Convictos fueron capaces de presionar al gobierno venezolano a transferir a más de 2.500 detenidos a su prisión con el objetivo de cobrarles extorsiones, lo que demuestra la peligrosa falta de control oficial sobre el sistema penitenciario del país.
A finales de julio 2016, líderes de presos secuestraron a más de 23 empleados del Ministerio para Servicio Penitenciario en la Penitenciaría General de Venezuela, una de las cárceles más grandes del país ubicada en San Juan de los Morros, a 250 kilómetros al occidente de Caracas.
No es la primera vez que trabajadores del ministerio o incluso policías encargados de vigilar las cárceles del país son sometidos para llamar la atención pública en torno a algún problema relacionado con la vida cotidiana de los internos. Las protestas generalmente han sido motivadas por el hacinamiento en las celdas o la deficiente alimentación. Pero la exigencia formulada esta vez no tenía precedentes. Los reos exigían el traslado hacia esa prisión de por lo menos 3.000 detenidos en instalaciones policiales dispersas en todo el país.
De acuerdo con el director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto, el secuestro de empleados finalizó cuando los presos verificaron la llegada de 2.380 nuevos detenidos. Con estos traslados, la población de la Penitenciaría General de Venezuela ascendió en un fin de semana a cerca de 10.000 personas.
Todo esto, indicó Nieto, elevará los ingresos para los líderes de los presos, quienes cobran una cuota de extorsión semanal a cada interno. A este pago compulsivo se le llama “causa”.
Cautivos una semana
El secuestro comenzó entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto, un lunes. Una de las víctimas relató que al principio fueron divididos en dos grupos: unos permanecían en la biblioteca de la cárcel y otros en una oficina administrativa. El último en quedar en poder de los presos fue un transportista de alimentos.
Durante tres días la situación fue de confusión. Los líderes de los reos en Venezuela son llamados “prams”, y el “pram” Franklin Hernández Quezada, alias Viruviru o La Guaira, exigía la presencia de la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela.
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La funcionaria ofreció que enviaría a un delegado. Pero esto no sucedió. A los rehenes les aseguraron que los matarían si el Gobierno no accedía a las peticiones de los internos. Según el empleado que estuvo cautivo durante toda la semana, el miércoles 3 de agosto se presentó en la penitenciaría el ex ministro de Deportes Antonio Alvarez Cisneros, alias el Potro. Los presos rechazaron su intento de mediación.
Durante el cuarto día de la crisis entró en acción el viceministro para la Gestión de Paz José Vicente Rangel Avalos. El funcionario revisó el estado de los cautivos. 20 de ellos quedaron en libertad esa misma noche al iniciarse las conversaciones. Con las negociaciones comenzaron los traslados de detenidos desde comisarías y retenes policiales en Caracas, Aragua, Carabobo, Bolívar y Lara. Aunque no se llegó a los 3.000 solicitados por Viruviru la población de la cárcel se incrementó 33 por ciento en apenas un fin de semana.
Penitenciaría General de Venezuela
De acuerdo con el diputado Gilber Caro (un expresidiario que milita en el partido Voluntad Popular), en una cárcel como la Penitenciaría General “cada persona tiene un valor económico para cobrarles la causa” para los líderes de los reos.
En el caso de este penal, de acuerdo con los cálculos del director del Observatorio Venezolano de Prisiones Humberto Prado, los pagos de extorsión a los propios internos generan ganancias de aproximadamente 19 millones de bolívares mensuales. Esto equivale a US$ 19.000 de acuerdo con la fuente más citada para el actual tipo de cambio en el mercado negro, o US$ 1,9 millones según el tipo de cambio oficial.
Análisis de InSight Crime
El sistema penitenciario venezolano está en un proceso de creciente ingobernabilidad, con la excepción de los líderes de los presos que las gobiernan desde adentro. Los líderes de los presos o “prames” son los verdaderos factores de poder dentro de esas instalaciones.
La crisis penitenciaria, además, está produciendo una réplica de estructuras criminales en los retenes policiales, es decir, instalaciones bajo el cuidado de las policías preventivas y de investigación donde los detenidos no deberían permanecer más de 96 horas.
Mientras se desarrollaba el secuestro de empleados en la Penitenciaría General estallaron dos granadas en el retén de Alayón, estado Aragua, durante el intento de fuga de un pram. La Fiscalía informó que hubo cinco muertos y otros treinta heridos.
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Por otra parte, el éxito de los reos en Guárico generó un modelo de acción para las bandas criminales en los otros internados judiciales. Esta semana fueron llevados al penal de Puente Ayala 1.800 detenidos desde retenes y comisarías del oriente del país, ante la amenaza de un nuevo secuestro.
La crisis en la Pentienciaría General además dejó en entredicho el liderazgo de Varela para la conducción de los asuntos penitenciarios del país. Los testigos de la negociación indicaron que el viceministro Rangel Avalos actuó en línea directa con las policías y el ministerio de Relaciones Interiores.