La presunta participación de un policía español de alto rango en envíos de cocaína desde Colombia hacia España, pone en riesgo un juicio por narcotráfico e ilustra cómo la corrupción se infiltra en todos los niveles de las fuerzas de seguridad.

El agente, Juan Carlos Carrión López, iba a ser el testigo clave en el juicio que se está celebrando en España contra 28 personas acusadas de traficar 3,8 toneladas de cocaína incautadas en 2020 a bordo de un buque de transporte marítimo atracado en Vigo, en el noroeste de España. Carrión dirigió la inspección policial que condujo a la incautación.

Sin embargo, la credibilidad de Carrión en el estrado —y, por extensión, la solidez de la acusación— está en entredicho después de que las autoridades españolas lo detuvieran a finales de marzo como sospechoso de facilitar el transporte de cocaína de Colombia a España. En el momento de su arresto, Carrión llevaba casi un año ejerciendo como enlace de la Policía Nacional española en la embajada del país en Colombia.

Hasta ahora no ha comparecido en el juicio por supuestos problemas de salud.

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“[A Carrión] se le atribuyen más delitos que a los procesados en esta causa”, criticó uno de los abogados de la defensa al inicio del juicio, poniendo en duda la credibilidad del testimonio del policía, de acuerdo con El País.

Carrión sería presuntamente el líder de una red criminal, integrada por miembros de la Policía Nacional española, que aprovechaba envíos de cocaína desde Colombia y colaboraba —mediante un intermediario— con clanes narcotraficantes en Murcia, España, de acuerdo con las grabaciones obtenidas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de España a las que tuvo acceso el periódico español El Confidencial.

Tras recibir el pago de los cargamentos y permitir el envío de la droga, Carrión y sus cómplices presuntamente organizaban operativos policiales ‘ad hoc’ para interceptar la mercancía durante su traslado terrestre antes de ser entregada a los compradores. 

 “Si se me hace caso no hay nadie en peligro. Ahora, si cada uno vamos por libre, hay todo el peligro del mundo, es más, a lo mejor, hasta vas preso”, se escucha a Carrión advertir al colaborador en dichas grabaciones. Esto, tras mantener inmovilizado un alijo de 150 kilogramos de cocaína durante días por no haber recibido el pago por adelantado, de acuerdo con El Confidencial.

En febrero, las autoridades arrestaron al otro mando policial presuntamente implicado, jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional en Murcia, cuyo trabajo en el entramado criminal incluía proteger al intermediario cuando negociaba con los grupos criminales.

Ambos mandos policiales habían sido condecorados por su contribución a la lucha contra el tráfico de drogas durante su carrera profesional.

A pesar del cargo de los implicados —que se suman a otros casos de corrupción policial en el país— las autoridades niegan que este sea un problema generalizado en España. 

“Este es un caso puntual, como puede surgir otro dentro de cinco años, o no surgir”, declaró sobre el caso el fiscal especial antidrogas de la Audiencia Nacional y co-coordinador de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, Ángel Bodoque Agredano, en conversación con InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

La corrupción es un elemento clave en todos los eslabones de la cadena de suministro de cocaína hacia Europa y el caso de Juan Carlos Carrión la ejemplifica a un nivel extremadamente alto.

En Europa, el 71 % de las redes criminales más amenazantes utilizan alguna forma de corrupción, incluyendo un 28 % que la emplea de manera proactiva y sistemática, según un reciente informe de Europol.

La corrupción del narcotráfico penetra tanto en instituciones privadas como públicas y la corrupción policial es una de las formas más ventajosas para las organizaciones criminales.

El 12 de abril, un juzgado español condenó a un guardia civil y dos policías nacionales a más de siete años de prisión por custodiar un cargamento de 367 kilos de cocaína colombiana en 2022. El envío fue interceptado gracias a la cooperación entre la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y la Fiscalía de Colombia.

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Esta dinámica también se vio en 2022, cuando las autoridades españolas arrestaron a cinco guardias civiles en el puerto de Algeciras, un policía destinado en Ceuta, —al norte de África—, un funcionario de Aduanas y un expolicía local por su colaboración con una red de narcotráfico responsable de introducir 6,2 toneladas de cocaína por el sur de España en varios envíos.

Es así como este tipo de corrupción puede llegar a poner en riesgo la credibilidad de las instituciones y sus relaciones internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico. Por ello, su detección, investigación y persecución es fundamental para irrumpir las cadenas de narcotráfico transnacionales.

“Asuntos como ese [el caso de Carrión] solo nos pueden hacer aumentar la cooperación [internacional] e intentar conseguir los mejores niveles de confianza en el ámbito latinoamericano” explicó el fiscal Bodoque Agredano a InSight Crime.

A pesar de los esfuerzos, la corrupción sigue siendo un camino atractivo para funcionarios públicos y trabajadores de entidades privadas que ven cómo el flujo de cocaína no se detiene. “Las organizaciones criminales cada vez son más potentes y el beneficio y el dinero criminal que se mueve es enorme y todos lo sabemos. Todo el mundo puede tener una tentación de incorporarse a esa dinámica”, sentenció Bodoque Agredano.

Imagen principal: Agentes de policía aguardan junto a vehículos de la Policía Nacional de España. Crédito: Rober Solsona / Europa Press