Cómo la inestabilidad política crónica de Perú facilita el crimen organizado

La Casa de Pizarro es un imponente palacio ubicado en la plaza principal de la capital y sirve como sede del Poder Ejecutivo de Perú y residencia oficial del presidente de turno, por un mandato de cuatro años. Sin embargo, durante la mayor parte de la última década, sus ocupantes han entrado y salido mucho antes de tiempo, y esta inestabilidad ha dejado al país vulnerable frente al crimen organizado.

El 17 de febrero, su ocupante más reciente, el presidente interino José Jerí, abandonó el edificio. Era el octavo presidente del país en 10 años.

Los presidentes de Perú en este periodo han sido, probablemente inigualables en su capacidad para protagonizar escándalos. La lista de presuntas irregularidades incluye sobornos y esquemas de pagos ilícitos, fraude en contratos, represión política e incluso intentos de gobernar por decreto. La respuesta ha sido una ola de indignación pública, protestas y una serie de destituciones que han convertido la puerta de la Casa de Pizarro en una puerta giratoria.

La incapacidad crónica del país para formar un gobierno estable ha dejado a las instituciones peruanas debilitadas frente a una preocupante expansión de grupos criminales. Pero, a diferencia de la cooptación del Estado observada en otras partes de América Latina —de forma más evidente en los gobiernos permeados por el narcotráfico como el de Nicolás Maduro en Venezuela o el de Juan Orlando Hernández en Honduras—, la crisis en Perú responde más a una disfunción generalizada que a una corrupción vertical. El crimen organizado no ha capturado el Estado mediante coerción o violencia, sino que ha sabido aprovechar el vacío dejado por una presidencia inestable.

Pero el fenómeno no se limita al Poder Ejecutivo. Casi todos los legisladores enfrentan investigaciones, y algunos acumulan múltiples procesos. El Congreso también ha aprobado varias leyes cuestionables que parecen favorecer actividades criminales, y ha respaldado firmemente un programa que facilita la minería de oro ilegal.

Con elecciones presidenciales y legislativas previstas para abril, Perú se encuentra atrapado en una espiral descendente en la que los grupos criminales, enfrentando una resistencia mínima, han expandido sus operaciones y utilizado sus ganancias para sobornar a funcionarios del Estado, debilitando aún más unas instituciones ya frágiles.

La puerta giratoria presidencial de Perú

La crisis política del país comenzó en 2018, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció en medio de un escándalo de sobornos relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. Su salida desencadenó una rápida sucesión de mandatarios: Martín Vizcarra fue destituido en 2020 por presuntamente aceptar sobornos; Manuel Merino duró cinco días antes de renunciar en medio de protestas masivas; y Francisco Sagasti asumió como interino hasta las elecciones de 2021.

El ganador de esos comicios, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto en diciembre de 2022. La medida, ampliamente condenada, llevó a su arresto y a la llegada al poder de la muy impopular vicepresidenta Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso en 2025. El presidente interino José Jerí permaneció apenas cuatro meses en el cargo antes de ser removido en febrero de 2026, tras reportes de reuniones secretas con empresarios chinos vinculados a redes de tráfico de madera.

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Con prioridades que cambian cada vez que asume un nuevo presidente, sostener una estrategia coherente contra el crimen se ha vuelto casi imposible.

La duración promedio de un ministro del Interior —encargado de la seguridad pública— ha pasado de años a meses. Solo en los primeros 13 meses del gobierno de Castillo, el Ministerio del Interior cambió de manos siete veces, y su sucesora, Boluarte, nombró a otros siete durante casi tres años en el poder.

Cada nuevo ministro introduce un estilo de trabajo y un equipo distintos, lo que genera confusión y parálisis.

“Hay un tiempo muerto en el que no hay trabajo, no hay planificación y no se crean estrategias”, dijo Luis Larico, funcionario de la policía peruana. “La inestabilidad nos afecta, desde quienes toman decisiones hasta nuestras operaciones cotidianas”.

La falta de liderazgo central ha agravado las dificultades para coordinar las fragmentadas instituciones de seguridad de Perú, que incluyen decenas de unidades policiales y fiscales con funciones y jurisdicciones distintas. La naturaleza aislada de estas agencias fomenta que se transfieran responsabilidades entre sí, lo que les permite eludir la atención de delitos como el tráfico de drogas y la minería ilegal.

“¿Cómo puedes diseñar una política de seguridad, de control del crimen, de combate a la criminalidad o a la corrupción si no tienes ninguna dirección, ninguna estrategia?”, se pregunta José Ugaz, abogado y exdirector del capítulo peruano de Transparencia Internacional.

El Congreso como principal responsable

Si bien la inestabilidad en la Casa de Pizarro ha tenido efectos directos sobre la seguridad pública, el Congreso ha causado, probablemente, un daño aún mayor en la lucha contra el crimen organizado. De forma particularmente evidente, el Poder Legislativo ha protegido activamente economías ilícitas mediante una serie de reformas cuestionables aprobadas entre 2023 y 2025, conocidas coloquialmente como las “leyes procrimen”, que han reducido drásticamente la capacidad investigativa de la Fiscalía.

Una de las modificaciones legales hace más difícil y riesgoso para los fiscales el uso de testigos colaboradores, cuyas declaraciones han sido clave en casos de alto perfil. La reforma impone plazos muy cortos para verificar los testimonios, exige que sean grabados en video y expone a los fiscales a cargos penales si se filtra información.

El Congreso también ha buscado blindar a los partidos políticos y sus finanzas frente al escrutinio. Para ello, modificó el código penal con el fin de excluir a los partidos de la responsabilidad penal y poner fin a procesos en curso por lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas, incluidas investigaciones relacionadas con la campaña presidencial de 2021 de Keiko Fujimori.

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Uno de los cambios estructurales más profundos fue la aprobación de una ley por parte del Congreso que traslada la competencia de las investigaciones penales preliminares de la Fiscalía a la policía. El informe legislativo que respaldó la medida argumentó que la supervisión de los fiscales “restringe” la acción policial. Sin embargo, expertos en seguridad, fiscales y asociaciones jurídicas consultadas por InSight Crime advirtieron que esto podría permitir a los agentes retrasar o interferir en investigaciones que involucren a funcionarios del Estado, dado que la policía responde al Poder Ejecutivo.

“Cuando el Congreso reformaba algunas de estas instituciones, era evidente que se estaba alineando con grupos criminales”, afirmó Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Básicamente estaban legislando para los grupos criminales”, agregó.

Las reformas también limitan herramientas clave para incautar activos ilícitos. El Congreso ha ordenado que los abogados defensores estén presentes cuando las fuerzas de seguridad ejecuten órdenes de allanamiento, eliminando el factor sorpresa y permitiendo a los sospechosos destruir pruebas o escapar. Otro cambio exige que los fiscales obtengan una condena penal antes de poder confiscar bienes, lo que vuelve en gran medida ineficaz la legislación de extinción de dominio en Perú.

Algunos analistas consideran que el papel del Congreso en el debilitamiento del andamiaje anticorrupción del país responde a un intento deliberado de proteger sus propios esquemas de corrupción.

“Lo que tenemos son aventureros que van al Congreso a ver cómo pueden hacerse ricos en el corto plazo”, señaló Ugaz. Eso significa que no haya meritocracia, que tenemos gente que va con una idea preconcebida de corrupción. Son absolutamente cooptables por el crimen organizado”.

Las cifras respaldan esta afirmación. Para noviembre de 2025, todos menos tres de los 130 congresistas enfrentaban algún tipo de problema legal. Había 54 bajo investigación, 63 con indagaciones preliminares y 10 sujetos a denuncias constitucionales, según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El dinero del oro penetra el Estado

La acción más perjudicial del Congreso puede no haber sido una ley, sino la extensión reiterada de un programa estatal creado para combatir la minería ilegal mediante la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales.

El programa, conocido como Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), otorga a los solicitantes protección legal temporal frente a procesos por minería ilegal mientras avanzan hacia el cumplimiento de normas ambientales, de seguridad y tributarias.

La idea era incorporar un sector informal masivo a la legalidad. Pero el REINFO ha producido el efecto contrario. Ha protegido a mineros que no tienen intención de formalizarse, permitiéndoles continuar sus operaciones de manera indefinida. Además, impide al Estado incautar sus activos y ha facilitado un aumento de la minería ilegal, según fuentes policiales y del sector.

“Es una gran forma de protección, siempre que uno se mantenga dentro del proceso de registro informal, incluso si en realidad es un minero ilegal”, dijo Rivera a InSight Crime.

Aun así, el Congreso ha aprobado repetidas prórrogas del programa, la más reciente ocurrió en diciembre de 2025.

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Redes criminales han aprovechado programas como el REINFO para expandir sus operaciones mineras ilegales, asegurando ganancias que luego son canalizadas hacia campañas legislativas a cambio de favores políticos, según fuentes consultadas por InSight Crime.

“Estos grupos han multiplicado su capacidad de influir en la política”, señaló Rivera. “Casi todos los bloques parlamentarios incluyen representantes de la minería ilegal”.

Un expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides (2024-2025), enfrenta al menos tres cargos por corrupción relacionados con su gestión como director regional en Madre de Dios —un epicentro de la extracción ilegal de oro— y ha votado a favor de múltiples proyectos de ley que debilitan los controles sobre esta actividad, según investigaciones de OjoPúblico.

“Es un poco lo que hizo Pablo Escobar en un momento”, dijo Ugaz. “Primero financiaba congresistas en Colombia y después dijo: ‘Bueno, ¿pero para qué voy a hacer eso si yo mismo puedo ir al Congreso?’”.

Según una investigación del medio peruano Fauna Electoral, al menos 55 candidatos al Congreso en las elecciones de abril han sido vinculados al REINFO.