El gobernador de La Guajira, departamento al norte de Colombia, es acusado de tener vínculos con grupos criminales neo-paramilitares, lo que sugiere la existencia de una corrupción arraigada en una zona caliente del crimen organizado, y demuestra el potencial de los grupos criminales emergentes para infiltrarse en la política.
Varias fuentes han vinculado al gobernador Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar desaparecido, y a las organizaciones neo-paramilitares que el gobierno colombiano llama “bandas criminales” (BACRIM).
Antes de las elecciones de 2011, el centro de investigación Nuevo Arco Iris dijo que Gómez fue respaldado por Marcos Figueroa, alias “Marquitos”, líder de una banda criminal ubicada en la Guajira, que actualmente ha sido absorbida en gran parte por los Urabeños. Un informe reservado del gobierno acusó a Gómez de tener vínculos con el contrabando de gasolina y el narcotráfico, y afirmó que tuvo contactos con el Bloque Norte de las AUC. Verdad Abierta, sitio web investigativo, afirmó que Gómez fue incluido en un grupo de jefes locales de contrabando, con el que los paramilitares comenzaron negociaciones para compartir el poder en 2001, como parte de una estrategia para controlar el mercado de contrabando. Un ex paramilitar, entrevistado por Semana, respaldó estas afirmaciones, declarando que el gobernador ayudó al bloque de las AUC dirigido por Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”.
[Vea la cobertura de InSight Crime sobre la herencia de las AUC en Colombia]
Gómez también enfrenta acusaciones de participar directamente en el homicidio de dos mujeres de La Guajira en 2012; la primera, una ex alcaldesa, y la segunda, la hija de un líder indígena Wayuu. Ambas mujeres fueron asesinadas en 2012 y sus madres dicen que habían recibido amenazas de muerte previas vinculadas a Gómez, según Semana.
Una de las mujeres asesinadas, Yandra Brito Carillo, había culpado anteriormente a Gómez por el homicidio de su marido en 2008, poco después de haber terminado un período como alcaldesa sucesora (elegida a dedo por Gómez) del pequeño pueblo de Barrancas. Sus presuntos asesinos, arrestados en octubre de 2012, presuntamente habían trabajado para los Rastrojos y los Urabeños.
La otra víctima de homicidio, Martha Hernández Sierra, era la ex esposa de otro ex gobernador de La Guajira y ella misma había sido señalada en 2007, por funcionarios del gobierno, como miembro principal de una red criminal emergente.
Gómez ha negado las acusaciones sobre su participación en los homicidios, calificándolos de farsa política y llamando a Hernández una “criminal”. En cuanto a sus supuestos vínculos con Figueroa, el gobernador dijo a Semana que el líder criminal es pariente de su esposa. Negó tener cualquier tipo de contacto con Figueroa, más allá de eso.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones de homicidio contra Gómez no son recuentos aislados. Han surgido preguntas sobre sus conexiones con los homicidios de otras figuras locales importantes. Uno de ellos, asesinado en 1997, es el ex concejal de Barrancas, Luis López Peralta, quien acusó a Gómez de prender fuego a la oficina del alcalde para quemar pruebas sobre algunas irregularidades. Otro, es el caso del Secretario de Gobierno de Fonseca, Wilson Martínez, quien acusó a Gómez de hacer uso de los fondos públicos para gastos personales. Él fue asesinado en 2001. Un paramilitar que participó en el asesinato de Martínez dijo que las órdenes fueron dadas por Gómez.
La historia de Gómez está plagada de conexiones criminales e inconsistencias. Él es un pariente de Jorge Gnecco Cerchar, un empresario que fue uno de los primeros paramilitares y trabajó con Salvatore Mancuso en el departamento (provincia) del Cesar en 1996. Gómez fue supuestamente también un socio del zar del contrabando, Samuel Santander Lopesierra, alias el “Hombre Marlboro”, extraditado a Estados Unidos por tráfico de cocaína. En 1991, Gómez estuvo un tiempo en la cárcel por cargos de posesión de armas y cocaína, antes de comenzar su carrera política como concejal de Barrancas en 1992. Además, el Consejo Nacional Electoral acusó a Gómez de irregularidades en el proceso electoral de 2011, multándolo con 20 millones de pesos por hacer campaña política fuera del plazo legal de tres meses.
La corrupción gubernamental y los vínculos con los paramilitares – conocidos allí como “parapolítica” – están profundamente arraigados en Colombia. En el año 2000, Jorge 40 eligió a dedo los candidatos a postularse para un cargo en el Magdalena Medio (región central de Colombia) e incidentes similares ocurrieron en los Llanos Orientales y en la región del Urabá. Oficialmente desde 2011, 103 funcionarios electos, entre 1997 y 2010, estuvieron bajo investigación por presuntamente recibir apoyo de las AUC.
Como ha señalado InSight Crime, no se considera que las BACRIM tengan los mismos objetivos ideológicos y políticos que sus predecesores, ya que están más interesadas en obtener ganancias que ganar apoyo político. No obstante, esto no quiere decir que no tengan la necesidad de desarrollar vínculos con funcionarios del gobierno; antes de las elecciones de 2011 en Colombia, InSight Crime proyectó que seguramente las BACRIM jugarían un papel importante en el apoyo, la cooptación y la formación de alianzas con políticos que sirvieran a sus intereses mineros, de contrabando y de narcotráfico.
Gómez no es el único gobernador en tener supuestos vínculos con un grupo BACRIM. El ex gobernador de Guaviare, Óscar López, fue condenado en 2011 por la Corte Suprema por tener lazos políticos con Pedro Guerrero, alias “Cuchillo”, otrora líder del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC). El caso de Gómez, desde entonces, es el ejemplo más conocido de un gobernador en pleno mandato en ser acusado de tener vínculos con las BACRIM.
La presencia del crimen organizado en La Guajira va mucho más atrás. Desde finales de los años noventa, el narcotráfico era controlado por las AUC y, tras su desmovilización en 2006, tanto las pandillas callejeras como las BACRIM competían por el control del comercio. Arnulfo Sánchez González, alias “Pablo”, estableció lo que se convirtió en la BACRIM de la Alta Guajira, más tarde controlada por su sucesor, “Cobra”, y ahora controlada por Marcos Figueroa. Los Urabeños tienen una presencia significativa en la región, mientras que los Paisas, Rastrojos y posiblemente el ERPAC lucharon todos, en distintos momentos, por el control.
[Vea la cobertura de InSight Crime sobre las BACRIM]
Adicionalmente, la ubicación de La Guajira como un punto clave para la actividad ilegal en Colombia puede ayudar a explicar las supuestas conexiones del gobernador. El departamento cuenta con una industria de contrabando en auge – gas, alimentos, armas – con productos siendo contrabandeados desde Venezuela; alimentada por la escasez de recursos naturales en la mitad superior de La Guajira. La región es también un punto de partida clave para envíos de drogas dirigidas a Venezuela y las islas del Caribe. Además, La Guajira tiene una gran cantidad de dinero como producto del carbón, es decir, el crimen organizado tiene un incentivo especial para tratar de extorsionar los presupuestos de los gobiernos locales.
Si el gobernador de La Guajira fuese acusado formalmente, enviado a juicio y declarado culpable, el caso sería importante para sacar a la luz las posibles conexiones entre funcionarios gubernamentales y la nueva generación de BACRIM. También se plantean cuestiones sobre qué otros gobernadores y altos funcionarios del gobierno podrían estar involucrados con las BACRIM, especialmente en otros departamentos que tradicionalmente fueron bastiones de las AUC. El tiempo dirá si este es sólo un caso aislado.