A Leonel Sandoval Villeda la justicia salvadoreña le sabe a poco, no porque haya padecido sus desmanes, sino porque su control sobre jueces y policías le ha servido para escapar ileso de investigaciones relacionadas con narcotráfico, el crimen organizado y el Cartel de Texis. Más aún: los contactos que este empresario santaneco hizo en importantes despachos de la PNC y la judicatura no solo le valieron para reírse de dos órdenes de captura por tenencia de armas de guerra, también le sirvieron para enriquecerse, para extorsionar a deudores y para ampliar su cartera de propiedades.
Así lo confirmaron un oficial de la PNC relacionado con las investigaciones en torno al Cartel de Texis, organización criminal con la que las autoridades relacionan a Sandoval, y una fuente en la Fiscalía General, que en los últimos tres meses ha realizado tres operativos en contra de uno de los brazos del cartel de occidente.
Una fuente policial de nivel ejecutivo, conocedora de los expedientes sobre narcotráfico en el occidente salvadoreño desde 2009 y quien accedió a comentar sobre el caso desde el anonimato por ser una investigación aún abierta, confirma que informantes y pesquisas relacionadas con Sandoval Villeda apuntaban a Mendoza Cordero desde 2009, cuando las primeras investigaciones indicaban que el empresario y el Policía entablaron comunicación en 1999, fecha en que el oficial se hizo cargo de la jefatura en el departamento de Ahuachapán.
La relación entre ambos, según este oficial, llegó a ser muy productiva para Sandoval Villeda.
“Sandoval es prestamista. Cuando sus deudores no pagaban, Mendoza arreglaba todo para que la PNC se los jalara. Se veían seguido y entiendo que Mendoza hablaba con los jueces cuando se trataba de acelerar los casos que le reportaban a Sandoval para quitar inmuebles dados en garantía por préstamos de dinero”, dice el investigador.
Sandoval Villeda es, de hecho, un hombre próspero. Su fortuna, al menos la que se puede medir por las propiedades registradas a su nombre, ha crecido en los últimos diez años, los mismos en que Mendoza Cordero ha llegado y regresado a occidente como jefe departamental o regional.
Entre 2003 y 2009, Sandoval Villeda adquirió 39 propiedades esparcidas entre Acajutla y Metalío en el litoral occidental salvadoreño, el centro de la ciudad de Santa Ana y el norte de ese departamento -entre Cutumay Camones y Texistepeque. En esa bolsa de tierras ha habido, sobre todo, terrenos rústicos con vocación agrícola, pero también inmuebles urbanos en varios barrios santanecos -San Esteban, Santa Cruz, San Sebastián-, además de un hotel y un hospedaje.
A octubre de 2013, según los registros de la propiedad en El Salvador, el santaneco era dueño de 48 inmuebles valorados en más de US$1,7 millones. El 81% de esa bolsa fue adquirida a partir de 2003. La fuente policial que conoce esta investigación asegura que la lista de propiedades llega a 80, pero muchas no están registradas a nombre de Sandoval Villeda.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador
Lo que los investigadores de la PNC detectaron entre 2008 y 2010 fue que Sandoval Villeda presionaba a sus deudores con amenaza de cárcel -con ayuda de agentes policiales y jueces- hasta que los obligaba a traspasar propiedades. Así, de acuerdo a las investigaciones, terminaron en sus manos por ejemplo un inmueble urbano en el Barrio Santa Cruz de Santa Ana el 11 de marzo de 2004 o una propiedad rural en el cantón Chilcuyo de Texistepeque un día después. Solo ese año, en 2004, Sandoval Villeda adquirió 19 propiedades. En 2006 hubo un traspaso similar de una propiedad en el cantón Mazacuat de Santa Ana.
No era solo que, según los investigadores, Sandoval Villeda contara con la ayuda de la Policía para ejecutar embargos, forzar compraventas y engordar su cartera de bienes raíces; era también que en su lista de clientes y notarios figuraban importantes miembros de la judicatura.
El 4 de septiembre de 1998, Sandoval Villeda certificó una segunda hipoteca por más de US$85.000 sobre un terreno de aproximadamente 39.500 metros cuadrados, en el cantón Chupaderos de Santa Ana. El notario que legalizó la transacción fue Agustín García Calderón, un conocido abogado santaneco que dos años después sería elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia y duraría en el cargo los siguientes 9 años.
También trabó tratos Sandoval Villeda con Romeo Aurora Giammattei, actual juez 9 de paz de San Salvador. El 20 de marzo de 1999, el abogado adquirió por alrededor de US$28.500 el 100% de la parcela B en La Nueva, San Julián, en Acajutla, un terreno de 104.200 metros cuadrados, cuyo dueño desde el 30 de enero de 1996 había sido el empresario santaneco.
La época en que Sandoval Villeda adquirió más terrenos coincide con el periodo en que el comisionado Mendoza Cordero fue uno de los policías con más poder en el occidente salvadoreño, territorio de operaciones de Sandoval y, en general, del Cartel de Texis. Mendoza Cordero, según consta en su hoja de servicio desplegada en la página web de la PNC, llegó por primera vez a occidente en 1999, como jefe departamental de Ahuachapán; entre 2000 y 2001 fue jefe del departamento de Santa Ana; entre 2004 y 2006 fue jefe de investigaciones de la región occidental, jefe de la región occidental y de nuevo jefe de Santa Ana.
El 26 de septiembre pasado se solicitó, a través de la unidad de comunicaciones de la PNC, una entrevista con el comisionado Mendoza Cordero para hablar de “su relación con el empresario santaneco Leonel Villeda Sandoval y su relación con Roberto Antonio Herrera Hernández (de alias El Burro)”. Un día después, el despacho de comunicaciones de la PNC respondió que Mendoza no daría la entrevista. “Razones de carácter laboral y de salud le impiden al oficial atender su solicitud”. (El 17 de agosto de este año el comisionado Mendoza Cordero, su esposa y sus dos hijas resultaron lesionados en un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 70 de la carretera San Salvador-Santa Ana).
El primer allanamiento y la cómoda fuga
La primera vez que la Policía salvadoreña entró a la casa Leonel Sandoval Villeda, perfilado en media docena de informes de inteligencia con los que arrancó la investigación del llamado Cártel de Texis, fue en abril de 2010. Esa vez, los agentes lo arrestaron y le hallaron una gorra con el logo del director de la PNC y un pequeño arsenal de armas, algunas de ellas reservadas por ley al uso exclusivo de la Fuerza Armada. Sandoval salió libre tras pagar una fianza de US$100.000.
“A las diez horas y cinco minutos del día cero tres de marzo del dos mil diez elementos de la División de Finanzas de la PNC procedieron al allanamiento con orden judicial de la casa número 20, ubicada en el sexta Avenida sur y novena calle poniente de la ciudad de Santa Ana…”, dice el informe policial sobre aquella operación. Para entrar a la casa de Sandoval, la PNC había tenido que recurrir a un artilugio que no es inusual en El Salvador: pedir en una jurisdicción diferente a las que el sospechoso frecuenta o en la que vive la orden judicial de allanamiento para evitar filtraciones. La PNC, optó, entonces, por pedir la orden a un juez de paz de San Salvador, el licenciado José Orlando Campos Orellana.
VEA TAMBIÉN: Perfil del Cartel de Texis
El allanamiento, según el informe policial, tenía que ver con las investigaciones en torno a las transacciones comerciales de Sandoval Villeda y su activa participación en el mercado de Bienes Raíces; y era parte de las pesquisas en las que ya para entonces figuraba el nombre del comisionado Mendoza Cordero.
“… Encontrar registros financieros, documentación y registros contables en relación a los impuestos, a la transferencia de bienes muebles, prestación de servicios y del impuesto sobre la renta a nombre del señor señalado, ya que este anteriormente no ha prestado colaboración a los auditores del Ministerio de Hacienda para fiscalizar los periodos señalados”, dice el informe del registro.
Tras pagar la fianza de US$100.000 en efectivo por tenencia ilegal de armas de guerra se suponía que Sandoval Villeda debía presentarse al tribunal regularmente. Nunca lo hizo. En teoría, era prófugo desde abril de 2010 hasta el 12 de junio de 2013, cuando volvió a ser arrestado en su casa de Santa Ana. Lo de prófugo es un decir. Según fiscales y agentes de la PNC, Sandoval Villeda estuvo “ubicado” todo el tiempo. El santaneco, dueño de terrenos, hombre de influencias, no había huido a ningún lado; estaba en su casa, haciéndose cargo, como siempre, de sus negocios.
El segundo arresto, el de 2013, también fue efímero: la jueza María Delma Zelada de Santa Ana decidió que el arsenal que la Policía había encontrado en la casa de Sandoval Villeda tres años atrás era prueba ilegal, ya que la orden administrativa especificaba que los fiscales iban en busca de documentos contables, no de armas, y Sandoval fue puesto en libertad.
Antes de irse de las bartolinas, según dos fuentes del Ejecutivo, Sandoval Villeda hizo una infidencia a investigadores de la Policía que reportaban directamente a Ricardo Perdomo, ya entonces ministro de Justicia y Seguridad: era cierto que él había tenido en planilla no a uno, sino a varios jefes de la PNC que pasaron por occidente en la década de 2000.
Con la llegada de Perdomo al despacho de Seguridad y la del abogado Luis Martínez al de fiscal general, las operaciones contra Texis reiniciaron. Y aunque Sandoval es ya un hombre libre, otro comerciante -ganadero este- ligado al Cartel por las investigaciones que arrancaron en 2009, sí está preso: Roberto Antonio Herrera Hernández, el Burro.
Esta ofensiva contra Texis ha contado, según han confirmado agentes en la Fiscalía, la PNC y oficiales estadounidenses, con la ayuda del centro de escuchas telefónicas para cuya instalación Estados Unidos aportó cinco millones de dólares. Washington, de hecho, ha seguido de cerca las operaciones; las apreciaciones de uno de los agentes que conoce sobre estas investigaciones son agridulces: “Está muy bien que empiecen, pero no estoy seguro que lleguen hasta el final, no sé si aprovecharán al máximo toda la capacidad del centro de escuchas”, dice.
Una fuente de la Fiscalía asegura que cuando las escuchas y otras investigaciones daban ya para ordenar la captura del Burro Herrera el despacho del fiscal Martínez empezó a recibir presión desde la PNC para apurar la operación. Pero, según esta fuente, había algo que no encajaba: “cuando se revisó las actuaciones de algunos policías y fiscales vimos que había diligencias en el caso del señor Herrera que estaban hechas para que un juez decretara nulidad; se tuvo que rearmar el caso con mucho cuidado de a quién se informaba en la PNC”, dice.
Cuando Herrera Hernández, capturado el 23 de julio pasado por robo de carros, empezó a hablar con los fiscales, una de las cosas que dijo fue, según recuerda un investigador, que él conocía al comisionado Mendoza Cordero y que podían hablarle de su teléfono celular si querían.
El final de la investigación sobre Texis, se entiende, es Chepe Diablo, José Adán Salazar Umaña, el líder de la organización. Y el final, según fuentes cercanas a la Fiscalía General, deberían ser los policías de nivel superior que colaboraron con la organización.
El ministro Perdomo dijo, hace poco, que aún faltan cartuchos por quemar en el caso Texis. Por ahora, el caso de Leonel Sandoval Villeda y su relación con el comisionado Héctor Mendoza Cordero, actual subdirector de Investigaciones de la PNC -de la que hay noticia en el despacho del fiscal general, del director de la PNC y del ministro de Seguridad, según confirmaron fuentes cercanas a las oficinas principales en cada una de esas tres instituciones- es una de esas esquinas oscuras en las investigaciones abiertas en torno al Cartel de Texis.