Crimen, drogas y violencia, principales preocupaciones en las elecciones de Uruguay

Mientras los uruguayos se preparan para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, la seguridad se ha convertido en un tema central y los candidatos se han movido hacia el centro, debatiendo si la prevención y supresión del crimen son las mejores formas de combatir el crimen organizado. 

Pese a que Uruguay cuenta con una economía fuerte, inflación baja y una disminución estable de algunos delitos, la seguridad es una preocupación importante impulsada por la creciente violencia y el rol del país en el tráfico transnacional de cocaína. 

El puerto de Montevideo, situado al extremo de la hidrovía Paraná-Paraguay, se convirtió en un punto de tránsito de cocaína clave. Los grupos criminales ya no solo están enviando cocaína a través de contenedores. También están almacenando drogas en territorio uruguayo, aumentando las preocupaciones sobre el papel del país en el tráfico transnacional de drogas. 

El hacinamiento en las cárceles —donde están recluidos importantes líderes criminales— y las condiciones inhumanas al interior de estos centros han empeorado, generando preocupaciones sobre el crecimiento de bandas carcelarias. Al mismo tiempo, las instituciones anti-lavado en el país están mal financiadas y no cuentan con el personal adecuado. 

Aunque los robos domésticos han disminuido, los robos violentos han incrementado desde 2018 y todavía son una amenaza, junto con la violencia relacionada con drogas. La indignación pública se ha intensificado tras casos de niños que se encuentran en el fuego cruzado de los criminales, resaltando la brecha entre la estabilidad económica y los problemas de seguridad. 

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Aunque hay más de diez partidos, tres candidatos de los partidos tradicionales tienen más posibilidades de ganar: Álvaro Delgado, del gobernante Partido Nacional (PN); Andrés Ojeda, del Partido Colorado (PC), cuya facción pertenece a la coalición de derechas, y Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio (FA). Si ningún candidato logra una mayoría en la primera vuelta, se hará una segunda vuelta el 24 de noviembre. Votar es obligatorio y el ganador estará en el cargo por cinco años. 

Uruguay es reconocido a nivel internacional por su política de drogas progresivas al ser el primer país en legalizar completamente la marihuana. Pero en estas elecciones, los candidatos han promovido medidas antinarcóticos más severas, concentrándose más en medidas policiales y penalización.

Álvaro Delgado	Andrés Ojeda	Yamandú Orsi
Políticas	Políticas	Políticas
Equipo multifuerza inspirado en el modelo antimafia italiano para combatir el crimen organizado y el narcotráfico; blindaje fronterizo y portuario.	Aumentar presencia del Estado y programas en barrios marginalizados y centros educativos, incluir el tema de la prevención en los programas educativos y contención a niños, niñas y adolescentes con familiares delincuentes.	Nuevos órganos del gobierno dedicados a investigar el crimen organizado, el crimen barrial, la seguridad fronteriza, y casos complejos.
Unificar instituciones para combatir el lavado de activos e implementar la figura del Agente Encubierto Financiero.	Crear nuevas instituciones y estrategias para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, descentralizar Senaclaft, jerarquizar la Fiscalía Especializada.	Aumentar la transparencia en donaciones y sueldos de políticos y fortalecer instituciones contra el lavado de activos, limitar designaciones directas.
Actualizar normas y penas, crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y mejorar el sistema penitenciario volcando un gran presupuesto mediante una “reforma”.	Descentralizar y reformar el sistema penitenciario, capacitar a los funcionarios de prisiones por concurso, crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	Hincapié en la integración social y la prevención interinstitucional y dar vida digna para presos. Atacar la sobrepoblación carcelaria y priorizar medidas no privativas de libertad, crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Apoya los allanamientos nocturnos. Quiere profesionalizar y reforzar la fuerza policial con énfasis en calidad de vida, salud mental y violencia de género, mejorar las investigaciones, comisarías, equipo y capacitación; ampliar la Guardia Republicana.	Apoya los allanamientos nocturnos. Quiere endurecer penas, respaldo a la fuerza pública, fortalecer comisarías, aumentar sueldos y capacitación, fortalecer la Guardia Republicana y expandir tecnologías, sobre todo para combatir el ciberdelito.	Opuesto a allanamientos nocturnos. Quiere tener más cámaras de videovigilancia con sistemas de identificación facial y el despliegue territorial del Ministerio del Interior (más patrullaje y efectivos).
Potenciar cooperación internacional, promover urbanización, nuevas y más tecnologías, más “control interno”.	Blindar fronteras, Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), encuestas de victimización.	Mejores condiciones para policías (plan nacional de profesionalización), estudiantes universitarios en comisarías.

Los tres candidatos proponen ampliar las políticas actuales. Tienen previsto reforzar la Guardia Republicana, la fuerza especial de seguridad interior de Uruguay, y mejorar la formación y el equipamiento de la policía. La salud mental dentro de las fuerzas policiales es una prioridad para cada candidato, con iniciativas propuestas para hacer frente a las elevadas tasas de suicidio, junto con programas de alojamiento, revisiones médicas y mejoras en los servicios de salud mental para los agentes.

La policía comunitaria es otro de los puntos centrales. Delgado pretende reestructurar el modelo de policía comunitaria, Ojeda busca fortalecer la policía comunitaria orientada a la solución de problemas, y Orsi quiere mayor presencia policial a través de soluciones basadas en la “participación comunitaria”.

Emiliano Rojido, profesor de criminología de la Universidad de la República, resumió las propuestas como “más presupuesto, más tecnología, que es un fetiche, más policía, más cárcel, más penas”.

El politólogo y analista Mauro Casa notó una falta de propuestas innovadoras en políticas públicas por parte de los candidatos. 

Los votantes han reaccionado a sus planes con “apatía, disconformidad y resignación”, dijo Casa a InSight Crime.

Álvaro Delgado – Partido Nacional

Álvaro Delgado, candidato del gobernante Partido Nacional, aboga por un enfoque más duro y represivo para hacer frente al crimen organizado.

Veterinario de formación, Delgado comenzó su trayectoria política como secretario de una popular figura del partido. Más tarde ascendió en las filas del partido, sirviendo en ambas cámaras del parlamento y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, antes de que el actual presidente, Luis Lacalle Pou, lo nombrara jefe de gabinete.

La principal propuesta de Delgado es la creación de un Grupo Especial Conjunto contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, inspirado en la estrategia antimafia multiagencia italiana. Apoya la polémica aprobación de los allanamientos nocturnos, que se decidirá en referéndum el día de las elecciones. Sus defensores sostienen que las operaciones nocturnas son una herramienta importante para sorprender a los delincuentes, mientras que sus detractores advierten de que aumentan los riesgos tanto para la policía como para la población civil de los barrios marginales. Delgado también quiere endurecer las penas por delitos como los homicidios relacionados con bandas y el tráfico de drogas a gran escala.

Propone nuevas leyes contra las organizaciones criminales, introduciendo nuevos cargos más severos por pertenecer a grupos de narcotraficantes y medidas especiales de protección para testigos y peritos en casos de delincuencia organizada.

Además, Delgado planea reformar el sistema penitenciario prometiendo un “aumento significativo del presupuesto”, la creación de un nuevo ministerio y una mejor coordinación entre las agencias estatales.

Para combatir los delitos financieros, aboga por fusionar la Secretaría Nacional de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), además de emplear agentes financieros encubiertos.

Su estrategia de seguridad pretende reforzar la lucha de Uruguay contra el crimen organizado en todos los frentes y se extiende al refuerzo de las defensas fronterizas y portuarias, la mejora de la cooperación policial internacional y la promoción del desarrollo urbano como medida de prevención de la delincuencia.

Andrés Ojeda – Partido Colorado

La plataforma de Ojeda se centra en gran medida en la prevención de la delincuencia y el refuerzo de la acción policial en el marco de la ley.

Abogado de profesión, Ojeda saltó a la fama por su trabajo en casos notorios y como representante legal del sindicato policial. Su carrera política incluye haber sido concejal en Montevideo por el Partido Colorado entre 2010 y 2015, y haber asesorado a otros políticos en materia de seguridad.

Su programa hace hincapié en la prevención, proponiendo lazos comunitarios a través de comités de seguridad y convivencia, potenciando la seguridad escolar con tecnología y policía comunitaria, integrando la prevención del delito en los planes de estudio, realizando encuestas de victimización y estableciendo centros de rehabilitación y programas especiales para niños y adolescentes afectados por la delincuencia.

“En la derecha, hay guiños hacia el centro. Los actores aprendieron que si no se atacan las causas más profundas del delito no hay forma de detenerlos”, dijo Casa, reflexionando sobre el cambio hacia estrategias preventivas, incluso en las políticas de línea más dura de la derecha.

En la batalla contra el crimen organizado, Ojeda planea desarrollar una Auditoría de Seguridad Nacional con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), identificando vulnerabilidades y creando una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado. Al igual que Delgado, Ojeda apoya los allanamientos nocturnos como parte de su plan.

En el tema de lavado de activos, Ojeda aboga por descentralizar el Senaclaft y crear la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos dentro de la División de Investigaciones de la Policía Nacional. También busca fortalecer los lazos con Interpol y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Adminstration, DEA).

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Su plan de reforma penitenciaria incluye el traslado gradual de los reclusos a un mayor número de centros más pequeños y manejables. También pretende aumentar significativamente los recursos humanos del sistema penitenciario, garantizar la asistencia sanitaria universal y desarrollar alternativas al encarcelamiento.

Sin embargo, el Partido Colorado está dividido entre enfoques opuestos sobre la delincuencia. Dentro del equipo de Ojeda han surgido tensiones, pues la postura dura y punitiva defendida por el ex fiscal Gustavo Zubía choca con la estrategia más orientada a la prevención propuesta por el criminólogo Diego Sanjurjo, especialista en políticas de seguridad que trabaja en el Ministerio del Interior. El regreso del exsenador Pedro Bordaberry, aportando su propia visión, ha profundizado estas divisiones, provocando fisuras no solo dentro del propio partido, sino también en la coalición.

Yamandú Orsi – Frente Amplio

Yamandú Orsi, el candidato más izquierdista, centra su plan de seguridad en la ampliación de la capacidad del Estado para combatir la delincuencia.

Antiguo profesor de historia y miembro del Movimiento de Participación Popular (MPP) dentro de la coalición de izquierdas Frente Amplio, Orsi se ha enmarcado como sucesor político del expresidente José Mujica, que adoptó un enfoque progresista contra el crimen organizado, legalizando la marihuana y construyendo viviendas para familias de bajos ingresos.

Su plataforma se basa en tres pilares: estabilidad y crecimiento económico, protección social y mayor seguridad. El Frente Amplio atribuye el aumento de la delincuencia a la desigualdad social y a los fallos económicos sistémicos, argumentando que la falta de desarrollo personal y de oportunidades para generar ingresos lleva a los jóvenes a la delincuencia, la violencia y el narcotráfico.

Sin embargo, un enfoque centrado en el desarrollo para combatir el crimen organizado resultó ineficaz durante la anterior administración del Frente Amplio, según Rojido. “Uruguay ha tenido, durante los gobiernos de izquierda, una mejora generalizada de los indicadores sociales y económicos y un aumento muy expresivo también de la violencia y de la criminalidad,” dijo a InSight Crime.

Para ir más allá del desarrollo social, Orsi promete reforzar la presencia del Estado e invertir fuertemente en recursos de lucha contra el crimen organizado. Esto incluye aumentar la vigilancia con más cámaras, utilizar el reconocimiento facial y desplegar fuerzas del Ministerio del Interior por todo Uruguay.

Reflejando el giro del Frente Amplio hacia posturas centristas y más duras frente a la delincuencia, Orsi propone nuevas instituciones para investigar el crimen organizado, el narcotráfico, la seguridad fronteriza y los casos complejos. Al igual que sus rivales, busca fortalecer las investigaciones sobre lavado de dinero, pero añade un enfoque en la transparencia de las donaciones políticas, que podrían revelar corrupción o influencia criminal en las campañas.

El Frente Amplio “se ha corrido hacia el centro y la mano-dura, un cambio de paradigma en la izquierda asociado a los años en el que el FA estuvo en el gobierno”, según Casa.