Las empresas de seguridad privada se han multiplicado en Ecuador a medida que el crimen se ha intensificado, pero las crecientes pruebas de infiltración criminal en la industria sugieren que puede estar sirviendo a los delincuentes tanto como al sector privado y al gobierno.

Por ejemplo, recientemente se conoció el caso de Carlos Joel G.C., alias “Carlitos”, un narcotraficante de Guayaquil que dirigía una de “las organizaciones más grandes y sofisticadas” del país, según el Ministerio del Interior. Carlitos utilizaba una flota de vehículos blindados para transportar cocaína a las camaroneras que rodean los numerosos estuarios de Guayaquil. Desde allí, lanchas rápidas transportaban la droga, a menudo en cantidades de varias toneladas, a buques de carga alrededor de las terminales portuarias de la ciudad.

Un aspecto crucial de esta operación, destacaron las autoridades, eran las empresas de seguridad privada legalmente registradas por Carlitos, que permitían que sus operaciones pasaran desapercibidas para las autoridades.

A continuación, InSight Crime examina cómo se ha expandido la industria de la seguridad privada en Ecuador, y por qué es cada vez más vulnerable a la infiltración criminal.

El auge de la seguridad privada en Ecuador

Las empresas de seguridad privada se han convertido en socios esenciales para las empresas y el gobierno ecuatoriano en la lucha contra el crimen organizado, y como resultado la influencia de la industria ha crecido.

El auge de la seguridad privada ocurre pese a las medidas de mano dura impulsadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, tras una ola de actividad criminal sin precedentes. El impacto de esta estrategia militar ha sido desigual. Aunque el gobierno ha afirmado en repetidas ocasiones que los homicidios han disminuido ligeramente este año, los delitos predatorios como la extorsión, el secuestro y el robo siguen aumentando en muchas partes del país, según informes de medios de comunicación locales.

“He tenido varias reuniones con las Fuerzas Armadas y la policía y nada funciona”, dijo a InSight Crime un líder empresarial del área metropolitana de Guayaquil, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias. “Estamos abandonados”.

Los servicios de seguridad privada han entrado a llenar estos vacíos, proporcionando mayor vigilancia, escoltas armados y verificación de antecedentes de los empleados, en un esfuerzo por proteger a las empresas de algunas de las amenazas que representan los grupos criminales.

En 2023, los ecuatorianos gastaron U$922 millones en estos servicios, según un informe de Vistazo, frente a $745 millones en 2016. Con el aumento de la demanda de este tipo de servicios, el número de empresas de seguridad nuevas saltó de 134 en 2022 a 194 en 2023, según una investigación de Connectas.

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El gobierno de Ecuador, tal vez reconociendo las deficiencias de su estrategia de seguridad, también ha recurrido a la seguridad privada en busca de apoyo. Por ejemplo, la Policía Nacional ecuatoriana presentó en julio un nuevo programa que permite el intercambio de información y sistemas de vigilancia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las empresas de seguridad privada. Esta iniciativa es consecuencia de la revisión de la Ley de Seguridad y Vigilancia Privada que entró en vigor en febrero, por la que se creó una subsecretaría en el Ministerio del Interior para supervisar la colaboración entre las empresas de seguridad privada y la policía.

El gobierno también ha modificado leyes para facilitar el crecimiento del sector. Ha flexibilizado las normas sobre posesión de armas para las empresas de seguridad privada, permitiéndoles aumentar sus arsenales a un menor costo. En respuesta a las presiones de la industria de seguridad privada, Noboa redujo en junio el impuesto sobre armas y municiones del 300% al 30%, como parte de una flexibilización más amplia de las regulaciones sobre la propiedad privada de armas que comenzó en abril de 2023 con el fin de una prohibición de 12 años sobre la propiedad civil de armas de fuego. La restricción había dificultado la compra de armas por parte de las empresas de seguridad privada, según un informe de junio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Los criminales invaden un sector vulnerable

Aunque las empresas de seguridad privada aumentan la mano de obra disponible para luchar contra los grupos criminales, también se han convertido en herramientas atractivas para los delincuentes que buscan legitimar sus actividades y construir arsenales.

A través de procesos judiciales corruptos o por otros medios, muchos miembros de grupos criminales en Ecuador han logrado evitar condenas, lo que les ha ayudado a eludir los sistemas regulatorios del gobierno para obtener o crear empresas de seguridad.

Uno de estos casos se produjo en la zona de Guayaquil, donde Stalin Rolando Olivero Vargas, alias “El Marino”, un importante líder de los Lagartos, una pandilla asentada en la ciudad, era propietario de una empresa de seguridad, según una investigación de Connectas. Aunque Olivero aparecía en la lista de los más buscados por el gobierno y se enfrentaba a múltiples cargos relacionados con armas de fuego, nunca fue condenado, lo que permitió a su empresa pasar los procesos de control del gobierno, según la investigación.

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Una vez que un grupo criminal establece una empresa de seguridad, prácticamente legaliza su presencia, dijeron a InSight Crime funcionarios del gobierno y de seguridad. Esto no solo los protege de las autoridades, sino que les proporciona un conducto para lavar dinero, al tiempo que les permite proyectar poder e influencia como una fuerza armada en las calles.

Por ejemplo, Junior Roldán, alias “JR”, un exlíder de los Choneros asesinado en mayo de 2023, estaba vinculado a una empresa de seguridad registrada a nombre de su ex pareja y de su hijo. JR utilizó la empresa para actividades de relaciones públicas, incluso entregando regalos de Navidad a los niños de El Triunfo, cerca de Guayaquil, en colaboración con el gobierno municipal de la localidad, según reportó Primicias.

En algunos casos, los criminales incluso se hacen pasar por empresas de seguridad privada para extorsionar a las empresas locales de Guayaquil, dijo César Llaguno, jefe de operaciones de Segura EP, la empresa municipal de seguridad de Guayaquil.

“El sector incluso les paga una mensualidad pensando que ellos son una empresa de seguridad”, dijo Llaguno a InSight Crime en abril. “Pero no son una empresa de seguridad”.

La capacidad de las empresas de seguridad para importar armas legalmente, ahora con impuestos mucho más bajos, también atrae a los grupos criminales. Al contar con permisos legales, pueden importar y portar armas sin temor a la intervención policial, una ventaja para los grupos criminales cuyas operaciones giran en torno al uso de la fuerza mientras evitan ser capturados. Olivero, por ejemplo, legalizó 76 armas para su empresa, según descubrió la investigación de Connectas.

“[Si] me detiene un procedimiento de la policía, me consiguen armas, me van a detener”, dijo a InSight Crime el jefe de operaciones de una empresa de seguridad de Guayaquil, que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. “Pero si está a nombre de un tercero, de una empresa de seguridad que está legalmente autorizada para portar armas, yo no estoy haciendo nada ilegal”.

El robo de los depósitos de armas de las empresas de seguridad también es un riesgo, dijo a InSight Crime Jorge Villacreses, presidente de la empresa de seguridad privada Cuport. Villacreses citó un ejemplo reciente en Durán. Según Extra, tres guardias de seguridad privada, junto con otros dos individuos vestidos de policías, mataron a dos de sus compañeros mientras robaban armas de su empleador.

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Además, los grupos criminales pueden aprovecharse de la relación cada vez más estrecha entre las empresas de seguridad privada y el gobierno. De hecho, los grupos delictivos ya se han infiltrado en los consejos municipales de seguridad y las autoridades de tránsito, utilizando su infraestructura de vigilancia para evadir las operaciones de las fuerzas de seguridad.

Aunque los casos más sonados, como los de Carlitos y JR, han acaparado los titulares, los líderes del sector de la seguridad privada y los funcionarios gubernamentales declararon a InSight Crime que sospechan que se trata de un problema generalizado.

“Hay muchas empresas nuevas que no sabemos ni de dónde vienen”, dijo Villacreses a InSight Crime, y agregó que puede haber “más de una docena” en el país que podrían estar directamente vinculadas a grupos criminales.

Imagen destacada: Un guardia de seguridad vigila la celebración del referéndum en Ecuador en abril de 2024. Crédito: Anastasia Austin, InSight Crime.