Guatemala está en conmoción: la ex vicepresidenta Roxana Baldetti está tras las rejas, y al presidente Otto Pérez Molina se le pide constantemente su renuncia. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Aquí se exponen cinco razones.
1. El presidente y la vicepresidenta fueron demasiado ambiciosos. Según todo indica, las múltiples estafas que se presentaron en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, donde estalló este escándalo, han estado ocurriendo por años. De hecho, como lo señala un informe de Plaza Pública, algunos de los militares que tuvieron un papel central en el escándalo actual son exactamente los mismos que estuvieron involucrados en una estafa similar hace casi dos décadas.
Sin embargo, parece que el régimen de Pérez Molina alteró el statu quo. Lo que comenzó como un rasguño en la SAT se convirtió en comisiones cada vez más onerosas. Los importadores pudieron haber aceptado los sobornos al principio, especialmente teniendo en cuenta que a cambio recibían incentivos fiscales por no tener que declarar demasiadas mercancías en las fronteras. Pero una vez estos pagos comenzaron a afectar profundamente sus balances, acudieron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
2. La CICIG tiene ahora más experiencia y mejor liderazgo. Siendo una entidad autorizada por Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CICIG tiene credibilidad en este caso. Muchos creen que éste es un saneamiento, al parecer definitivo, de un régimen corrupto.
Sin embargo, la comisión de la ONU contra la impunidad no ha sido siempre tan heroica. Durante sus ocho años en el país, la CICIG ha tenido sus altibajos, incluyendo la embarazosa salida de su primer comisionado en medio de rumores de infidelidad y acusaciones de un pacto con las élites económicas tradicionales para evadir ciertas investigaciones de los tribunales, y, por otro lado, la ineptitud, o inacción, del segundo comisionado.
Actualmente la CICIG hace un mejor trabajo, cuenta con un comisionado más convincente, el juez colombiano Iván Velásquez, y tiene la experiencia de ocho años de investigaciones judiciales. Esta enorme acumulación de experiencia y liderazgo permitió adelantar la investigación actual. Velásquez, en particular, ha sido una revelación; ha descifrado el mundo criminal de Guatemala y lo ha puesto en evidencia, mostrando exactamente qué tan lejos ha llegado. Ahora le queda al sistema judicial de Guatemala realizar el resto del trabajo —lo cual no está garantizado bajo ninguna circunstancia—.
3. El Ministerio Público tiene ahora más pruebas forenses, y cuenta con un equipo de análisis y una fuerte fiscal general. El difamado Ministerio Público (que en Guatemala cumple las veces de Fiscalía) está funcionando como no lo hacía antes de que llegara la CICIG al país en 2007. En parte debido al trabajo de la CICIG, el Ministerio Público sabe ahora cómo elaborar los casos usando pruebas forenses en lugar de valerse de testigos presenciales. Ello incluye interceptaciones telefónicas y rastreo a datos de teléfonos celulares. Si a esto se agregan las nuevas leyes que les permiten a los testigos recibir beneficios por su colaboración, tenemos como resultado casos judiciales mucho más inmunes a la manipulación política y económica.
El Ministerio Público cuenta además con un amplio equipo de analistas que logran relacionar los casos de corrupción, así como casos de asesinato y extorsión por parte de pandilleros y narcotraficantes. Además ha tenido tres fiscales generales muy buenos, cuando no excepcionales. Cuando fue elegida el año pasado, se creía que la fiscal actual, Thelma Aldana, estaba comprada por el régimen de Pérez Molina, pero hasta el momento ha demostrado ser una fiscal sorprendentemente fuerte.
El resultado de todo esto son casos más sólidos, que logran llegar a las cortes. Que los tribunales tomen medidas o no es la pregunta que queda en el aire.
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4. El actual embajador estadounidense. Estados Unidos tiene una enorme influencia en toda Centroamérica. Funciona como una especie de supraélite, que aprueba medidas y actores a los que considera valiosos, y vilipendia a quienes están en contra de su voluntad. Durante gran parte del último siglo, esa voluntad ha estado dominada por una realpolitik que ha incluso socavado la democracia y la justicia.
La política estadounidense en la región está orientada actualmente por el temor de que los gobiernos centroamericanos están siendo socavados por las fuerzas criminales, y que por tanto Estados Unidos debe hacer todo lo posible por revertir esa tendencia. El embajador Todd Robinson encarna este interés. Con 20 años de experiencia, su primer cargo como embajador data de mucho tiempo atrás. Y está dejando su huella con la ayuda tanto abierta como encubierta de la CICIG y la Fiscalía General de la Nación.
5. Desesperación. Sencillamente, la CICIG estaba desesperada. La comisión hizo público el caso de La Línea unos pocos días antes de que se determinara el futuro de una comisión presidencial creada por el presidente Pérez Molina. En cierto modo, La Línea fue el último intento de la CICIG de mantenerse con vida o, más concretamente, de obtener una nueva extensión de dos años (el mandato bianual de la comisión se ha extendido ya tres veces).
La población de Guatemala también estaba desesperada. Lo que pocos esperaban tras las revelaciones del caso era que se presentara una protesta popular. La amplia y diversa gama de actores que han salido a las calles, buscando la creación de nuevos movimientos políticos o la agitación institucional, ha sido impresionante. La gota que rebosó la copa, y que quizá marca el final del régimen de Pérez Molina, sobrevino el pasado viernes, cuando, tras la impresionante revelación de la CICIG de que la estafa en su totalidad había estado dirigida desde la presidencia, la más poderosa asociación empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), pidió la renuncia de Pérez Molina.