Los dragones de Chocó: la minería ilegal de oro en los ríos de Colombia

Río arriba, el río Quito es un paisaje de árboles que se abren paso hasta las riberas, formando un muro impenetrable de selva que va marcando el camino del agua.

Entonces, de repente, el mundo se abre.

Los árboles que antes nos cubrían, ahora yacen más de medio kilómetro atrás, dando paso un páramo estéril. El río, que hasta ahora llevaba una forma curva que se balanceaba suavemente de un lado a otro, ahora es una línea recta casi perfecta.

En ese momento, aparece el primer dragón. 

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Los dragones son máquinas parecidas a un barco: una quimera que mezcla a una excavadora, una balsa y una cabaña de madera construida sobre pilotes. Estos dragones, como los de las leyendas, también acumulan oro.   

Los mineros utilizan estas grandes dragas para extraer oro, arrancando trozos de la selva y tirando a un lado los restos envenenados con mercurio y arsénico. 

El proceso de extracción de oro ha tenido un impacto ambiental devastador en el departamento del Chocó, en la costa pacífica colombiana. Los precios internacionales del oro, que han batido récords en los últimos cinco años, han provocado una fiebre en las regiones mineras del sur del Chocó. Detrás de la minería ilegal de oro a gran escala hay grupos criminales que luchan entre sí por el control de la región: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas del paramilitarismo en Colombia, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

A diferencia de otras economías ilegales, la extracción ilegal de oro se produce a plena vista. Y a menos de una hora en lancha desde Quibdó, capital de Chocó, estos monstruos de la minería de oro pueden ser encontrados.

Los dragones se provisionan de oro

Son las siete de la mañana y una fuerte lluvia cae sobre la capital. A pesar de la hora y el clima, el puerto fluvial de Quibdó -que es poco más que una escalera de piedra que desciende hacia el río Atrato- está lleno de vendedores y lancheros que ofrecen sus servicios en un tono fuerte y claro, mientras caminan descalzos y son recubiertos con ponchos para la lluvia.

Uno de ellos, también sin zapatos, es nuestro guía, Tomás*.

Nos ayuda a subir a su lancha e inmediatamente ubica dos sillas de plástico recortadas en la base, para que nuestro peso se distribuya uniformemente. Una vez se escucha el rugido del motor, nos alejamos de la orilla de cemento.

Nuestro destino es Paimadó, un centro urbano ubicado en río Quito, un municipio vecino de Quibdó que lleva más de una década sufriendo los efectos de la minería ilegal de oro. 

“No vayan a tomar fotos ahorita de bajada,” Tomás advierte. “Si van a sacar los celulares, mejor que sea cuando regresemos. Ahí ya se pueden sacar unas fotos.”

La zona es controlada por las AGC, que, según fuentes militares, financian y son dueñas de algunas dragas que operan en el río Quito. Otros dragones son supuestamente propiedad de inversores anónimos que tal vez nunca han pisado Chocó. 

Así mismo, el grupo ha impuesto un toque de queda a partir de las seis de la tarde en el río, lo que limita el comercio local. A los mineros, sin embargo, se les permite viajar de noche, dice Tomás, “porque ellos están produciendo [para las AGC], y nosotros no”. 

Además de tener el control sobre algunas operaciones mineras, el grupo también se beneficia de explotaciones mineras que no son de su propiedad. Todos los mineros tienen que pagar un porcentaje del oro que extraen si quieren seguir operando en la región.

Aunque contamos al menos 10 dragones entre San Isidro, otro pequeño municipio a orillas del río Quito, y Paimadó, fuentes militares que hablaron bajo condición de anonimato estiman que hay entre 40 y 70 de estas dragas en todo el departamento.

“tenemos que trabajar para ellos. Porque
si alguien dice que no, pues…”

tomás

Cada dragón está avaluado en 1.500 millones de pesos colombianos aproximadamente, unos US$400.000, según fuentes militares. Pero las ganancias que pueden dejar superan ampliamente los costos. Cada draga puede extraer alrededor de 1 kilogramo de oro a la semana, lo que equivale a casi US$77.000 en el mercado internacional. En ese sentido, los ingresos anuales de cada draga podrían ascender a más de US$4 millones al año. 

Los operadores de las dragas son colombianos y, en algunas ocasiones, extranjeros. Algunos trabajadores colombianos viajan desde los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, aunque la mayoría proceden de comunidades locales del Chocó. 

Sin embargo, involucrarse en este trabajo no está exento de riesgos.

“Las dragas son un problema serio. Los grupos armados vienen con ellas y tenemos que trabajar para ellos», dice Tomás. “Porque si alguien dice que no, pues…”, añade.

Un ecosistema devastado

Las orillas que se apuestan a los lados de los dragones están salpicadas de ensenadas artificiales y montones de sedimentos grises y cafés. De vez en cuando, el casco de la embarcación choca contra un tronco talado o una rama oculta bajo la superficie del río. Tomás, en un reflejo bien incorporado, corta la potencia del motor y levanta la hélice del agua en cuestión de milisegundos para evitar que la madera cause daños.

Los dragones aspiran los sedimentos del lecho del río con una manguera y los bombean hasta una alfombra de acero que empieza a separar los sedimentos que contienen oro. Después, incorporando el mercurio, una reacción química hace que esta sustancia y el oro formen una mezcla llamada amalgama. En este punto, los trabajadores del dragón calientan la amalgama para que el mercurio se evapore y el oro sea por fin visible.

El proceso emite gases tóxicos que son enviados a la atmósfera y a los pulmones de los trabajadores. Las sustancias restantes se arrojan al río, contaminándolo y contaminando a los peces que sirven de alimento a las comunidades locales. 

“Nadie hace nada por nosotros… nos estamos muriendo con el mercurio, la malaria y el dengue. Estamos jodidos.”

lamentó Tomás cuando hablamos con él por primera vez unos días antes del viaje.

La exposición al mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud e incluso la muerte. En Chocó, los niveles de mercurio no son monitoreados con regularidad. La única investigación de los últimos seis años que mide el nivel de mercurio en el agua, muestra niveles peligrosamente altos en poblaciones rurales. Según el Estudio Nacional del Agua de 2018, se estima que 183 toneladas métricas de mercurio fueron vertidas en los ríos de Colombia. Entre 2017 y 2022, se registró una producción 37,9 toneladas de oro en Chocó, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Sin embargo, sumando el oro extraído ilegalmente, es probable que el total sea mucho mayor. Por cada gramo de oro producido, pueden utilizarse entre 7 y 30 gramos de mercurio. Eso significa que, solo para cubrir la producción del oro declarado en los últimos cinco años, se utilizaron cerca de 265 toneladas de mercurio.

Por otra parte, el mercurio ha eclipsado otros problemas graves causados por la minería ilegal, como la destrucción del suelo, según contó un representante de la Fundación Beteguma, una organización ambiental sin ánimo de lucro a InSight Crime.

“A ese río prácticamente le borraron su cauce,” dijo el representante, que decidió permanecer anónimo por motivos de seguridad.

Los dragones han hecho del río Quito su hogar durante más de una década. Al secarse los yacimientos de oro en el sur, se han desplazado río abajo, dragando cada vez más del río. Esto provoca un aumento de las inundaciones y la erosión río arriba, ya que el agua se mueve más rápidamente a través de las zonas dragadas. A medida que el río erosiona sus orillas, los sedimentos sueltos pueden obstruir los arroyos, matar a los peces y desestabilizar puertos y puentes.

Las poblaciones ribereñas sufren estos efectos. Paimadó, por ejemplo, construyó un muro de contención para evitar la erosión. Pero sin lecho rocoso sobre el que construir, el agua ha seguido erosionando las orillas de la ciudad, acercándose peligrosamente a casas y negocios. 

Tomás navega con pericia por los remansos y, a medida que avanzamos hacia el sur, las orillas del río y las islas formadas por dragones que pintan el paisaje acaban dando señales de vida con pequeños arbustos y árboles jóvenes. Pero el río es un ecosistema complejo e interconectado, y su recuperación podría llevar años. Su recuperación es poco probable si las operaciones siguen dañando otras partes del río, dijo el representante de la Fundación Beteguma. 

Minería artesanal: una responsabilidad cultural

Entre los grupos de dragones, doblamos un recodo del río y vemos a un grupo de hombres jóvenes con el agua hasta el pecho paleando sedimentos en pequeñas canoas de madera. Poco después, un hombre y una mujer han instalado un pequeño tapete de acero a orillas de una playa gris.

Son barequeros, reconocidos legalmente como mineros de subsistencia. Ellos prefieren llamarse mineros artesanales.

Chocó tiene la población afrocolombiana más grande del país -más del 78% de la población del departamento según un censo de 2018-, la mayoría de la cual desciende de personas esclavizadas obligadas a extraer oro. Tras la abolición de la esclavitud, la minería artesanal se convirtió en un pilar cultural de las comunidades negras que permanecieron en el departamento. 

Los barequeros tienen que registrarse cada año en la alcaldía del municipio donde llevarán a cabo la actividad minera, proporcionando un correo electrónico y un número de teléfono que funcionen. Sin embargo, la mayoría de los mineros viven y trabajan en zonas rurales que pueden estar hasta a un día de viaje de la alcaldía y no se registran porque no pueden permitirse perder uno o dos días de trabajo.

Como resultado, muchos mineros artesanales y asociaciones de mineros locales operan sin documentación formal, que puede ser muy difícil de obtener. Así mismo, durante las operaciones militares contra la minería ilegal, las autoridades suelen atacar tanto a los mineros artesanales que trabajan sin permiso como a las explotaciones mineras dirigidas por el crimen organizado. La distinción entre ambas se complica aún más dado que muchos barequeros se ven obligados a pagar un impuesto a los grupos criminales locales. 

Las cooperativas mineras en tierras comunitarias también luchan por formalizarse. En conversación con InSight Crime, una asociación minera ubicada en Quibdó dijo que empezaron a solicitar un título minero en 2009, pero aún no lo han aprobado, ya que los requisitos y los costes cambian cada pocos meses.

Un problema de todos y de nadie

Al llegar a Paimadó, un hombre salta de su lancha y pasa junto a nosotros hacia una gasolinera, dándonos los buenos días en un acento que se identifica por fuera de la región. Una vez nos alejamos de él, Tomás nos dice en voz baja que es un paraco, un término común para referirse a un miembro de las AGC.

El presunto paraco y sus compañeros se dispusieron a llenar de gasolina los contenedores de combustible de dos lanchas. Este combustible podría estar destinado a la operación de los dragones o excavadoras que pasamos de camino a Paimadó, que se encuentra en el corazón del territorio de la AGC. 

Hasta 2016, la zona había sido controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de que el grupo guerrillero firmara el acuerdo de paz con el gobierno colombiano e iniciara su proceso de desarme , otros grupos armados empezaron a fortalecer su presencia en la región. Pero no fue hasta después de la pandemia de la COVID-19 cuando los enfrentamientos entre las AGC y el ELN empezaron realmente a intensificarse.

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“Han sido tres años de emergencias recurrentes que el gobierno conoce. El Estado lo sabe, lo saben los líderes sociales, lo sabe todo el mundo, porque lo denunciamos. Pero quienes tienen la responsabilidad de responder a las emergencias no lo hacen», dijo a InSight Crime un líder social del sur del Chocó.

La población civil es la que más sufre por parte de la violencia, soportando desplazamientos masivos, confinamientos, minas antipersona y amenazas.

Ni las autoridades ni otros organismos han tenido mucho éxito en el desmantelamiento de las explotaciones mineras. La principal respuesta del Estado a la minería ilegal, que tiene lugar a lo largo del río Quito, ha sido lanzar operaciones militares. Días antes de nuestra visita a Paimadó, 350 hombres fueron desplegados en una de estas operaciones en los ríos Quito y Atrato. Como es habitual, los agentes incautaron y destruyeron maquinaria, pero no hubo detenciones.

En teoría, el ejército es responsable de la interdicción, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) de imponer sanciones administrativas, y la Fiscalía General de la Nación de procesar a los responsables. Pero en realidad, nada de esto ocurre.

Un representante de la Fiscalía nos dijo que la cooperación entre los tres grupos es muy escasa, afirmación que fue confirmada por un representante de Codechocó.

Un representante de una ONG medioambiental de Quibdó dijo a InSight Crime que los funcionarios corruptos avisan a los mineros cuando se planea una operación militar, para que los trabajadores puedan escapar con antelación. Se burló de los dragones incautados, que a menudo simplemente se dejan en la orilla del río para que se oxiden. “Los militares aparecen y hacen lo suyo, y la gente dice que los dragones han sido destruidos porque se ven las llamas y la explosión. Pero al final, las dragas vuelven y empiezan a trabajar de nuevo”.

*Nombre cambiado por motivos de seguridad