lo incluirá en un régimen de justicia especial que se ocupe de los crímenes cometidos en el marco del conflicto. Además, está por ver hasta qué punto se enjuiciará a quienes participaron en el negocio de la droga —si solo son los cabecillas implicados en el tráfico transnacional, o cualquiera que haya estado involucrado en actividades relacionadas con el cultivo de coca y el intercambio de base de coca.
Incluso si Uribe suaviza su posición con garantías contra la extradición y un componente de justicia transicional, es probable que el tema siga siendo una línea roja para las FARC. Si el narcotráfico no hace parte de la amnistía, entonces gran parte de las FARC pueden quedar expuestos a pagar tiempo de cárcel o a ser extraditados. Y si no hay amnistía, es casi seguro que no habrá un nuevo acuerdo, y por consiguiente tampoco habrá desmovilización de los insurgentes.
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Aunque las consecuencias pueden ser dramáticas, la insistencia de Uribe en suprimir la amnistía para el narcotráfico podría convencer fácilmente al público. La idea del narcotráfico como delito político repugna a muchos colombianos, que han visto cómo el negocio de la droga ha corroído y corrompido sus instituciones durante décadas.
A sabiendas de que toca una fibra sensible para los colombianos, Uribe se ha quejado repetidamente de la impunidad para “el cartel de cocaína más grande del mundo”, y ha comparado el proceso de paz con el acuerdo que se hizo con Pablo Escobar, en el que el capo se rindió solo para seguir dirigiendo sus actividades criminales desde un complejo de lujo disfrazado de cárcel construido exclusivamente para él. Ese episodio está grabado en la conciencia de los colombianos como un penoso símbolo de la claudicación institucional ante el crimen organizado.
Por otro lado, la propuesta de Uribe lo expone a críticas y acusaciones de hipocresía. Cuando fue presidente, él y sus aliados en el congreso negociaron una desmovilización con cabecillas de lo que era la mayor empresa de la cocaína en el mundo, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército sustituto que usó el gobierno para combatir a las FARC. Muchos de esos cabecillas de las AUC fueron posteriormente extraditados a Estados Unidos, luego de que Uribe alegara que habían violado el acuerdo que su gobierno había fraguado con la organización que agrupaba a los paramilitares, pero el acuerdo inicial excluía las acciones judiciales por narcotráfico y los blindaba contra la extradición.
Las propuestas de Uribe también contienen lo que puede ser una traba más. Sus demandas de garantías de seguridad para las FARC parecen estar sometidas a la condición de que las FARC dejen de cometer crímenes, como el narcotráfico y la extorsión para financiarse.
Con las FARC atrapadas en el limbo y la incertidumbre de si el proceso de desmovilización se dará y cuándo entrará en vigor, es absolutamente inevitable que muchas unidades continúen o regresen a las actividades criminales para sostenerse, en especial si se dilatan las negociaciones. Uribe puede usar ese hecho para desacreditar a las FARC cuando quiera. Es un argumento que ha esgrimido muchas veces en su oposición al proceso de paz. Pero esta vez lo hará como actor clave en las negociaciones y no como crítico desde la barrera.
En suma, no puede minimizarse la influencia que el exmandatario tenga sobre el tema del narcotráfico. Y si Uribe se mantiene inamovible en esos temas, puede descarrillar los diálogos de renegociación y sacar otras concesiones políticas que no tienen nada que ver con el acuerdo de paz.