Cuarenta policías están bajo investigación después de que la unidad antinarcóticos de Paraguay realizara una incautación histórica de marihuana, en un caso que muestra cómo la corrupción endémica ha frustrado durante años las operaciones contra el narcotráfico y ha sembrado desconfianza entre las autoridades.
Los agentes investigados trabajaban en cinco puestos ubicados a lo largo de la ruta utilizada por una caravana de vehículos interceptados con más de 88 toneladas de marihuana en el departamento de Canindeyú el 4 de diciembre, durante la Operación Umbral.
“Un récord histórico se ha roto. El año pasado fueron 57.000 kilos en el operativo Marangatu y en el operativo Umbral se ha superado ampliamente esa cifra,” dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en un video publicado en redes sociales.
El Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional tiene la tarea de recopilar inteligencia y analizar datos para diseñar estrategias y realizar operativos antidrogas bajo la órbita de la Fiscalía General. La SENAD, por su parte, es un organismo independiente “responsable de coordinar y ejecutar la política nacional sobre drogas en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado”.
Agentes de la SENAD, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) del Ejército, siguieron la caravana durante 120 kilómetros, pasando por 11 puestos policiales, según Rachid.
Los vehículos iban completamente cargados, sin ningún intento por ocultar la mercancía ilícita, pero aun así nunca fueron detenidos ni inspeccionados por la policía, de acuerdo con las autoridades. De hecho, la ruta parecía haber sido despejada para permitir el paso de los traficantes, según dijo Rachid al medio local ABC.
Cuando las autoridades antidrogas intervinieron para incautar el cargamento, se desató un tiroteo. Un sospechoso murió y otro resultó herido.
Además de la marihuana, las autoridades detuvieron a cinco personas, entre ellas un policía retirado. También encontraron la identificación de un jefe policial en la zona donde los traficantes intentaron huir. El jefe dijo que había participado en la operación y que su documento se le cayó del bolsillo. La Policía Nacional, sin embargo, no participó en el operativo ni recibió información de inteligencia sobre la misión, según aseguró a medios locales el comandante de la institución, Carlos Benítez.
Un mal que recorre toda la institución
Aunque la incautación representó un logro importante para las fuerzas de seguridad, la corrupción dentro de la policía paraguaya ha impedido que esfuerzos similares tengan impacto e incluso ha facilitado el narcotráfico en algunos casos.
La policía de Paraguay ha sido señalada durante años por su participación en operaciones de narcotráfico en Canindeyú, una zona clave para la producción de marihuana. En el pasado, agentes de bajo rango fueron acusados de aceptar sobornos de grupos criminales para pagarles una cuota mensual a sus superiores.
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Ese caso no fue una excepción. Agentes de todos los niveles han estado implicados en escándalos de corrupción a lo largo de los años. Ester Roa, abogada especializada en anticorrupción y transparencia del Colegio de Abogados del Paraguay, dijo que esto refleja lo grave que se ha vuelto el problema de la corrupción en el país.
“La SENAD muchas veces hace su trabajo pero no tiene el apoyo de la Fiscalía [que incluye a la Policía Nacional] o del Poder Judicial”, dijo Roa a InSight Crime.
La corrupción policial generalizada ha generado desconfianza entre socios clave en la lucha contra el crimen, como quedó reflejado en el reciente operativo de la SENAD.
Tensiones internas
La falta de confianza entre instituciones es un serio obstáculo para compartir inteligencia y coordinar estrategias conjuntas contra el narcotráfico.
«Hay mucha desconfianza y esa desconfianza … es como si fuese que se están disputando entre ellos», dijo Roa.
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La SENAD es una unidad especializada que opera con un presupuesto mucho más reducido y menos personal que otras agencias. Aunque la incautación reciente fue un éxito, la falta de intercambio de inteligencia y de cooperación con la policía coloca la lucha contra un problema enorme sobre los hombros de una institución relativamente pequeña, que además ha enfrentado sus propias denuncias por vínculos ilícitos.
Mantener la inteligencia dentro de sus propias filas ha provocado dificultades para llevar los casos ante la justicia, con grietas a lo largo de todo el proceso. “Para combatir el crimen organizado en Paraguay, no veo que hay un trabajo armónico, seguro, técnico o jurídico para que puedan terminar estas causas en una condena firme”, dijo Roa.
Una mejor cooperación oficial es especialmente urgente en momentos en que las organizaciones criminales se vuelven más complejas y aumentan su colaboración entre sí, lo que hace más necesarios los enfoques integrales.
