El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo.

La cuenca del Amazonas es el hogar de alrededor del 95 por ciento de los pueblos indígenas que viven en aislamiento, con un estimado de 124 grupos viviendo solo en Brasil, según un informe reciente de Survival International, una organización no gubernamental que trabaja con pueblos indígenas en todo el mundo. Aunque comúnmente se les llama no contactados, son conscientes del mundo exterior, y la mayoría ha tenido algún tipo de contacto con él, pero eligen vivir en aislamiento.

Las regiones con las mayores concentraciones de estas comunidades se han convertido en territorios codiciados para las redes criminales y grupos armados, pues ofrecen acceso a lucrativos recursos naturales y oportunidades para llevar a cabo operaciones lejos del alcance de las autoridades.

Algunos de estos actores criminales son grupos armados sofisticados y poderosos, como el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) de Brasil, que operan a través de las regiones fronterizas amazónicas de Brasil, o grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que invaden tierras indígenas tanto en Colombia como en Venezuela.

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Otros, sin embargo, son trabajadores ilícitos, residentes locales y colonos que buscan escapar de la pobreza extrema a través de oportunidades ofrecidas por los empresarios criminales que financian y coordinan el saqueo de la selva.

Todos estos actores representan una amenaza potencialmente mortal para los pueblos en aislamiento. Las operaciones criminales en particular destruyen o contaminan los ecosistemas de los que dependen y les cortan el acceso a las tierras que necesitan para sostener su forma de vida nómada. Además, los extranjeros pueden traer enfermedades contra las que las comunidades indígenas no tienen inmunidad, y su presencia puede perturbar la autonomía y cultura de estos pueblos, explicó a InSight Crime Teresa Mayo, de Survival International.

“Sus vidas están basadas en la relación con su territorio. Si pierden su acceso a su territorio o la calidad de su bosque porque está contaminado, entonces su supervivencia está en riesgo”, afirmó.

Los avances de grupos criminales hacia territorios de pueblos indígenas no contactados también han provocado enfrentamientos mortales, aunque los casos suelen documentarse únicamente cuando hay víctimas del lado criminal.

“Nunca sabemos cuántas personas no contactadas han sido asesinadas porque ese es el lado que nunca vemos”, dijo Mayo. “Pero no debemos olvidar que son flechas contra balas”.

Tráfico de drogas en las profundidades de la Amazonía

La mayor concentración de pueblos no contactados del mundo vive en la región fronteriza entre Brasil y Perú, que en años recientes se ha convertido en un territorio clave para la producción y el tráfico de drogas. Mientras que el tráfico en la región ha estado durante mucho tiempo bajo dominio de clanes criminales locales y de redes independientes, múltiples informes apuntan a un papel creciente de grupos brasileños como el Comando Vermelho.

Los cultivos de coca en los cinco departamentos peruanos que tienen reservas territoriales para pueblos indígenas que viven en aislamiento o en una fase de contacto inicial han aumentado un 87 por ciento desde 2019, alcanzando 44.211 hectáreas en 2024, según el monitoreo de cultivos realizado por la agencia antidrogas del país. Gran parte de las plantaciones se concentran en el departamento de Ucayali, cuya frontera compartida con el estado brasileño de Acre es hogar de numerosos grupos no contactados.

Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia.

Perú ha experimentado una ola de asesinatos de líderes indígenas que han denunciado el tráfico de drogas. Uno de los pueblos más afectados ha sido el Kakataibo, que perdió al menos a seis líderes a causa de la violencia criminal entre 2020 y 2024. Una rama de los Kakataibo continúa viviendo en aislamiento, y aunque esto significa que no son blanco de amenazas y asesinatos por alzar la voz, viven en constante amenaza de quedar en medio de la violencia que el narcotráfico trae consigo, explicó a InSight Crime Herlin Odicio, un líder Kakataibo de Ucayali.

“Se pueden encontrar grupos de cocaleros o narcotráfico, que están en un enfrentamiento y los exterminan a ellos”, dijo Odicio.

Amenaza de la fiebre del oro

La amenaza criminal de más rápido crecimiento en muchas de las tierras de pueblos no contactados es la minería ilegal, que se está expandiendo por la Amazonía en un auge impulsado por los altísimos precios internacionales del oro.

Realizada con retroexcavadoras que derriban árboles y dragas que revuelven ríos, la minería impulsa la deforestación y degradación de bosques y contamina el agua y los suministros de alimentos, especialmente por el mercurio usado en el procesamiento. También genera violencia, ya que grupos armados y prospectores locales protegen sus intereses a punta de bala.

Los mineros “están destruyendo los territorios, están destruyendo los bosques, están destruyendo la naturaleza, destruyendo los ríos”, agregó Odicio.

La amenaza más urgente está en territorios indígenas Yanomami en la región fronteriza entre Brasil y Venezuela, donde aldeas de un pueblo no contactado conocido como los Moxihatetema han sido identificadas a solo kilómetros de distancia de sitios de minería ilegal.

La región ha sido invadida durante mucho tiempo por miles de mineros que extraen oro de forma ilegal, conocidos como garimpeiros. Investigaciones de InSight Crime han revelado cómo hoy, las operaciones de garimpo frecuentemente trabajan con el apoyo, supervisión o protección del PCC en el lado brasileño de la frontera y de elementos militares corruptos en Venezuela.

Durante el último año, organizaciones ambientales e indígenas también han prendido las alarmas sobre la expansión de la minería en territorios indígenas no contactados en Colombia y Ecuador.

En Colombia, organismos de vigilancia ambiental han detectado la presencia de numerosas dragas de oro dentro del Parque Nacional Río Puré, un área protegida hogar de comunidades Yurí-Passé que viven en aislamiento voluntario.

También ha habido informes de operaciones de minería ilegal en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador, que es hogar de las últimas tribus no contactadas del país: los Tagaeri, Taromenane y Dugakaeri. Líderes del pueblo Waorani señalaron que detrás de esta incursión se encuentran Los Choneros, una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador.

Las víctimas sin voz de la Amazonía

Mientras que el tráfico de drogas y la minería ilegal representan el mayor atractivo para poderosos grupos de crimen organizado, las comunidades no contactadas también están en riesgo por las redes mucho más abajo en la cadena criminal, que representan una amenaza igual de grande para su supervivencia.

Actividades como el tráfico de madera y de vida silvestre cobran un alto precio en la forma de vida de las personas no contactadas, pues agotan la caza y degradan los hábitats de los que dependen para su sustento. Los esfuerzos para repeler a madereros y cazadores furtivos de sus tierras pueden volverse violentos.

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En ambos casos, madereros y cazadores furtivos son, a menudo, miembros de comunidades locales que ven la caza y la tala como algunas de las pocas oportunidades económicas disponibles para ellos. Sin embargo, a menudo son solo la cara visible de complejas redes de financistas, intermediarios, redes logísticas y negocios legales que lavan productos ilícitos en cadenas de suministro legales, tanto a nivel nacional como internacional.

Los intereses detrás de estas redes son a menudo actores poderosos en la economía legal, que frecuentemente pueden contar con protección y apoyo político local e incluso nacional. Estos actores representan otra cara de la amenaza criminal a pueblos no contactados: la intersección entre el crimen organizado y la economía legal.

Amenazadas por intereses tan poderosos mientras viven en aislamiento, deja a estas tribus especialmente vulnerables, manifestó Odicio, el líder Kakataibo de Ucayali.

“Ellos no tienen como defenderse”, dijo a InSight Crime. “Ellos no pueden salir a protestar o a conversar con el Estado. Ellos viven en los bosques. Por eso la única alternativa es que nosotros protejamos estos territorios”.