El sector de seguridad privada en Centroamérica es grande y está creciendo rápido, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la falta de una supervisión adecuada de la industria, así como de la falta de recursos para la aplicación de la ley en la región.
Según un informe de AFP, los países de Guatemala, El Salvador, y Honduras, del Triángulo del Norte, tienen la concentración más grande de empresas de seguridad privada en la región. La agencia de noticias cita cifras publicadas recientemente por la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP), las cuales sitúan el número de personal de seguridad privada en Centroamérica en más de 200.000.
El analista de seguridad Omar Garrido dijo a la AFP que la cifra podría incluso ser mayor, con ese número de personal de seguridad privada empelado sólo en el Triángulo del Norte, y más de 300.000 en toda la región.
La investigación encontró que los guardias de seguridad superan en número a la policía en Guatemala, en una relación de cuatro a uno. En Honduras, la nación más violenta del mundo en términos de su tasa de homicidios, hay más del doble de personal de seguridad privada con respecto a los oficiales de policía (29.000).
Incluso en Costa Rica, considerada un bastión de relativa seguridad e imperio de la ley en Centroamérica, hay el doble de la cantidad de guardias de seguridad con respecto a los 13.000 policías.
Lo que es más, la demanda por estos servicios va en aumento. Según la AFP, la industria de seguridad privada en la región en general está creciendo en un 8 por ciento anual.
Análisis de InSight Crime
Una de las principales preocupaciones sobre la industria de seguridad privada en Centroamérica es que ésta carece de una regulación adecuada, y que los guardias podrían estar involucrados en actividades ilegales. En Honduras, por ejemplo, los guardias de seguridad han sido vinculados con la violencia en el conflicto de tierras en la región del Bajo Aguán. Según los grupos de derechos humanos, tanto internacionales como nacionales, estos guardias intimidan y se enfrentan con los habitantes locales por orden de compañías agrícolas de gran escala.
En El Salvador – donde hay unos 25.000 agentes de seguridad privados en comparación con la fuerza de la policía nacional de 20.000 – el papel de la seguridad privada ha sido objeto de escrutinio por supuestos vínculos con el tráfico ilegal de armas. En 2011, el gobierno anunció que más de 1.700 armas de fuego, utilizadas por compañías de seguridad privada desde 2009, habían sido vendidas en el mercado negro, después de haber sido reportadas como desaparecidas.
Las autoridades han demostrado un creciente interés por regular la industria en Guatemala, donde el personal militar ha sido acusado de coordinar con las empresas de seguridad privada, los llamados Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), actuando a menudo a favor de poderosas redes de narcotráfico. En 2010, el gobierno aprobó una ley que exigía a las empresas de seguridad registrarse en el estado, y explícitamente prohibía al personal militar en servicio activo trabajar con empresas privadas en cualquier forma. Sin embargo, a febrero, sólo dos de las 150 empresas de seguridad registradas en el país habían comenzado el proceso de registro.
A pesar de los problemas asociados con las empresas de seguridad privada en Centroamérica, éstas pueden ser una herramienta necesaria para las empresas que hacen negocios en la región, las cuales a menudo se encuentran asediadas por amenazas y delitos violentos. En la capital hondureña de Tegucigalpa, por ejemplo, más del 90 por ciento de las empresas reportaron haber experimentado amenazas, la mayoría en forma de intento de extorsión. Las fuerzas policiales en la región a menudo carecen de recursos para proteger adecuadamente al sector privado de estas fuerzas criminales, dando lugar a la demanda de seguridad privada.
La situación ha afectado la salud económica de la región. Analistas del Banco Mundial estiman que la violencia en Honduras le cuesta al país el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, a pesar del alto costo del crimen para la economía, las asociaciones empresariales y las elites económicas se han opuesto en gran medida a los intentos de los gobiernos en la región por establecer “impuestos de seguridad”, destinados a inyectar fondos para los esfuerzos de lucha contra el crimen.