La reciente rendición de varios pandilleros en Colombia plantea preguntas sobre la aplicación de una reforma legal diseñada para facilitar las negociaciones de paz entre el gobierno y grupos guerrilleros con motivaciones políticas.
Según una nota de El Colombiano, aparecida el 3 de noviembre, varios miembros de bandas criminales conocidas como “combos” se entregaron a las autoridades en los últimos meses, pidiendo un tratamiento especial según una reforma legal aprobada en julio.
La reforma, que se presentó como decreto de la presidencia, prevé suspender las órdenes de captura y penas de cárcel para miembros de grupos armados que hayan entablado negociaciones de paz con el gobierno.
El texto especifica que la medida no constituye un cese a los procesos legales, y que los individuos con medidas de aseguramiento u órdenes de captura suspendidas temporalmente tendrían que presentarse a las autoridades cada vez que el proceso de negociación requiera su presencia.
Las personas también deben demostrar que están contribuyendo a la construcción de la paz en un informe mensual de sus actividades enviado al Alto Comisionado para la Paz. El incumplimiento de esos requerimientos puede llevar a la anulación del estatus especial de la persona.
El presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto luego del arresto en junio de un exjefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Carlos Arturo Velandia, alias “Felipe Torres”. En ese momento, la administración de Santos estaba trabajando por el avance de un proceso de negociación con el grupo guerrillero de izquierda, y según El Colombiano, se designó a Felipe Torres como “gestor de paz” y fue liberado en los términos de la reforma como una muestra de buena voluntad.
Sin embargo, las autoridades han negado la existencia de un proceso formal de paz con los “combos”, cuyos miembros se entregaron en las últimas semanas, y han declarado que no se les ha concedido a los sospechosos un estatus de “gestores de paz”. En lugar de eso, según la nota de El Colombiano, las autoridades atribuyeron su entrega a la presión de las fuerzas de seguridad.
Análisis de InSight Crime
Como lo señala El Colombiano, la ambigüedad del decreto de julio lo deja abierto a la interpretación, lo que crea un posible vacío legal que pueden intentar aprovechar los miembros de grupos criminales no políticos. El texto afirma que el estatus de “gestor de paz” puede conferirse a miembros de “grupos armados organizado al margen de la Ley”. Y aunque la reforma hubiera aspirado a facilitar los diálogos de paz entre el gobierno y grupos de motivación ideológica, como el ELN, también cabe la posibilidad de que pueda usarse en negociaciones entre el gobierno y grupos criminales como los “combos”.
Aunque las autoridades han negado en público la existencia de negociaciones con los “combos”, en el pasado el gobierno ha negociado con grupos criminales. Uno de los ejemplos más famosos fue la entrega negociada del infame jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien se entregó a las autoridades en 1991 a cambio de promesas de no extradición a Estados Unidos y que estaría recluido en una prisión que él diseñó, con unos guardianes que él escogió. Más recientemente, los herederos de Escobar, el cartel de Medellín, una serie de grupos conocidos como La Oficina de Envigado, buscaron entrar en negociaciones con el gobierno. Sin embargo, el intento al parecer se frustró cuando el funcionario encargado de las negociaciones fue transferido abruptamente a un cargo diferente.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de la Oficina de Envigado
El tema de si la reforma mencionada debería ser aplicable o no para miembros de grupos criminales de naturaleza diferente a la política está cargado de complicaciones legales y políticas. Permitir a los pandilleros un alivio condicional de aseguramiento o detención puede facilitar negociaciones con las autoridades que ayuden a desmontar dichas organizaciones. Sin embargo, según algunos estimativos, en Colombia puede haber hasta 8.000 pandillas operando. La negociación con el ELN y sus primos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha planteado problemas importantes para el gobierno. Negociar con docenas, o cientos, o posiblemente miles de grupos más pequeños podría suponer desafíos logísticos insalvables.
Además, abrir la puerta a la cesión del estatus de “gestor de paz” a miembros de grupos criminales no políticos corre el riesgo de animar a dichos grupos a cometer actos que ellos crean que presionarán al gobierno a negociar con ellos. La organización criminal más poderosa de Colombia, los Urabeños, recientemente solicitó ser incluido en las negociaciones entre las FARC y el gobierno. El presidente Santos ha anunciado que su administración no entrará en conversaciones con grupos como Los Urabeños, a quienes se considera un grupo puramente criminal sin una agenda política real. Sin embargo, Los Urabeños mantienen una influencia política importante en muchas zonas en las que actúan, como lo evidenció un “paro armado” que el grupo promovió a comienzos de 2016 y que afectó a docenas de municipios.
Es posible que grupos como Los Urabeños puedan tratar de usar acciones similares como medio de presión para que el gobierno inicie negociaciones, si creen que esto permitirá que sus miembros aprovechen el alivio condicionado de las medidas de aseguramiento y captura que ofrece el estatus de “gestor de paz”.