Los bolivianos votarán el domingo en una elección presidencial que enfrenta a candidatos que prometen medidas más estrictas contra las drogas y defensores de las políticas nacionales de la coca. El resultado podría reformar la forma en que la nación andina aborda la producción de cocaína, el crimen organizado y la protección del Amazonas.

Dos candidatos de derecha lideran las encuestas: el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga. Detrás de ellos está el principal contendiente de izquierda, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, exlíder de una asociación de cocaleros. Si ningún candidato obtiene la mayoría en la votación, se llevará a cabo una segunda vuelta el 19 de octubre.

Con Doria Medina y Quiroga empatados en las encuestas, parece que casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS) están llegando a su fin. El partido está atrapado en una amarga lucha interna entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, quien tiene prohibido postularse nuevamente.

Un cambio en la dirección política podría traer grandes cambios en la estrategia antinarcóticos del país y en las normas sobre el cultivo de la coca.

¿Un cambio en la política antidrogas?

Bolivia es uno de los pocos países en el mundo donde el cultivo de coca es legal en cantidades reguladas para usos tradicionales como el masticado y el té. Según la legislación actual, se permiten hasta 22.000 hectáreas a nivel nacional, pero esta cuota supera la demanda interna, dejando miles de hectáreas de hoja de coca disponibles para ser desviadas hacia la producción de cocaína.

 El cultivo de coca en Bolivia alcanzó las 31.000 hectáreas en 2023, un aumento del 4% con respecto a 2022, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Las incautaciones de cocaína alcanzaron un récord de 46 toneladas en 2024, el doble que el año anterior, lo que subraya el creciente papel del país como productor y exportador.

Las regiones del Chapare y Los Yungas siguen siendo claves en la economía de la coca, pero los candidatos difieren notablemente sobre cómo equilibrar el uso tradicional de la hoja de coca con la reducción del comercio ilícito.

Doria Medina ha centrado su campaña en la reforma económica mientras promete medidas más estrictas contra las drogas, incluida la erradicación total de los cultivos de coca excedentarios y la rehabilitación de los consumidores de drogas ilegales, según su plataforma de la Alianza Unidad. Propone fortalecer la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y crear un sistema judicial antidrogas para combatir el lavado de dinero.

En una entrevista con Infobae, acusó a gobiernos anteriores de “cohabitar con el narcotráfico”, citando al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien vivía en Bolivia y era dueño de un club de fútbol, y miembros del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, que operan en Santa Cruz. Ha prometido una mayor coordinación con la Policía Federal de Brasil, señalando que gran parte de la cocaína de Bolivia pasa por Brasil en su camino hacia Europa.

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Quiroga, quien fue vicepresidente bajo el presidente Hugo Banzer en los años 90, luego se convirtió en presidente tras la renuncia de Banzer en 2001, está haciendo campaña bajo una plataforma de ley y orden. Promete tomar medidas drásticas contra la producción de cocaína en el Chapare mientras protege la coca de Los Yungas, que según él, se utiliza de manera doméstica.

Su plataforma de la Alianza Libre advierte que “las estructuras criminales internacionales se han hecho presentes [en Bolivia] con la mirada complaciente del gobierno”, convirtiendo al país en un “hotel para los peces gordos del narcotráfico y otros crímenes internacionales”.

Propone una política orientada a atacar cualquier tipo de coca que alimente el mercado de la cocaína, apuntando a plantaciones no autorizadas y ventas ilícitas de coca que “solo aportan al potenciamiento del crimen organizado y transnacional”. También apoya el regreso de la Administración de Control de Drogas (DEA), que fue expulsada por Morales en 2008.

Ramiro Cavero, principal asesor económico de Quiroga, dijo que la política de coca cero ilegal se centrará en la coca del Chapare. “Todos sabemos que la coca del Chapare no va para masticarse, no va para consumo industrial”, dijo Cavero en una entrevista con el medio boliviano Urgente. “El grueso va para la ilegalidad que es la cocaína”.

Rodríguez, que está rezagado en las encuestas, es un exlíder de la unión de cocaleros del Chapare y actual presidente del Senado. Se postula bajo la coalición Alianza Popular, cuya plataforma refleja la postura antinarcóticos del MAS. Rechaza el regreso de la DEA y considera que las campañas de erradicación forzada se usan para reprimir a las comunidades rurales, según afirmó a la cadena boliviana Unitel. En un debate de agosto, Rodríguez acusó a Quiroga de enviar “policías y militares con resguardo de extranjeros contra campesinos” en el Chapare durante las campañas de erradicación.

La plataforma de Alianza Popular omite el cultivo de coca y solo menciona brevemente las economías ilícitas, priorizando los esfuerzos para “modernizar los sistemas de vigilancia fronteriza e inteligencia táctica para enfrentar amenazas transnacionales (narcotráfico, contrabando, minería ilegal)”.

El crimen ambiental, casi ignorado

Más allá del aumento del cultivo de coca, Bolivia enfrenta un crimen ambiental rampante. La deforestación, los incendios forestales, la minería ilegal y la contaminación por mercurio de la extracción de oro son las principales preocupaciones. Con pocos guardaparques, las reservas nacionales siguen siendo vulnerables a madereros ilegales, mineros y narcotraficantes, según Mongabay.

Si bien la reforma económica y la política antidrogas dominan los titulares, ninguno de los principales candidatos ofrece planes sólidos para combatir el crimen ambiental rampante en el Amazonas y más allá. Sus modelos económicos siguen estando arraigados en prácticas extractivas que a menudo están vinculadas a redes criminales.

Doria Medina ofrece el plan más completo, pero adolece de especificaciones. Propone cero deforestación para 2030 y penas de prisión de hasta 30 años por incendios intencionales, destrucción de ecosistemas y otros crímenes ambientales. Sus reformas mineras piden el cumplimiento de la normativa ambiental y formalizar las cooperativas.

Quiroga rechaza la “explotación de recursos no renovables en las áreas protegidas y reservas naturales”, pero respalda la expansión de la frontera agrícola —lo que implica despejar bosques para la agricultura o la ganadería—. Apoya la concesión de permisos mineros a empresas privadas y la eliminación de la minería artesanal o ilegal que no cumpla con las nuevas regulaciones.

Rodríguez favorece un enfoque liderado por el Estado, que incluye la construcción de instalaciones de procesamiento para minerales críticos, la regulación de cooperativas para cumplir con los estándares ambientales y de seguridad, la prohibición de la minería en áreas protegidas y cerca de fuentes de agua, y la creación de un sistema para rastrear la deforestación, la contaminación del agua, los incendios y otros daños ambientales.

Análisis de InSight Crime

Con una probable victoria de la derecha, los cocaleros bolivianos se preparan para un cambio importante en la política antidrogas, mientras que los expertos advierten que la creciente crisis ambiental del país seguirá siendo ignorada.

Las federaciones de cocaleros en el Chapare han sido un bloque decisivo de votantes y la columna vertebral del dominio del MAS durante dos décadas. “Son hegemónicos en la región; deciden en sus reuniones sindicales qué van a hacer, y todos siguen la línea”, dijo Tom Grisaffi, profesor en la Universidad de St. Gallen, especialista en la producción de coca y cocaína en Bolivia y Perú.

Esta vez, con el MAS debilitado por luchas políticas internas, la mayoría de los sindicatos del Chapare han optado por respaldar un voto nulo, es decir, no votando a ningún candidato. “Creen que pueden obtener alrededor del 30% de los votos, lo que podría superar el apoyo a cualquier candidato principal”, afirmó Grisaffi. Los sindicatos esperan que ese resultado debilite significativamente el mandato del próximo presidente y haga que los cambios de política importantes sean más difíciles de justificar si carecen de un amplio apoyo público.

A pesar de la estrategia, los agricultores ya se están organizando para resistir las medidas anticoca. “La gente está muy preocupada por la política de coca cero en los trópicos de Cochabamba”, dijo Grisaffi. “Están discutiendo cómo responder con protestas, bloqueos de carreteras, movilizaciones y marchas”.

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Incluso si las campañas de erradicación y la militarización del Chapare continúan, es posible que no reduzcan el narcotráfico, dijo Gabriela Reyes Rodas, criminóloga boliviana y experta en crimen organizado.

“Antes Bolivia era principalmente productor de cocaína, con la pasta, con la hoja de coca boliviana. Pero en los últimos años por la escasez de gasolina, se ha fortalecido, lo que se llama el ‘puente aéreo’. Avionetas que vienen desde el VRAEM en Perú, con pasta base de cocaína para que sea refinada en laboratorios, en el Beni, en Santa Cruz y en el trópico”, señaló. “La política centrada en la erradicación de hoja de coca va a tener un efecto vinculado a la violencia más que a una reducción de lo que sería el negocio de la cocaína”, concluyó.

La Alianza Popular de Rodríguez también está enfrentando escándalos relacionados con el narcotráfico. Robin Oscar Justiniano Merubia, investigado tres veces por narcotráfico y supuesto amigo de Pedro Montenegro, el principal operador del PCC en Bolivia, se postula como diputado por Santa Cruz en la lista del partido.

“Lo que me preocupa en el caso de Andrónico, no es saber cuál va a ser su política,  sino lo que él está proponiendo en la Asamblea”, dijo Reyes. “El riesgo es que vamos a tener una persona con vínculos con el narcotráfico que va a estar decidiendo sobre las políticas de lucha contra el narcotráfico, seguridad ciudadana, tráfico de madera…”

Cuando se trata de reforma ambiental, la carrera ofrece más retórica que soluciones.

La minería en Bolivia a menudo opera bajo protección estatal y regulaciones débiles que difuminan la frontera entre la actividad legal e ilegal. Las cooperativas locales—asociaciones reconocidas legalmente de mineros a pequeña escala que agrupan recursos— controlan el 94% de la producción nacional de oro, y una ley de 2014 consolidó su dominio al establecer regalías del 2,5% sobre las ventas reportadas, mucho más bajas que las tasas del sector privado.

Muchas cooperativas están vinculadas a actores ilegales que carecen de licencias ambientales y trabajan con empresas cuestionables de China y Colombia. “Subcontratan los lugares donde tienen permiso para extraer oro a empresarios privados, ya sean extranjeros o nacionales”, dijo Reyes. “Pero es ilegal porque la ley dice que es ilegal unirse cooperativa con privado”.

Tanto Doria Medina como Quiroga han propuesto cambios a la ley minera de 2014, pero la influencia política del sector cooperativo significa que sus propuestas siguen siendo vagas. “No quieren tener conflictos preelectorales con estos sectores”, concluyó Reyes.

Imagen principal: Pueblo indígena aymara vota en Jesús de Machaca, Bolivia. Crédito: Associated Press.