En momentos en que la tregua de las pandillas en El Salvador ofrece una esperanza de que pueda transformarse en algo más duradero, InSight Crime mira las lecciones del proceso de paz de Colombia una década antes, con el ejército paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El 12 de marzo, los medios salvadoreños reportaron que el país había pasado las 24 horas más pacíficas de los útimos tres años, con solo dos homicidios, en comparación al promedio diario de 13. La tendencia continuó los siguientes días, con niveles extraordinariamente bajos de violencia en un país que se ha convertido en uno de los más peligrosos.
Pronto, el sitio de internet investigativo El Faro reportó que el gobierno había ofrecido concesiones a líderes pandilleros encarcelados a cambio de una reducción en la violencia. Días después la altos funcionarios de la Iglesia Católica salieron a decir que habían negociado una tregua entre la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Desde el comienzo, el gobierno negó cualquier participación en esto. Sin embargo, con las ganancias en términos de seguridad, de la tregua que ya lleva cuatro meses, y los homicidios en niveles 60 por viento más bajos que antes de la tregua, el gobierno está buscando convertir la tregua en un acuerdo de paz duradero.
Los líderes pandilleros se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, a quien le presentaron una lista de demandas, incluso llevando a la mesa la cuestión del desarme, llevando a cabo una entrega de armas “simbólica” (foto arriba). El gobierno ha respondido; el Presidente Mauricio Funes declaró que “la tregua ha creado un escenario diferente que permite al gobierno considerar un acuerdo nacional”. Países vecinos como Honduras y Guatemala, impresionados con la reducción en la violencia, han expresado su interés en implementar un modelo similar para atacar sus propios problemas de violencia pandillera. Existe cada vez más la posibilidad de que la tregua se convierta en un acuerdo de paz duradero.
En este momento delicado para El Salvador, vale la pena mirar las lecciones que ofrece Colombia, que embarcó en su propio programa para desmovilizar los ejércitos paramilitares hace casi 10 años.
Paz con los Paramilitares
En diciembre de 2002, cuatro meses después de que Álvaro Uribe se posesionara como presidente de Colombia, las AUC declararon un cese al fuego unilateral. Las raíces de la organización estaban en grupos formados en los años ochenta para proteger a los terratenientes y narcotraficantes de las guerrillas, pero en los siguientes 20 años se convirtió en una federación narcotraficante responsable de masacres y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En julio de 2003, el gobierno y las AUC anunciaron un acuerdo para llevar a cabo una desmovilización completa de las fuerzas paramilitares para 2006. Más de 31.000 supuestos combatientes pasaron por ceremonias de desmovilización, entregando armas y equipo, y muchos ingresaron a programas gubernamentales para reintegrarse a la sociedad. Las AUC ya no es una fuerza en Colombia; sus máximos líderes están todos muertos o encarcelados, muchos de ellos en Estados Unidos.
El país ha sido más pacífico desde entonces. Las estadísticas de la policía colombiana, citadas por las Naciones Unidas, muestran una caída en la tasa nacional cuando comenzaron las negociaciones. Desde 1995 hasta 2002, la tasa varió entre 60 y 71 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas en el mundo. En 2003 había bajado a 56, y desde entonces ha ido reduciéndose constantemente, hasta los niveles de los 30 actualmente. Un diario en 2007 señaló una reducción del 13 por ciento en homicidios, en promedio, en áreas donde los paramilitares se habían desmovilizado, calculando que se habían prevenido aproximadamente 2.800 muertes gracias al proceso de paz. La mejorada situación de seguridad es, por supuesto, consecuencia de muchos factores, particularmente la ofensiva del gobierno contra los grupos guerrilleros, pero la desmovilización paramilitar jugó su parte. Cuando menos, acabó con las masacres a gran escala que eran características de las AUC.
El impacto de la tregua salvadoreña puede ser mayor que la desmovilización colombiana. Desde que la tregua empezó hace cuatro meses, los homicidios han pasado de 13 diarios a 5 en promedio, lo que significa que casi 1.000 vidas se han salvado, en un país con un sexto de la población de Colombia al momento del proceso de paz con los paramilitares.
En ambos casos, está el potencial de eliminar los mayores contribuidores de violencia. En El Salvador, el gobierno acusó a las pandillas de ser responsables del 90 por ciento de los homicidios del país, una acusación que ha sido criticada, pero que empezó a verse más plausible luego de que los homicidios hayan sido reducidos un 60 por ciento bajo las órdenes de sus líderes. De la misma forma, se estima que las AUC era el mayor contribuidor de violencia en Colombia a finales de los noventas y a principios de siglo.
Una fábula como advertencia
Son más las lecciones por sus fracasos que ofrece el proceso de paz de Colombia, que por sus éxitos limitados. La desmovilización en Colombia es considerada un fracaso, ya que un gran número de combatientes se unió a grupos sucesores del paramilitarismo o a carteles de narcotraficantes que se apoderaron de muchas estructuras criminales antiguas de las AUC. El gobierno insiste en llamar a estos grupos “bandas criminales” (BACRIM), asegurando que no guardan relación con los paramilitares, aunque muchos de sus líderes fueron comandantes de rangos medios en las AUC. Estas se han apoderado de muchas de las mismas actividades criminales, usando las mismas redes y atacando las áreas civiles que controlan.
Como señala un reporte de 2010 de Human Rights Watch, el ascenso de las BACRIM se debe en gran parte a las fallas del proceso de de desmovilización en Colombia para “desmantelar las redes criminales de las AUC y sus estructuras de apoyo financieras y políticas.”
Las maras salvadoreñas no cuentan con el mismo tipo de redes financieras o políticas que los paramilitares, y no están involucradas en el crimen organizado al mismo nivel. LA MS13 y Barrio 18 han evolucionado en la última dÈcada, desde sus principios como pandillas de barrio conectadas vagamente a nivel nacional, pero siguen siendo pandillas callejeras que obtienen gran parte de su financiamiento de la extorsión. Están involucradas en el tráfico de drogas como vendedores en las calles (conocido como microtráfico o narcomenudeo), pero no controlan la distribución mayorista del producto, y no lidian con organizaciones internacionales de narcotraficantes.
Sin embargo, sus redes se enraízan en las comunidades donde se encuentran ubicadas. En muchas áreas ejercen control social, sustituyendo al gobierno, cobrando “impuestos” a los vendedores ambulantes y previniendo que entren grupos rivales. Sería importante que el gobierno salvadoreño acabara con este control, y llevara presencia estatal a áreas bajo el control de las pandillas. Si esto no se logra, las nuevas estructuras criminales ascenderán para tomar el lugar de las maras, si llegaran a desmovilizarse. Human Rights Watch, dijo que el gobierno colombiano no aprovechó el proceso de desmovilización para “interrogar minuciosamente a los paramilitares desmovilizados sobre el conocimiento de los bienes, contactos y operaciones criminales del grupo, para investigar sus redes criminales y fuentes de apoyo y desmantelarlas.” Las autoridades salvadoreñas deberían tomar nota y usar la oportunidad para abogar por el desmantelamiento de las redes de extorsión de las pandillas.
El proceso de desmovilización colombiano también falló en no procesar judicialmente a los miembros de las AUC por los crímenes más serios. El acuerdo era que quedarían libres quienes no tuvieran acusaciones serias de violaciones de derechos humanos, los cuales recibirían un máximo de ocho años en prisión, compensando el resto con la reparación a sus víctimas y declaraciones públicas de sus acciones. Hasta ahora, siete años han pasado desde que la Ley de Justicia y Paz fue implementada, sólo ha habido siete condenas. Muchos de los líderes de las AUC están cumpliendo condenas más largas, luego de ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, lo que significa que muchos han dejado de cooperar con la justicia colombiana.
Si el Salvador se mueve hacia un proceso de paz completo, el gobierno debe asegurarse de que los miembros responsables por serios abusos sean llevados a la justicia. Como señaló el Crisis Group al comienzo del proceso de paz colombiano, “sería desastroso permitir que hombres con armas crean que pueden llevar a cabo terribles atrocidades hoy y ser perdonados mañana.” Con cada proceso de paz debe haber un balance entre la paz (que acabe el conflicto) y la justicia (que asegure que los culpables sean castigados), pero permitir la impunidad por crímenes serios no asegura un proceso de paz duradero.
Dos conflictos
La diferencia entre las maras salvadoreñas y los paramilitares colombianos son enormes. Las AUC eran parte de un conflicto civil que involucraba más actores, incluidas las guerrillas que aún siguen combatiendo hoy. Tenían vínculos profundos con el establecimiento político y militar, mientras que las maras no, y llevaban a cabo actos brutales y masacres a mayor escala. Por su parte, El Salvador presenta su propia serie de problemas, incluyendo una enemistad histórica entre dos de las pandillas que hacen parte de la tregua hoy.
Por supuesto, el efecto de un acuerdo de paz en El Salvador puede ser al revés que en Colombia. A través del proceso de desmovilización, los paramilitares colombianos dejaron de lado gran parte de su posición ideológica y se transformaron en las BACRIM, que han omitido la retórica política y ejercen menos control social en sus territorios, enfocándose más en el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. De acuerdo al analista Douglas Farah, que ha entrevistado a varios miembros de pandillas en El Salvador, desde que la tregua fue declarado, los pandilleros se están preparando para una inserción a la política. En un reporte publicado por el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (Center for Strategic and International Studies), predijo que los resultados de las treguas “van a implicar una reducción a corto plazo de sus actividades, mientras las pandillas se transforman en actores políticos”, y reportó que los pandilleros están armando planes para apoyar candidatos políticos a cambio de protección y el control de sus agendas políticas.
En Colombia, si bien las AUC no existen más, el tráfico de droga se mantiene. En El Salvador, incluso si se logran desmovilizar a los miembros de las pandillas, los factores que causan que los jóvenes se unan a las pandillas, como la exclusión social y el desempleo, seguirán existiendo.