Una evaluación cuantitativa de la intervención comunitaria de USAID para la prevención del crimen en Centroamérica sugiere que estos programas tienen un impacto positivo y significativo sobre la seguridad ciudadana -algunas de las primeras evidencias empíricas que apoyan este tipo de estrategias, aunque aún hay muchas preguntas sobre cómo hacer que estos resultados sean sostenibles.
El estudio (pdf), llevado a cabo por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP) de la Universidad Vanderbilt examinó 127 barrios en Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá durante el período 2010-2014 (vea el mapa). Con base en las respuestas de los ciudadanos a preguntas de la encuesta en estas comunidades, los investigadores midieron cuánto del cambio en el tiempo de varios indicadores de seguridad podría atribuirse a la labor de prevención de USAID bajo la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI).
Los barrios seleccionados compartían características que los hacían vulnerables a la criminalidad, como necesidades básicas insatisfechas, altos niveles de desempleo y un alto número de jóvenes sin asistir a la escuela. Las intervenciones incluyeron: trabajar con comités de prevención comunitaria del crimen, desarrollar programas para jóvenes en situación de riesgo, mejorar los espacios públicos, y vigilancia policial comunitaria.
Mediante la realización de más de 29.000 encuestas, los investigadores encontraron una serie de resultados positivos, incluyendo los siguientes:
- Durante el período de tiempo indicado, las denuncias de ciudadanos por asesinatos y extorsión fueron un 51 por ciento más bajo en las comunidades intervenidas en comparación con los resultados que se hubieran obtenido sin el trabajo de USAID.
- Las denuncias por ventas de drogas fueron un 25 por ciento más bajo.
- Las denuncias por robos fueron un 19 por ciento más bajo.
- Las denuncias de que los jóvenes en las pandillas eran un problema fue un 14 por ciento más bajo.
- Las percepciones de inseguridad fueron un 5 por ciento más bajo.
- La satisfacción con la actuación de la policía fue de un 5 por ciento más alto y la confianza en la policía fue un 9 por ciento más alto. De los cuatro países, los barrios guatemaltecos experimentaron las reducciones más dramáticas en las denuncias por asesinatos y venta de drogas (60 por ciento y 50 por ciento, respectivamente).
Los investigadores también llevaron a cabo 848 entrevistas a personas relacionadas con los programas, y 44 grupos focales, lo que contribuyó a una serie de recomendaciones en términos de política. Éstas incluyen: apoyar a los comités de prevención del crimen basados en la comunidad, aumentar el apoyo material a las familias monoparentales y pobres, mejorar la formación de los docentes y ampliar la presencia de psicólogos infantiles en la escuela, aumentar las oportunidades de liderazgo estudiantil, aumentar la financiación de los programas de jóvenes de la iglesia, y mejorar la coordinación policial con la comunidad.
En un evento del Woodrow Wilson Center en el cual se discutieron los hallazgos de LAPOP, el personal de Vanderbilt dijo que un elemento clave del estudio era que medía los resultados del trabajo de USAID como el impacto real percibido en las comunidades locales, en lugar de basarse en el número de actividades en las que habían participado, utilizando una metodología rigurosa (vea la ilustración). Los investigadores eligieron comunidades que no eran adyacentes, y seleccionaron al azar las comunidades que serían intervenidas. Luego desarrollaron una línea de base y examinaron cómo esto cambiaba con el tiempo, tanto en las comunidades de control como las intervenidas, midiendo el impacto según la diferencia entre los resultados finales en las comunidades intervenidas y los resultados previstos si no se hubiera dado ninguna intervención.
Análisis de InSight Crime
El estudio de Vanderbilt puede ser considerado como una prueba concreta de que las estrategias participativas y localizadas de prevención del crimen pueden funcionar en una región fuertemente afectada por las pandillas callejeras violentas y el hogar del país más violento del mundo fuera una zona de guerra. Esto podría conducir a una mayor ayuda estadounidense a estos programas y aumentar el compromiso de los gobiernos del “Triángulo Norte” de Honduras, Guatemala y El Salvador en este tipo de programas.
Hay un consenso que está surgiendo dentro de ciertos sectores en Estados Unidos y en Latinoamérica de que las estrategias de prevención “más suaves” deben ser un componente de cualquier política de seguridad. Esto ya se ha reflejado en los objetivos y el presupuesto de la CARSI: en el año fiscal 2012 y 2013, US$16,5 millones fueron canalizados a programas de USAID sólo en Honduras. Y no es nueva la idea de que las comunidades deben estar profundamente involucradas en abordar la criminalidad y la inseguridad. Experiencias locales anteriores, tanto en Estados Unidos como en el Triángulo Norte han apoyado la necesidad de implementar programas que se enfoquen en la construcción de lazos comunitarios con la policía, invirtiendo en programas para la juventud, y proporcionando apoyo adicional a las familias.
Hasta ahora, sin embargo, faltaba evidencia cuantitativa que apoyara la idea de que estas estrategias eran efectivas. Eric Olson, director asociado del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center, dijo a InSight Crime: “Muchos de nosotros hemos asumido que la prevención es una cosa buena, un elemento importante en cualquier estrategia, pero en realidad no ha habido ningún tipo de evaluación sistemática del impacto como esta antes”.
La evaluación de Vanderbilt llega en un momento interesante: con el objetivo de asegurar financiación, los presidentes de las naciones del Triángulo Norte presentaron recientemente al gobierno de Estados Unidos un plan conjunto de cómo detendrían el flujo hacia el norte de los niños migrantes no acompañados desde sus países hacia la frontera suroeste de Estados Unidos, los cuales llegaron a ser más de 60.000 en el año fiscal 2014. El fortalecimiento de los programas de lucha contra las pandillas basados en la comunidad es un elemento del plan.
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Sin embargo, incluso si Estados Unidos fuera a aumentar su financiación, aún hay una serie de cuestiones en cuanto a hacer sostenibles este tipo de estrategias y en darles impacto a largo plazo.
Un obstáculo es la voluntad política: mientras que verbalmente reconocen la importancia de los programas de seguridad ciudadana, los gobiernos nacionales de Honduras, El Salvador y Guatemala en gran medida siguen dando prioridad a las políticas reactivas y de línea dura. Incluso ahora, Honduras planea agregar 1.000 miembros a su policía militar, y el partido ARENA de El Salvador ha propuesto el envío de 10.000 soldados a las calles en las zonas más afectadas por las pandillas.
Hasta ahora, gran parte del impulso para la prevención comunitaria del crimen ha venido de Estados Unidos, dijo Olson. En última instancia, si estos programas se expanden y se hacen sostenibles en el tiempo será una cuestión de compromiso de los gobiernos centroamericanos, así como una cuestión de convencer a los ciudadanos -que a menudo abogan por políticas autoritarias en situaciones de extrema violencia- de su valor, dijo.
Adam Isacson, principal asociado para la política de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo a InSight Crime que otra cuestión relacionada a los gobiernos centroamericanos fue el costo: estos programas “son caros y no necesariamente son rentables y sostenibles”.
Además, algunas comunidades pueden ser más receptivas a estas estrategias que otras. Isacson señaló que puede ser difícil la implementación de programas de prevención en barrios con una mayor presencia de pandillas, ya que en estos lugares incluso los líderes cívicos pueden haber sido intimidados.
Mientras tanto, existen limitaciones a la labor de USAID. Olson dijo que un elemento que faltaba eran los programas de reinserción social dirigidos a jóvenes delincuentes y pandilleros, con el organismo centrándose actualmente en el trabajo de prevención en jóvenes en situación de riesgo. También hay cuestiones como la falta de coherencia en la estrategia de la CARSI en su conjunto, y la mala coordinación entre USAID y otros organismos gubernamentales estadounidenses que trabajan en la región, encontró una evaluación del Woodrow Wilson Center a principios de este año.
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Olson y Isacson ambos coincidieron en que USAID estaba en el camino correcto, y que la evaluación de Vanderbilt probablemente iba a contribuir a la construcción de la voluntad política que será necesaria para que las estrategias localizadas de prevención del crimen se desarrollen aún más. Sin embargo, el trabajo de USAID es “sólo una pieza del rompecabezas”, dijo Isacson. Para tener un impacto más amplio, estos esfuerzos basados en la comunidad deben ser complementados con los esfuerzos del Estado para construir instituciones nacionales, como una fuerza policial confiable y un sistema judicial funcional -que tanta falta hacen en los países del Triángulo Norte.