Las autoridades brasileñas han lanzado una serie de operativos contra la extracción ilegal de arena como parte de un compromiso renovado para combatir los delitos ambientales. Pero es posible que se necesite más para contrarrestar lo que se ha convertido en una empresa criminal de miles de millones de dólares.
La arena extraída ilegalmente se usa básicamente en construcción, como materia prima de concreto, mampostería y llenado de puntos de excavación, entre otros. Contratistas inescrupulosos la prefieren sobre la arena legal por su bajo costo.
En octubre de 2023, la policía ha detenido a docenas de sospechosos de extracción ilegal de arena por valor de millones de dólares durante una serie continua de operativos sorpresa a lo largo del río Preto, en el estado de São Paulo. También en los estados de Bahia y Paraiba, al noreste del país, operativos similares hicieron caer a bandas que trafican arena.
Pero, ¿son apenas gotas en el océano? Para Luis Fernando Ramadon, agente de la policía federal especializado en extracción ilegal de arena con maestría en gestión de recursos hídricos de la universidad estatal de Río de Janeiro, la situación es crítica. Según su investigación, en 2021, el tráfico de arena en Brasil se avaluaba en unos 20 mil millones de reales (US$4 mil millones) y dejó grandes extensiones de devastación ambiental.
InSight Crime conversó con Ramadon sobre su investigación de cómo el tráfico de arena ha pasado desapercibido y cómo llegó a ser tan rentable.
InSight Crime (IC): Hace poco, afirmó que cerca del 60% de la arena que se emplea en la construcción en Brasil se extraía ilegalmente. ¿Cómo llegó la situación a este extremo?
Luis Fernando Ramadon (LFR): Al contrario de los narcóticos que se trafican desde los países productores a los consumidores, en Brasil y Europa, la arena se encuentra en todas partes y puede extraerse de diversas formas con casi total impunidad. La arena puede extraerse desde el minuto en que un camión llega a un depósito de arena al aire libre. Eso es lo que ha venido ocurriendo en Camaçari, Bahia [una gran extensión de dunas arenosas al noreste de Brasil y punto álgido del tráfico de arena], donde llegan al lugar y toman todo lo que pueden antes de que lleguen las autoridades. O ponen una draga en el río que succione la arena mediante una manguera hasta la orilla del río, y luego la transportan a su destino. La extracción ilegal de arena también se encuentra en concesiones mineras legales, pero por fuera de la zona aprobada para extracción. La falta de supervisión en esas concesiones permite la extracción ilegal a lo largo de extensos periodos. Se ha estimado que el tráfico de arena en Brasil en 2021 rondó los 20 mil millones de reales (US$4 mil millones).
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La extracción ilegal de arena también se encuentra en concesiones mineras legales, pero por fuera de la zona aprobada para extracción. La falta de supervisión en esas concesiones permite la extracción ilegal a lo largo de extensos periodos. Se ha estimado que el tráfico de arena en Brasil en 2021 rondó los 20 mil millones de reales (US$4 mil millones).
IC: ¿En qué regiones de Brasil se observa mayor tráfico de arena?
El problema es especialmente grave en el nordeste y el sudeste de Brasil. En 2021, el 86% de la arena vendida en el nordeste de Brasil fue producto de extracción ilegal, lo que equivale a unas 48.757 toneladas. Alrededor de 13.000 toneladas de arena ilegal se vendieron en el estado de Bahia, 7.500 toneladas en Ceará, y más de 7.000, en Pernambuco.
En el sudeste de Brasil, en especial los alrededores de Río de Janeiro, se observa más arena ilegal, con unas 64.000 toneladas en 2021, pero esto representaba cerca del 42% del total regional.
IC: ¿Cómo quedan impunes las empresas constructoras al usar esas enormes cantidades de arena extraída ilegalmente?
LFR: Este proceso se basa en la factura del producto, tanto para obras públicas o privadas. La arena extraída ilegalmente se blanquea mediante facturas falsificadas y se suministra a grandes empresas constructoras como si fuera legal. La firma minera incluso puede tener una zona de exploración legal, pero extraer de una zona no legal, por lo tanto expide una factura que disfraza la ilegalidad.
IC: ¿Cómo operan los grupos que participan en el tráfico de arena? Dadas las ganancias involucradas, ¿están dedicados estos grupos de lleno a esta economía criminal o hacen parte de organizaciones criminales con otras actividades?
LFR: Un actor involucrado en el tráfico de arena puede ser cualquiera con acceso a la arena y que sepa quién quiere comprarla. Algunos son actores organizados de la industria, como depósitos de materiales para construcción o grandes firmas constructoras. Algunos son verdaderas organizaciones criminales, en especial milicias [grupos criminales que reclutan a policías activos o retirados, bomberos y guardias penitenciarios], para quienes la extracción ilegal de arena es un tentáculo de su red criminal.
IC: ¿Hay ejemplos de especial valor de cómo las milicias brasileñas participan en el tráfico de arena?
LFR: Las milicias tienen un historial importante de mezcla de exploración de arena legal e ilegal en Río de Janeiro. Por ejemplo, una empresa, de nombre Macla, recibió dos concesiones mineras de la Agencia Nacional de Minería de Brasil (Agência Nacional de Mineração, ANM). Macla era de propiedad de Luiz Antônio da Silva Braga, alias “Zinho”, líder de la milicia Liga de la Justicia (Liga da Justiça) y ambas concesiones se encontraban en territorio controlado por su grupo.
Aunque Macla nunca extrajo nada, estas concesiones de tráfico de arena sirvieron para blanquear decenas de millones de reales.
Una investigación de la revista Veja, publicada en abril de 2023, también mostró cómo la Liga de la Justicia controlaba el 90 por ciento del tráfico de arena en los municipios de Seropédica e Itaguaí, cerca de donde se encuentran las concesiones de Macla.
IC: Entonces, ¿las milicias coordinan activamente la extracción de arena o permiten que otros actores lo hagan y cobran por ese derecho?
LFR: Principalmente cobran a quienes extraen arena en sus territorios y tienen participación activa en la urbanización ilegal. Hay más de 100 empresas explotando zonas de exploración de arena en Seropédica e Itaguaí. Un jefe miliciano distinto, y enemigo de Zinho, Danilo Dias Lima, alias “Tandera”, presuntamente gana US$60.000 mensuales con cobros ilegales sobre los cargamentos de arena en estos municipios, según Veja.
IC: ¿Qué medidas están tomando las autoridades para combatir esto?
LFR: Hay operativos esporádicos en puntos críticos de tráfico de arena, como en Río de Janeiro o Camaçari, Bahia, a cargo de la policía y las autoridades ambientales. Hay incluso inspecciones con la ANM, pero lo que hay es una falta de continuidad y supervisión reales por parte de esas instituciones.
IC: ¿Qué riesgos entraña permitir la proliferación de la extracción ilegal de arena y cómo puede Brasil empezar a imponer control sobre esta actividad?
LFR: La ilegalidad del sector arenero es flagrante, y genera pérdidas económicas para los municipios, los estados y el país, además de las pérdidas ambientales, con su impacto en ríos y lagos, ya sea por la extracción o la evaporación.
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Combatir los problemas causados por esta actividad debe hacerse de dos formas distintas y complementarias. La primera es la atención en la extracción legal, con supervisión efectiva, y la segunda es mediante la inteligencia policial, identificando las zonas en las que se presenta la extracción ilegal y a los responsables de esos delitos.
IC: Finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones de política para combatir el tráfico de arena?
LFR: Necesitamos recursos dedicados a combatir el tráfico de arena. Los organismos involucrados necesitan una fuerza de tarea, que asumiría la supervisión eficiente de la industria arenera, permitiría a las autoridades mejorar su educación ambiental y atacaría la cadena de ganancias del tráfico de arena.
Los datos anuales de la ANM deben mejorase mediante mayor inspección a las empresas implicadas en la extracción de arena y compartiendo datos con autoridades federales y tributarias.
Los Términos de Ajuste de Conductas Ambientales (Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental), un instrumento legal que permite a los organismos públicos exigir a las empresas que cambien conductas dañinas con el medio ambiente deben implementarse específicamente para las actividades de extracción arenera.