La “guerra contra el crimen” que impulsa el nuevo presidente de Perú enfrenta serios desafíos en su intento por sacar al país de una profunda crisis de seguridad.

José Jerí, del partido conservador Somos Perú, asumió la presidencia el 10 de octubre, después de que el Congreso destituyera Dina Boluarte. El relevo presidencial se produce tras una ola de protestas a nivel nacional en respuesta al aparente fracaso gubernamental para enfrentar el crimen organizado y la corrupción, entre otros problemas.

Jerí encabezará un gobierno de transición hasta las elecciones generales de abril del próximo año, cuando se elegirá al próximo presidente del país.

Sus primeros días han iniciado con mano dura, prometiendo reprimir el crimen y acompañando a la policía en operaciones en varias prisiones con el objetivo de reducir el control criminal dentro de los centros penitenciarios. El 23 de octubre, el Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley presentado por Jerí que busca combatir la extorsión —actualmente uno de los principales problemas de seguridad del país— y los asesinatos por encargo en el sector del transporte público mediante la creación de un registro nacional de empresas de transporte vulnerables y el fortalecimiento del intercambio de información entre entidades oficiales.

Sin embargo, las primeras semanas de su mandato han replicado estrategias controversiales que usaron algunos de sus predecesores. El 15 de octubre, durante la primera gran manifestación desde que Jerí asumió el cargo, un agente de policía presuntamente disparó y mató a un manifestante, y más de un centenar de personas resultaron heridas. El 21 de octubre, el presidente anunció un estado de emergencia de 30 días en las ciudades de Lima y Callao.

El crimen organizado se expande en las calles y en las prisiones

Jerí ha priorizado atacar las prisiones de Perú, que por su hacinamiento y falta de personal son difíciles de controlar. Al interior de las mismas, los reclusos dirigen redes criminales que operan en las calles.

“Ese tema de que no haya control y un régimen realmente sancionador dentro de las cárceles y que los aparte del mundo externo es es lo que hace que […] las cárceles no cumplan su propósito real”, dijo a InSight Crime Sebastián Flores, gerente general de la Consultora Nacional de Criminología.

Las medidas recientes para reforzar la seguridad carcelaria han ido más allá de los operativos: se han impuesto restricciones más estrictas a las visitas y se ha limitado el suministro eléctrico solo a la iluminación de las celdas, para evitar que los presos carguen teléfonos con los que se comunican con el exterior. El 19 de octubre fueron destituidos el director y subdirector de una prisión en Piura, y cinco funcionarios penitenciarios fueron arrestados por presuntamente facilitar la fuga de un recluso.

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Mientras que el exjefe del sistema penitenciario de Perú afirmó en enero de 2024 que la extorsión desde las cárceles no era un problema importante, el actual director reconoció que la tecnología de bloqueo de señal de telefonía celular que se usa en los penales está obsoleta.

Pero las prisiones son solo una pieza del rompecabezas. El aumento de los casos de extorsión y los préstamos “gota a gota”, están impulsando la inseguridad y han contribuido a un incremento del 36 % en los homicidios en 2024.

Los extorsionistas han ampliado su base tradicional de víctimas —trabajadores del transporte y pequeños comerciantes— para incluir ahora escuelas y músicos.

“Hay miedo generalizado”, dijo a InSight Crime Nicolás Zevallos Trigoso, exviceministro de Seguridad Pública de Perú y director del Instituto de Criminología. “Tocan la puerta y dicen: ‘Tienes que pagar’. Está tan cerca que genera la sensación de que le puede pasar a cualquiera”.

Zevallos también agregó que han surgido pequeños grupos criminales dedicados a delitos depredadores, como la extorsión y la usura, cuyos miembros se aprovechan de la economía informal y de la imposibilidad de muchos trabajadores de acceder a créditos en instituciones financieras.

Las bandas dedicadas a la minería ilegal también han puesto el foco en la inseguridad de las zonas rurales de Perú, especialmente tras el hallazgo, en mayo, de los cuerpos de 13 trabajadores de seguridad masacrados en una mina de Pataz, en el departamento noroccidental de La Libertad. Los precios récord del oro seguirán incentivando la minería ilegal por parte de grupos criminales que prosperan gracias a la débil presencia del Estado en las áreas rurales.

Abordar este problema requerirá que las fuerzas del orden en el campo se concentren en desmantelar las cadenas logísticas de la minería ilegal y en frenar la expansión de los cultivos de coca hacia nuevas zonas. Una estrategia eficaz también deberá atacar la corrupción que facilita esta actividad.

Esfuerzos previos para combatir el crimen organizado han tenido poco éxito

Jerí, como sus predecesores, podría recurrir a la imposición de estados de emergencia como parte de su promesa de actuar con rapidez frente al aumento del crimen. Pero, según Zevallos Trigoso, los mandatos anteriores solo desplazaron temporalmente el crimen hacia otras zonas, en lugar de reducirlo.

“Está claramente demostrado que no funcionan”, afirmó. “Son un paliativo inmediato, pero no sostenible”.

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Un efecto similar se observa en el narcotráfico. Aunque los esfuerzos del gobierno por atacar los enclaves tradicionales de coca han reducido la superficie de cultivo a nivel nacional de 95.000 hectáreas en 2022 a poco menos de 90.000 en 2024, según cifras oficiales, esta sigue siendo mucho mayor que en los años previos a 2022, y los cultivos se han expandido a nuevas regiones.

Tanto Zevallos Trigoso como Flores coincidieron en que será necesario un enfoque más centrado en la inteligencia policial, y no en la fuerzas represiva, para combatir eficazmente el crimen organizado.

Problemas institucionales obstaculizan la lucha contra el crimen

La falta de estabilidad política e institucional —que ha provocado una sucesión constante de presidentes, ministros del Interior y jefes policiales— ha impedido establecer estrategias sostenidas de reducción del crimen.

Jerí, el sexto presidente de Perú desde 2020, enfrenta acusaciones de corrupción que él ha negado. También fue denunciado por abuso sexual, aunque el caso fue archivado por falta de pruebas.

La corrupción ha marcado el legado de muchos de sus predecesores. Aunque el Tribunal Constitucional de Perú suspendió las investigaciones contra Boluarte por el resto de su mandato, otros dos expresidentes cumplen penas de prisión por delitos relacionados con corrupción, tres enfrentan procesos judiciales y otro se suicidó cuando la policía fue a arrestarlo.

Pero no solo el Poder Ejecutivo ha sido permeado por la corrupción. Políticos y policías en distintos niveles ofrecen protección a organizaciones criminales. Combatir eficazmente esto tomará más tiempo del que Jerí probablemente tenga.

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Cualquier medida que el nuevo presidente adopte para frenar el avance del crimen organizado podría ser inútil si no logra generar y mantener suficiente apoyo popular para permanecer en el cargo. El expresidente Manuel Merino se vio obligado a dimitir tras solo cinco días en el poder, luego de la muerte de dos manifestantes en noviembre de 2020. Un legislador peruano presentó una moción de censura contra Jerí tras la muerte de un manifestante el 15 de octubre, pero esta fue archivada por falta de respaldo.

Imagen principal: El nuevo presidente de Perú, José Jerí, supervisa un operativo en una prisión. Presidencia del Perú.