El aumento de la violencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones del electorado de cara a las elecciones presidenciales de Costa Rica, en línea con una tendencia observada en toda América Latina que ha impulsado al poder a figuras de línea dura en materia de seguridad.

Costa Rica se vio sacudida por una serie de escándalos de crimen organizado en 2025, entre ellos el desmantelamiento del llamado “Cartel del Caribe Sur”, que funcionarios locales describieron como la primera organización criminal transnacional del país, y el arresto del exministro de Seguridad Celso Gamboa Sánchez, acusado por Estados Unidos de liderar una red regional de tráfico de drogas.

Las incautaciones de drogas también se dispararon en 2025. Las autoridades decomisaron más de 44 toneladas de cocaína, muy por encima de las 27 toneladas incautadas aproximadamente en 2024. Las incautaciones de marihuana aumentaron hasta alcanzar las 19 toneladas, unas dos toneladas más que el año anterior.

Al mismo tiempo, las tasas de homicidio se dispararon en zonas clave del tráfico de drogas, como Limón, el principal puerto del país. Un Estado que anteriormente era considerado como el más seguro de la región, ahora registra la tercera tasa de homicidios más alta de Centroamérica, con 16,6 por cada 100.000 habitantes.

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Costa Rica ya ha comenzado a implementar tácticas duras contra el crimen inspiradas en sus vecinos. A comienzos de enero, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, invitó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la inauguración de una nueva cárcel inspirada en el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Los votantes parecen ansiosos de que el próximo presidente adopte nuevas medidas. Una encuesta de diciembre de 2025, publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), mostró que la mayoría del electorado sitúa la seguridad ciudadana como su principal prioridad, y que las propuestas en esta materia de todos los principales candidatos apuntan hacia medidas de línea dura, como la ampliación de la fuerza policial, el refuerzo de la seguridad portuaria y la imposición de penas más severas.

Hay 19 candidatos en contienda y las encuestas muestran a una, Laura Fernández, como la clara favorita. Pero a menos que obtenga más del 40% de los votos — algo que las encuestas indican que es posible — la elección se definirá en una segunda vuelta el 5 de abril.

Estos son los tres candidatos que lideran las encuestas y cómo serían, previsiblemente, sus políticas de seguridad, según sus plataformas y promesas de campaña.

Laura Fernández, Partido Pueblo Soberano

Es la exjefa de gabinete del presidente Rodrigo Chaves y su sucesora designada. La principal candidata conservadora, al igual que Chaves, ha adoptado un enfoque de mano dura frente a la seguridad y el crimen organizado.

Sus principales propuestas incluyen ampliar el uso de escáneres de carga en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, así como realizar operativos periódicos contra pistas clandestinas y puntos ilícitos de descarga de embarcaciones utilizados para el tráfico de drogas. También se ha comprometido a fortalecer la cooperación internacional con la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), Interpol y Europol, además de intensificar los controles sobre los precursores químicos usados para producir fentanilo y otras drogas sintéticas.

Su plataforma incluye, además, medidas para combatir la violencia de género y la ciberdelincuencia, así como para reforzar la seguridad fronteriza.

Además, Laura Fernández ha propuesto la implementación de estados de emergencia, mediante los cuales se suspenderían libertades civiles para atacar a sicarios y narcotraficantes en focos de violencia —un claro guiño al prolongado estado de excepción de Nayib Bukele, que desde entonces ha sido emulado sin éxito en otros países de la región, como Honduras y Ecuador—.

Otro elemento importante del plan de Fernández se centra en la reforma judicial e incluye la imposición de límites a los periodos de los jueces, la agilización de los procesos judiciales, la creación de un sistema de sanciones y la obligación de que los funcionarios judiciales rindan cuentas sobre sus resultados para frenar la corrupción.

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional

Candidato de centro de uno de los partidos tradicionales de Costa Rica, Ramos sitúa la seguridad en el centro de su plataforma. Sostiene que “el país ya no solo es
un puente para el tránsito internacional de drogas, sino se ha convertido en un consumidor atractivo, en una bodega clave para el almacenaje temporal de drogas, además de un importante exportador de cocaína hacia Estados Unidos de Norte América y el continente europeo.”

Las propuestas de Álvaro Ramos incluyen la realización de “megaoperativos” nacionales dirigidos a los 40 barrios más peligrosos del país, así como a las zonas turísticas con mayores niveles de criminalidad; la contratación de 6.000 nuevos policías; y la creación de un laboratorio balístico biométrico para rastrear armas de fuego y a sus propietarios.

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Para reducir los flujos de drogas, también plantea adquirir e instalar escáneres avanzados y sellos electrónicos, o “contenedores inteligentes”, que permitan inspeccionar la carga sin abrir los contenedores y activar alertas cuando estos sean abiertos o manipulados por el crimen organizado.

Algunas de sus propuestas son menos concretas. Entre ellas figura la creación de un Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), descrito como una herramienta tecnológica avanzada para mejorar la seguridad, reforzar de manera tecnológica las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, y fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias. Aunque la propuesta sigue siendo vaga, parece orientada a ampliar la capacidad tecnológica de Costa Rica para combatir el crimen.

A diferencia de quienes promueven la construcción de megacárceles, Ramos también propone edificar un Centro de Atención Institucional Multinivel para albergar a personas privadas de la libertad de bajo riesgo, con el objetivo de liberar capacidad en un sistema penitenciario ya sobrepoblado.

Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana

La exprimera dama del presidente Carlos Alvarado Quesada representa a una coalición de partidos progresistas en Costa Rica.

Su plataforma subraya que la inseguridad “no es solo un problema de orden público; también es consecuencia de desigualdades estructurales, exclusión social y ausencia de oportunidades. Por lo tanto, combatir el crimen organizado y la violencia también implica fortalecer el Estado de Derecho, reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar que todas las comunidades puedan desarrollarse sin amenazas que socaven la democracia, los derechos humanos y la paz social”.

Claudia Dobles promete una serie de programas preventivos dirigidos a jóvenes en situación de riesgo, centrados en ampliar el acceso a la vivienda, impulsar el empleo juvenil y garantizar el acceso a alimentos, atención médica y agua potable.

No obstante, su propuesta también incorpora políticas de enfoque más duro. Entre ellas figuran aumentar el número de “megaoperativos” en distritos con altas tasas de criminalidad, impulsar legislación para endurecer las penas por porte ilegal de armas de fuego y fortalecer las bases de datos de trazabilidad para evitar que armas adquiridas legalmente terminen en manos del crimen organizado.

Asimismo, plantea ampliar las fuerzas de seguridad con la incorporación de alrededor de 4.000 policías, así como incrementar la presencia y la capacidad operativa de la guardia costera, incluida la reapertura de dos estaciones para combatir el tráfico de drogas.

Además, propone de manera explícita reforzar la capacidad del Estado para combatir el lavado de activos, mediante el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el respaldo a la aprobación e implementación de la “Ley de Capitales Emergentes”, una iniciativa orientada a perseguir el lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas y a socavar el incentivo económico del crimen organizado.

*Abby Pender contribuyó al reportaje de este artículo.