Un informe realizado por un reconocido comité de expertos analiza la nueva estrategia de seguridad en Tamaulipas, uno de los estados del norte de México que se mantiene en constante conflicto.
En octubre del año pasado, el Instituto México del Wilson Center publicó el Plan Tamaulipas: una nueva estrategia de seguridad para un estado en conflicto (Plan Tamaulipas: A New Security Strategy for a Troubled State). Escrito por Christopher Wilson y Eugenio Weigend, el informe analiza un nuevo programa de seguridad lanzado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2014.
La nueva estrategia surgió en medio de un período de conflicto prolongado entre los dos grandes grupos criminales que controlan la región, los otrora aliados y ahora enemigos, Los Zetas y el Cartel del Golfo. El Plan Tamaulipas se basa en tres pilares: el desmantelamiento de los grupos criminales existentes; la eliminación de rutas de contrabando, ya sea de dinero y armas que ingresan a México o de droga e inmigrantes indocumentados que se dirigen a Estados Unidos, y la conformación de organismos de seguridad “suficientes, eficientes y confiables” a nivel local.
Para alcanzar estos objetivos, el gobierno anunció que planea enviar unas 4.000 tropas federales, que incluyen miembros del ejército, la marina, la policía federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Según Wilson y Weigend, las tropas emplearán una serie de tácticas en la búsqueda de estos tres objetivos estratégicos. Entre otras cosas, el gobierno prometió aumentar los patrullajes en las ciudades portuarias, en los cruces fronterizos y a lo largo de autopistas de alto tráfico; facilitar la denuncia anónima de delitos; aumentar la coordinación entre los diferentes organismos y niveles del gobierno, y construir redes de contrainteligencia más fuertes con el fin de atacar más efectivamente a las operaciones delictivas.
Análisis de InSight Crime
De alguna manera, la necesidad de un plan específico para Tamaulipas es evidente. Este estado es el territorio de los que tradicionalmente han sido los grupos más poderosos de los Zetas y el Cartel del Golfo. Durante mucho tiempo, estos grupos han significado una amenaza para el sistema político local; para mencionar solo un ejemplo, se sospecha que Los Zetas acribillaron al candidato favorito para la gobernación en 2010.
Los crímenes cometidos por sus grupos incluyen algunos de los más atroces actos de violencia recientes contra la población civil, como las masacres de migrantes que pasan por la región o, en el estado vecino de Nuevo León, el incendio de un casino que supuestamente se negó a pagar extorsiones. La tasa de homicidios del estado ha disminuido de su nivel máximo de 1.016 en 2012 a solo 628 en 2014, pero la extorsión y el secuestro (del que los civiles son blanco de manera desproporcionada) siguen estando muy por encima del promedio nacional.
Además, el control que ambos grupos ejercen sobre sus respectivas porciones de Tamaulipas y los estados circundantes —que incluyen varios de los principales puertos de entrada a Estados Unidos— se ha debilitado gracias a una campaña que ha logrado abatir a varios de sus antiguos dirigentes. Un plan de seguridad correctamente ajustado podría ayudar a evitar los peores efectos de un prolongado vacío de poder.
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De cierta manera, el plan esbozado en el informe promete ser un poco más completo que la usual inundación de efectivos militares en una zona asolada por la violencia. Incluye muchos más detalles de los que se observaron cuando, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón se comprometió con un despliegue militar a gran escala en Juárez.
Pero también hay razones para preocuparse por la eficacia del Plan Tamaulipas. Una es la poca continuidad: aunque los despliegues militares contra los narcotraficantes han recibido mucha más atención en los últimos años, en realidad se han estado presentando por décadas, y a menudo no tienen un efecto a largo plazo sobre la seguridad. Esto tiene sentido: es mucho más fácil para una organización de narcotraficantes mantener un perfil bajo temporalmente o alterar sus prácticas en respuesta a un despliegue militar, que para una operación militar atacar las causas profundas de la inseguridad.
Aunque la promesa de ayudar a conformar organismos locales de seguridad más fuertes es loable, y de hecho es vital, no hay nada que sugiera que los 4.000 nuevos efectivos tendrán la capacidad de hacerlo. Las promesas del gobierno de promover los informes anónimos son adecuadas como un pequeño paso para aumentar la cooperación y la confianza de la comunidad en la policía local. Pero como un paso hacia la construcción de instituciones fuertes capaces de hacer frente a organizaciones criminales poderosas, no son más que paños de agua tibia.
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También resulta claro que las promesas de aumentar la coordinación entre los organismos gubernamentales son simple respuestas ante las demandas de relaciones públicas en la nueva estrategia. El énfasis en la coordinación es una vieja muletilla de la seguridad mexicana, pero las palabras bonitas a menudo hacen poco por enfrentar la corrupción endémica o por crear mecanismos de colaboración perdurables, no solo entre los diferentes organismos, sino también con los líderes de la sociedad civil.
Por otro lado, el Plan Tamaulipas hace poco por reparar al tejido social del estado. En este plan no hay nada de los cientos de millones de dólares que el gobierno invirtió en instituciones sociales en Todos Somos Juárez, el programa que el gobierno de Calderón lanzó para Juárez en 2010. Tal vez esto se debe a que la seguridad en Tamaulipas es hoy mucho mejor que la situación de Juárez en 2010. Pero todos los ingredientes para la perturbación de la seguridad están en Tamaulipas: grupos criminales beligerantes, valiosas rutas de contrabando y débil presencia del gobierno, y un poco de previsión gubernamental es quizá la mejor manera de evitar el deterioro.