Mientras la ciudad fronteriza de Cúcuta duerme, las sombras les permiten a las redes criminales llevar a cabo sus actividades ilícitas. Cada noche, grandes cantidades de mercancía pasan por las trochas, o pasos ilegales, que separan la ciudad de Venezuela. 

“Mientras nosotros dormimos, mil cosas suceden en la ciudad. Y sí, eso es parte de lo que ocurre: el contrabando”, dijo a InSight Crime un líder empresarial local.

La frontera entre Colombia y Venezuela fue cerrada por orden de Nicolás Maduro en febrero de 2019, tras un fallido intento de opositores al régimen de ingresar ayuda humanitaria al país. Esta medida del gobierno venezolano impulsó el crecimiento del contrabando a través de las trochas, consolidándose como corredores del comercio ilícito y tráfico de migrantes. En 2020, la pandemia del COVID-19 profundizó el arraigo de estas economías criminales.

Con la reapertura de la frontera el 26 de septiembre de 2022, surgió la esperanza de que la normalidad regresaría y que las trochas quedarían en el pasado. Sin embargo, no sucedió y los grupos criminales siguen ganando sumas importantes de dinero con el comercio ilícito y están compensando una pérdida pequeña de ingresos, ampliando las operaciones de extorsión contra las comunidades locales.

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La corrupción, las sanciones y la necesidad de hacer negocio

Sobre los puentes Simón Bolívar, en Táchira, Venezuela, y Atanasio Girardot, en Norte de Santander, Colombia, los vehículos de carga transitan mercancía, principalmente con destino a Venezuela. A la par que por las trochas, sigue fluyendo el contrabando —a pie, por moto, e incluso por carro—, mientras los ojos de las autoridades miran para otro lado.

Antes del cierre, el intercambio comercial entre estos países alcanzó un máximo de US$7 mil millones de dólares anuales en 2008. Luego de la reapertura, los comerciantes tenían la esperanza de alcanzar al menos $2 mil millones en el primer año. Sin embargo, según estima un líder empresarial de la región, hoy día la cifra no supera los $1,2 mil millones.

A pesar de que la reapertura de la frontera llevó a muchos empresarios a optar por los pasos oficiales por razones contables, uno de los grandes obstáculos para la normalización del comercio ha sido la falta de confianza en las autoridades venezolanas, lo que ha llevado a que otros tantos se inclinen por lo ilegal. “Por las trochas es un solo pago y no arriesgan la carga,” explicó a InSight Crime Ronal Rodríguez, investigador de la Universidad del Rosario.  

Otros factores, como las cuotas que deben pagar los transportistas en cada alcabala de lado venezolano, y las complicaciones financieras derivadas de las sanciones a Venezuela, también han dificultado el desarrollo pleno del comercio binacional.

Además de ello, las redes locales han seguido introduciendo ilegalmente productos de Colombia a Venezuela, especialmente alimentos, aprovechando las diferencias de precios entre ambos países. La leche es uno de los productos más contrabandeados recientemente, dijo a InSight Crime un líder fronterizo. Este producto es comprado a un promedio de $0,90 por unidad en Colombia y cientos de cajas son transportadas por rutas clandestinas y vendidas casi al doble en Venezuela, sin cumplir con las normas de higiene necesarias.

Lo mismo sucede con la papa que ingresa ilegalmente a Venezuela, la cual es comercializada a precios más bajos por no cumplir con los estándares de calidad. Esta situación ha generado preocupación entre los productores locales, quienes han denunciado el riesgo sanitario que representa su consumo para los venezolanos.

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Los grupos armados y la disminución de la renta de contrabando

En los últimos años, las trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela han estado en manos de grupos armados como la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas transnacionales como el Tren de Aragua, de Venezuela. Pero con la apertura de la frontera, el crimen en la ciudad ha evolucionado y sus residentes cada vez pagan más caro el vivir en esta ciudad fronteriza.

Para estos grupos, las trochas se convirtieron en una fuente constante de ingresos mediante el cobro de extorsiones para permitir el paso de mercancías y personas que, tras el cierre fronterizo, se vieron obligadas a utilizarlas. No obstante, con la reapertura y la reducción parcial del contrabando, estos actores han impulsado una evolución en las dinámicas criminales que ha impactado principalmente a la ciudad de Cúcuta.

El ELN, que también opera de lado venezolano, se ha visto poco afectado con los cambios. Continúa lucrándose con el cobro a transportistas por permitirles el paso por las trochas, y obtiene ingresos de otras economías ilícitas, como el narcotráfico, según relató una periodista local. 

En cambio, en el lado colombiano, bandas como el Tren de Aragua, que dependían en gran medida de extorsionar a pequeños comerciantes, han tenido que reorganizarse para encontrar nuevas fuentes de ingreso. 

Una de sus tácticas ha sido extorsionar a comerciantes en Cúcuta, lo que ha disparado las llamadas intimidatorias a propietarios de bares, restaurantes, y concesionarios, exigiendo pagos a cambio de su seguridad. El deseo de quedarse con este lucrativo negocio y otras economías, como el microtráfico, ha provocado, desde 2023, un aumento considerable de la violencia en la ciudad, donde los ataques con granadas cada vez son más frecuentes.

Imagen principal: Tránsito por el puente Atanasio Girardot, Ureña, Venezuela en octubre de 2024. Crédito: InSight Crime.