En la Amazonía peruana, los pueblos indígenas enfrentan una creciente amenaza ante el avance del crimen organizado, pero reciben poca atención del Estado, según un nuevo estudio. 

Durante años, grupos criminales han invadido tierras indígenas en Perú para explotar oro y madera, salpicar sus tierras con cultivos de coca y tumbar los bosques para construir pistas de aterrizaje clandestinas. Además, la falta de títulos de propiedad y un gobierno que, a menudo, favorece intereses empresariales por encima de los de las comunidades, ha puesto aún más en jaque a los pueblos indígenas.

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Estas múltiples presiones que enfrentan las comunidades nativas en Perú son abordadas en el informe titulado “Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024”, elaborado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación ProPurús, dedicadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del país. El estudio publicado el pasado 15 de mayo, se enfoca en la situación de diferentes comunidades de los departamentos de Ucayali, en el centro de la Amazonía peruana, y en pequeños poblados de Huánuco, también en el centro, y en Loreto, en el norte.

A continuación, InSight Crime hace un recuento de las conclusiones más importantes del informe.

El avance de las economías ilegales amenaza a comunidades indígenas

En la Amazonía peruana converge un ecosistema de economías ilegales que abarca la tala ilegal, el tráfico de tierras, el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras. Estas actividades no operan de forma aislada en Perú, por el contrario, se conectan y refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el tráfico de tierras está estrechamente ligado a la deforestación —que suele ser un paso previo antes de traficar las tierras—, y a la expansión de cultivos ilícitos —que se siembran en tierras, a menudo, traficadas. 

Estas economías ilegales no solo se han expandido en Perú a expensas de los bosques, causando deforestación y pérdida de biodiversidad, sino también de las comunidades indígenas, que al ser la primera línea de defensa de la selva, se han convertido en el blanco de amenazas y ataques mortales. 

El informe enciende, especialmente, las alarmas por la violencia que ha traído consigo la creciente expansión del narcotráfico en territorios indígenas. 

“Más allá del impacto ambiental, el narcotráfico es la principal fuente de violencia e inseguridad, generando amenazas directas y constantes contra la vida de los líderes indígenas que se oponen a sus actividades”, sentencia el informe.

En los últimos años, los cultivos de coca se han multiplicado en toda la Amazonía peruana, pasando de 8.766 hectáreas en 2019 a 33.384 en 2023, un incremento del 280%, según los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Las pistas de aterrizaje clandestinas también se han multiplicado en toda la región, sobre todo en terrenos de las comunidades nativas.

Uno de los pueblos indígenas más afectados por el avance del narcotráfico es el Kakataibo. Se ha documentado el asesinato de al menos seis líderes y defensores Kakataibo entre 2020 y 2024. Los testimonios de líderes y comuneros Kakataibo evidencian cómo el narcotráfico ha permeado su cotidianidad, y describen la frustración ante la impunidad y la inacción de las autoridades, y el miedo constante a sufrir represalias por defender su territorio.

La falta de titulación, otra capa que afecta a las comunidades indígenas

La falta de titulación formal y la demarcación clara de las tierras comunales es un problema estructural que ha dejado a los pueblos indígenas en Perú en una posición de extrema vulnerabilidad, no solo ante el avance del crimen organizado, sino también frente a los intereses corporativos. 

Uno de los problemas derivados de esta falta de titulación es lo que en Perú se conoce como la superposición de derechos, en la que diferentes actores reclaman derechos sobre una misma área o recurso.

En la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, la última comunidad nativa fue reconocida en 2005 y, hasta hoy, no ha logrado concluir con el proceso de titulación. Según el informe, parte de esta demora responde a que diversas entidades estatales han venido otorgando diferentes permisos y derechos sobre esos territorios, como concesiones forestales, concesiones mineras, y autorizaciones de cambio de uso para la instalación de monocultivos y ganadería. 

Lo anterior ha hecho que la lucha de comunidades indígenas para acceder a los títulos de las tierras que han habitado ancestralmente, colisione con los intereses de las industrias agrícolas, madereras, y mineras, pero también del crimen organizado. 

Al igual que en Puerto Inca, más de 100 comunidades indígenas en Ucayali se han visto afectadas por conflictos territoriales derivados de esta superposición de derechos, el narcotráfico, y la proliferación de vías y pistas clandestinas.

El Estado no tiene dientes para proteger a los pueblos indígenas

La respuesta del Estado peruano ante la situación de las comunidades indígenas en Perú ha estado marcada por la debilidad institucional, la inestabilidad política, y la penetración de la corrupción, lo que ha sembrado una profunda desconfianza entre las comunidades a la hora de denunciar.

Los mecanismos de protección creados por el gobierno son lentos, no alcanzan a cubrir las necesidades reales de las comunidades indígenas y frecuentemente ignoran sus características comunitarias y tradiciones.

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Además, existe una alta desconfianza de parte de comunidades indígenas hacia los agentes del Estado, como la policía y otros funcionarios, ya que, a menudo, son percibidos como parcializados a favor de los infractores o incluso corruptos e involucrados en actividades ilícitas, lo que disuade a las y los defensores de presentar denuncias.

Para contrarrestar esta situación, el informe sugiere una serie de recomendaciones para fortalecer la protección de las comunidades indígenas, entre las que se encuentra avanzar en los procesos de seguridad territorial, mejorar los sistemas de alerta temprana existentes, y proporcionar recursos adecuados a entidades como la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Imagen principal: defensores de la comunidad indígena Kakataibo, en Perú. Crédito: Amazon Watch.