El 2 de septiembre, una pequeña lancha zarpó de las costas del estado Sucre, en Venezuela, rumbo al mar Caribe. Tiempo después, un dron que sobrevolaba la zona lanzó un misil que impactó la embarcación y mató a todos los que iban a bordo.

El ataque, fulminante y preciso, acaparó la atención mundial y puso en evidencia el papel de Sucre en el narcotráfico.

“Hay más de donde vino esa. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país… Estas provenían de Venezuela”, afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su red social Truth tras el ataque. 

Las autoridades estadounidenses no precisaron muchos detalles sobre la embarcación, pero vincularon el cargamento con el Tren de Aragua, la megabanda venezolana que ese gobierno declaró como organización terrorista en enero.

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Sin embargo, la investigación de campo de InSight Crime cuestiona esta afirmación. El régimen del presidente Nicolás Maduro ha dedicado los últimos años a consolidar un control más estricto sobre el narcotráfico en Sucre a expensas del Tren de Aragua, aunque el grupo aún mantiene un bastión en el estado. 

Nuestro reportaje en el terreno arroja luz sobre la dinámica del narcotráfico en el estado y cómo podría cambiar después de los recientes ataques.

Una región dependiente del narco

La lancha destruida en el ataque zarpó del municipio Arismendi del estado de Sucre, en la Península de Paria, a 80 kilómetros de Trinidad, un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas, así como para el tráfico ilícito de migrantes.

Aunque InSight Crime no pudo precisar cuántas personas viajaban ni qué tipo de cargamento llevaba la lancha que zarpó desde Arismendi, para los vecinos de este municipio costero y otros como Valdez, Mariño y Cajigal, es cotidiano ver cargamentos cargados con droga que llegan a la región por tierra y mar, y luego es transportada al Caribe con destinos variados.

La crisis económica que afecta a Venezuela desde 2015 ha golpeado con fuerza a Sucre y a sus comunidades de tradición pesquera, llevándolas a depender del narcotráfico. 

La falta de turismo sumado a los bajos ingresos de la pesca han empujado a pescadores y pilotos de lanchas a involucrarse en el tráfico de drogas y armas así como en el tráfico ilícito de migrantes, quienes al igual que sus colegas de otras regiones costeras, son buscados por las redes de tráfico debido a su conocimiento del mar y de las rutas locales.

La lancha hundida por Estados Unidos dejó al descubierto esta dinámica. Según medios venezolanos, la mayoría de los tripulantes eran residentes de la población de San Juan de Unare, municipio Arismendi, que, pese a la amplia cobertura sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, igualmente decidieron zarpar. La desesperación los habría llevado a asumir el riesgo.

“Antes había plata por todas partes, había dólares, euros. Ya no”, relató a InSight Crime una comerciante y residente del municipio Valdez, otro de los puntos calientes para el trasiego de drogas en Sucre.  

El régimen lleva las riendas en Sucre

La importancia de Sucre en el tráfico de drogas parece haber atraído la atención del régimen de Maduro, que regula las economías criminales como medio para mantener el control político.

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El primer paso lo dio en noviembre de 2021, cuando fuerzas policiales y militares atacaron al Tren del Llano, grupo criminal oriundo del estado Guárico que, en 2020, se trasladó a San Juan de las Galdonas, municipio Arismendi, donde expulsó a la banda que tenía presencia en el territorio y estableció una facción con el objetivo de traficar drogas.

Tras presuntamente robar un cargamento de cocaína a una red de narcotráfico integrada por militares, el gobierno mató a múltiples miembros de la banda, incluyendo a su líder Gilberto Malony Hernández, alias “Malony”, en una ofensiva que un familiar de uno de los fallecidos describió a InSight Crime como “una masacre”. Esta operación le permitió al Estado tomar el control del pueblo costero.

La presencia gubernamental en los corredores de droga de Sucre se reforzó aún más en 2024, luego de la detención en Colombia de Carlos Antonio López Centeno, alias “El Pilo”, líder de una facción del Tren de Aragua en el municipio Valdez.

Además de atacar a las bandas, el régimen ha perseguido a los traficantes locales. El pasado 5 de junio, policías realizaron allanamientos en el sector El Morro de Puerto Santo, municipio Arismendi, bajo el pretexto de una presunta operación de tráfico de armas desde Trinidad.

Sin embargo, fuentes locales consultadas por InSight Crime indicaron que el motivo de la operación fue la pérdida de un cargamento de drogas vinculado a un jerarca del gobierno. Uno de ellos indicó: “Cuando hay movimiento, están peinando la zona… es alguna droga que se le perdió a gente de alto gobierno”.

El Tren de Aragua mantiene su célula

A pesar de los golpes recibidos y de la captura de alias “El Pilo”, el Tren de Aragua mantiene presencia en Sucre, sobre todo en Güiria, centro del municipio Valdez, considerado uno de los principales puntos para el trasiego de drogas por su cercanía a Trinidad y Tobago. 

A diferencia de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, donde el Estado tomó el control de los territorios tras desarticular a las bandas, en Valdez el Tren de Aragua conserva cierta capacidad de gobernanza, aunque con un poder cada vez más reducido.

Según testimonios de residentes locales, la facción imparte “justicia” y evita delitos como robos; también ordena a los jóvenes a pintar instituciones públicas como hospitales o limpiar mercados. Incluso, sus integrantes supervisan comercios para evitar abusos en medio del repunte inflacionario que vive el país.

“El ratero se cohíbe de robar. El piedrero prefiere pedir”, dijo a InSight Crime un residente del municipio Valdez. 

Sin embargo, el rol del Tren de Aragua llegaría hasta allí. El dominio real sobre el municipio costero y sus economías criminales recaería en el Estado; de allí la razón que la banda aún tenga presencia en el territorio.

Esto desmonta la afirmación de Trump, quien aseguró que la lancha hundida por Estados Unidos pertenecía a la megabanda venezolana.

Economía hundida

Ahora toda la economía de Sucre, lícita e ilícita, se ha visto trastocada por la continuación de ataques por parte de Estados Unidos, que se producen en medio de un despliegue militar antinarcóticos más amplio en el Caribe. 

Tras el ataque a lancha a comienzos de septiembre, InSight Crime pudo conocer que varios residentes de la Península de Paria que integran redes logísticas de economías ilegales huyeron del territorio, mientras que los pescadores han comenzado a limitar sus salidas al mar.

El pasado 17 de septiembre, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos dijo durante una alocución: “No iría a pescar ahorita en esa zona del mundo”.

Desde hace un año, el control del narcotráfico por parte del régimen golpeó la economía de estas poblaciones pesqueras, pues ya no trafica quien quiere y para muchos su rol se ha reducido a integrar las redes logísticas.

Los dólares americanos, trinitarios y euros que antes circulaban en abundancia gracias al tráfico disminuyeron drásticamente. Hoy, buena parte de los ingresos de los locales depende de los bonos que da el gobierno cada mes, mientras que su sustento son las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“El gobierno ha metido un poquito su mano para hacerse con el negocio”, afirmó un residente del municipio Valdez.

Pero al menos en el corto plazo, la mayoría de las operaciones probablemente sigan paralizadas.