En 2017, Insight Crime se enfocó de manera especial en la interacción de las prisiones latinoamericanas con el crimen organizado, examinando cómo las instituciones destinadas a contener o reformar a los criminales se han convertido en verdaderos centros de operaciones de muchos de los grupos criminales más poderosos y peligrosos de la región.
En una serie de seis investigaciones —en las que utilizamos estudios de caso de Venezuela, Colombia y el “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), analizamos el hecho de que las prisiones se han convertido en la “principal incubadora del crimen organizado” en Latinoamérica.
Los hallazgos de ese exhaustivo proyecto sirvieron de base para nuestros informes en profundidad (InDepth) sobre las prisiones y el crimen organizado en otros países de la región, muchos de los cuales continúan teniendo problemas para solucionar el hacinamiento, la falta de recursos, la corrupción y el control que ejercen los criminales.
Como parte de nuestra amplia cobertura sobre las prisiones, también examinamos el creciente reconocimiento de que se necesita reformar los sistemas penitenciarios en toda Latinoamérica. Aunque los avances han sido lentos y ha habido pocos resultados concretos, los países están empezando a tomar medidas para abordar los viejos problemas de la que consideramos “la parte más desatendida de la cadena judicial”.
El “dilema de las prisiones”
Dado que la inseguridad en la región ha empeorado en los últimos años, el empleo de políticas de seguridad de mano dura también ha aumentado. Esto a su vez ha llevado al crecimiento de la población carcelaria en la región. La cantidad de instalaciones para ubicar el alto flujo de reclusos no ha crecido al mismo ritmo. Las crecientes poblaciones carcelarias han dejado a las autoridades maniatadas, lo que les ha permitido a los grupos criminales convertirse en los administradores de facto y ejercer una especie de caos controlado.
Todo esto ha creado un terreno fértil para que las sofisticadas pandillas criminales afinen sus habilidades y utilicen a los demás presos —algunos de los cuales no han sido condenados— como nuevos reclutas, clientes para negocios ilícitos, o víctimas de extorsión y otros delitos.
Para empeorar las cosas, las prisiones de la región viven en el abandono absoluto, lo que ha llevado a condiciones de vida deplorables que han sido utilizadas por los grupos criminales como justificación para aumentar su influencia. Superar estas condiciones requiere “disciplina y una clara cadena de mando“, algo que proporcionan los grupos criminales que dirigen las prisiones, dada la ausencia de control gubernamental.
Este desequilibrio ha permitido que se impongan figuras infames como el capitán Byron Lima Oliva, cuya reseña publicamos en nuestra investigación del mes de enero. Por entonces escribimos que Lima Oliva, exfuncionario del ejército guatemalteco que más adelante cayó prisionero, “impuso su orden en la cárcel hasta que el orden se impuso sobre él”.
“En cada cárcel guatemalteca hay un Byron Lima”, le dijo Luis Lima a InSight Crimen poco antes de la muerte de su hermano en julio de 2016. “Pero hay Byron Limas buenos y hay Byron Limas malos. Está el Byron Lima que ayuda al sistema de salud en una cárcel, que ayuda al sistema educativo en una cárcel, que ayuda al sistema laboral en una cárcel. Y está el Byron Lima malo que puede extorsionar, que puede golpear, que puede fomentar los vicios”.
Cárceles en la mira
Las consecuencias de las malas condiciones carcelarias para la seguridad han sido particularmente evidentes en El Salvador, donde las pandillas MS13 y Barrio 18 —que han sido consideradas por el Gobierno como grupos terroristas— ejercen un control total sobre las penitenciarías del país.
“Durante la última década, el sistema penitenciario de El Salvador ha sido el cuartel general de la MS13 y Barrio 18, las pandillas más grandes del país”, señalamos en nuestra investigación del mes de febrero. “El poder de las pandillas en las prisiones se dio como resultado tanto de malas políticas públicas como por la creciente astucia y habilidad organizacional de las pandillas”.
En febrero, las autoridades salvadoreñas extendieron las “medidas extraordinarias” orientadas a controlar las actividades de las pandillas en las prisiones, y anunciaron que, con el mismo objetivo, se realizaría un traslado masivo de prisioneros. Sin embargo, más adelante en el año surgieron informes que indicaban que los funcionarios penitenciarios habían buscado fortalecer a una facción disidente de la MS13, lo que permite suponer que las pandillas todavía ejercen un considerable control al interior de las cárceles.
Nuestra investigación sobre el sistema penitenciario de Venezuela, publicado en el mes de septiembre, llamó la atención sobre los riesgos que implica el hecho de que los gobiernos les entreguen el control a las pandillas. En un intento por asegurar que la violencia carcelaria no se trasladara a las calles, la primera ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Valera, recurrió a su propia forma de medidas extraordinarias.
“Se hizo amiga de los pranes [líderes de pandillas] más importantes y comenzó a hacer tratos con ellos”, como señalamos en nuestra investigación. “Lo que querían, y que finalmente consiguieron, era el poder dentro de las prisiones. Obtuvieron el control de todo lo que pasaba en su interior. A cambio, nada debía salir de las paredes de las cárceles, ni llegar a los medios de comunicación. Se trataba de una Pax Mafiosa”.
Pero estas decisiones han tenido profundas consecuencias.
“Este sistema dio luz a una nueva generación de estructuras del crimen organizado, y los pranes, trenes y megabandas se han extendido por todo el país, generando aún más criminalidad y asesinatos”, como escribimos en la investigación. “Todo ello ha contribuido a hacer de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo”.
Varios incidentes en las prisiones de México también llamaron la atención este año sobre el impacto negativo del control ejercido por los criminales. Se estima que los grupos del crimen organizado de México controlan el 65 por ciento de las prisiones estatales, lo que ha facilitado no solo la organización de fiestas por parte de los presos, sino además atroces actos de violencia. Un incidente particularmente ilustrativo, sobre el que informamos en el mes de octubre, ocurrió cuando un grupo criminal logró liberar a dos de sus miembros después de haber secuestrado al director de la prisión donde estaban detenidos, así como a su hijo.
Y en Brasil, los grupos criminales supuestamente han organizado ataques contra funcionarios del gobierno desde la prisiones, y además utilizan violentos disturbios en las prisiones y sofisticados sistemas de túneles para escapar de ellas.
El creciente apoyo a la reforma
El gran control que ejercen los criminales y la falta de supervisión gubernamental sobre las prisiones son generalizados en toda la región, lo que contribuye a la persistencia y el crecimiento de algunos de los grupos criminales más poderosos y peligrosos de Latinoamérica.
Se han tomado algunas medidas para rehabilitar el sistema penitenciario de la región. Sin embargo, a pesar de que se sigue reconociendo que las políticas represivas del pasado han demostrado ser ineficaces, al igual que muchas iniciativas de la política de seguridad en la región, los avances hacia la reforma han sido lentos.
En octubre de este año, las autoridades de Honduras cerraron la prisión de San Pedro Sula, un centro criminal en todo sentido, poco después de abrir una nueva prisión de máxima seguridad como parte de una profunda revisión del problemático sistema correccional del país.
En Panamá y Costa Rica, las autoridades están empezando a dar prioridad a “modelos innovadores de gestión penitenciaria, menos punitivos, basados en los derechos humanos, y con un fin resocializador”. En una prisión de Panamá, los reclusos están siendo inscritos en diversos programas de desarrollo, una vez se hace una evaluación de sus niveles de riesgo y necesidades, con el fin de centrarse en actividades constructivas.
Y como informamos en mayo, las autoridades de Argentina están expandiendo un programa orientado a ofrecerles tratamiento a los menores que cometen delitos relacionados con drogas a pequeña escala, en lugar de encarcelarlos. Aunque se espera que esta iniciativa reduzca el hacinamiento en las prisiones, los funcionarios han dicho que “la implementación podría resultar difícil” porque “la población general podría resistirse a este tipo de cambios legales”.
Estos pasos son pequeños, pero han sido importantes. Igualmente, las anteriores propuestas de reforma carcelaria en Latinoamérica han recibido un gran apoyo de los diseñadores de políticas, aunque no han conducido a ninguna mejora concreta. El futuro de los sistemas penitenciarios latinoamericanos depende en gran medida de que el actual apoyo a la reforma continúe avanzando, o que ceda ante las poderosas fuerzas políticas que favorecen el statu quo.
Foto superior de Associated Press/Oliver de Ros