El mercado de drogas K sigue en auge en Brasil, a pesar de los supuestos intentos del Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) por prohibirla. Sin embargo, la naturaleza del negocio hace que el veto funcione más como un mecanismo de control que como una medida efectiva para erradicar su venta.
Las drogas K son sustancias sintéticas, usualmente elaboradas en laboratorios locales. Existen más de 300 variantes que, en las calles brasileñas, se conocen como K2, K4, K9, “spice” o incluso “marihuana sintética” —aunque no lo sean, se venden como tal—. Los insumos para su fabricación son importados legalmente desde países como India y China, y luego desviados y mezclados con otros compuestos químicos.
El consumo de K se popularizó en las cárceles de San Pablo en 2019 y se consolidó durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones dificultaron el ingreso de otras drogas a las prisiones. En los últimos años, su mercado se expandió fuera de los muros carcelarios, especialmente en San Pablo. Antes de su auge en las prisiones, su uso era inusual.
“Las incautaciones aumentaron drásticamente a partir de los años 2020, con una frecuencia que no se observaba en la década anterior”, dijo a InSight Crime Mauricio Yonamine, especialista en Toxicología Forense del proyecto INSPEQT, una iniciativa conjunta entre universidades brasileñas y la Policía Federal y Científica del país.
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Según el Ministerio Público de San Pablo, entre 2019 y 2020 el PCC ganaba más de 1 millón de reales mensuales (es decir, unos US$180.000) con la venta de drogas K dentro de las prisiones. La expansión del mercado a las calles abría la posibilidad de multiplicar las ganancias del grupo.
Pero a fines de mayo de 2025, el PCC intentó prohibir su venta. Las desventajas de comercializarla en ciertas zonas superaban los beneficios. Los efectos de la droga suelen atraer ambulancias y patrullas a los lugares donde se consume.
Algunos consumidores sufrieron convulsiones, alucinaciones, episodios de ira o agresividad extrema, e incluso murieron. En 2023, se viralizaron en redes sociales brasileñas videos de consumidores en estado vegetativo, con el cuerpo rígido y congelado, como si durmieran de pie.
“Actúa en la misma región cerebral que la marihuana, pero de forma mucho más intensa, por lo que los efectos que vemos son completamente distintos”, explicó Yonamine.
Análisis de InSight Crime
A pesar del férreo control del PCC sobre las economías criminales en San Pablo, el grupo no logró prohibir por completo la venta de drogas K. En su lugar, las ventas se desplazaron del centro de la ciudad hacia la periferia. No todas las zonas quedaron sujetas al veto del grupo.
Como esta sustancia no forma parte de las grandes cadenas de tráfico de cocaína y marihuana, y es producida por actores locales, los traficantes no dependen del PCC como intermediario. Esto permite que las ventas continúen, pese al veto impuesto.
Lo que sí logró la prohibición fue alejar el mercado de Cracolândia —una zona del centro de San Pablo con un alto consumo de drogas— hacia otros sectores de la ciudad.
El consumo parece haberse extendido a la zona este de San Pablo, también bajo control del PCC, pero menos estratégica que Cracolândia. Esto sugiere que el grupo optó por aplicar el veto solo en áreas clave para sus operaciones.
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Cracolândia se encuentra cerca de la favela do Moinho, un enclave que funciona como centro logístico del PCC. Edificios de la zona han sido utilizados para almacenar drogas antes de su distribución, lo que explica el interés del grupo en mantener a las autoridades alejadas.
No es la primera vez que el PCC intenta prohibir drogas para aumentar su control. En los años 2000, por ejemplo, vetó el crack en las cárceles, con el objetivo de reducir los homicidios que esta droga había disparado. Sin embargo, la prohibición duró poco: las ganancias superaron los riesgos.
