Una serie de capturas asociadas a empresas de seguridad privada evidencian cómo algunas de estas compañías operan como sucursales de grupos criminales en Colombia, y exponen otra faceta de la conexión entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado.

A finales de febrero, la Policía Nacional de Colombia en conjunto con la Fiscalía General, la Sociedad de Activos Especiales y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, desplegaron un operativo que resultó en la incautación de 100 armas de fuego, la extinción de dominio de ocho propiedades y la captura de tres representantes legales de las empresas de seguridad privada, entre ellos un excoronel y un excapitán de la policía colombiana, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Estas tres empresas presuntamente facilitaban el acceso a armas y otorgaban licencias de escoltas a integrantes de organizaciones criminales en municipios como Bogotá, Neiva, Ibagué, Puerto Triunfo y Villavicencio.

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En su tercer consejo de ministros televisado el pasado 10 de marzo, el presidente de Colombia Gustavo Petro, cuestionó las irregularidades que permiten que estas prácticas se lleven a cabo.

“Se le está dando licencia a los criminales. Dueños de empresas de seguridad son paramilitares y narcotraficantes, exmilitares a veces y expolicías” dijo en la alocución pública el mandatario colombiano.

Algunas de las empresas intervenidas también consiguieron contratos con el Estado colombiano, principalmente a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que se encarga de gestionar medidas de protección para personas y comunidades en situación de riesgo.

Análisis InSight Crime

El involucramiento de exoficiales de las fuerzas de seguridad colombianas en la prestación de servicios ilegales por parte de empresas de seguridad privada es una muestra de la permanencia de una relación que ha generado importantes réditos para varias organizaciones criminales y que cuenta con múltiples antecedentes en el país.

Para Luis Fernando Quijano, analista de seguridad en Medellín y presidente de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), esta es solo una arista de las problemáticas derivadas de la tercerización de la seguridad privada en Colombia, un país ampliamente afectado por las dinámicas criminales de decenas de actores ilegales.

“La privatización de la seguridad del Estado volvió a las empresas de seguridad privada un negocio rentable”, dijo Quijano a InSight Crime. “El Estado ha generado parte de la ilegalidad en este país. El tema de la seguridad es un ejemplo claro”.

Durante muchos años, integrantes de grupos criminales se han valido de estas empresas para recibir armamento y salvoconductos como escoltas de estas firmas. Además de dirigir Pretorian Security Ltda., el teniente coronel en retiro Alexander Ruiz Pulido, uno de los oficiales recientemente capturados, dirigía otras empresas del mismo sector en varias ciudades de Colombia, como Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Pereira, así como en Miami, Estados Unidos. 

Algunas de las compañías dirigidas por Ruiz Pulido tenían vínculos con antiguos líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes recibieron armamento y certificaciones de escoltas. Dentro de este listado de criminales con salvoconductos se encontraba Oliverio Isaza Ramírez, alias “Terror”, comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) el principal grupo criminal de Colombia y antiguo miembro de las AUC, quien fue abatido por las autoridades en febrero.

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En otro caso, Alejandro Restrepo Marulanda, alias “El Zarco” y Matías Álvarez Tabares alias “Keiber” –miembros de Los Triana y La Terraza, dos importantes bandas criminales de Medellín– aparecían registrados como escoltas con acceso a armas en la empresa SIP Security, cuyo principal accionista y jefe de operaciones es el capitán retirado de la Policía, John Velásquez, según reportó El Tiempo en noviembre de 2024. Inclusive, El Zarco escapó de ser detenido en una ocasión mostrando sus documentos como escolta, los cuales fueron presuntamente acreditados ante la policía por parte de Velásquez.

Adicionalmente, estas empresas también han funcionado para obstaculizar procesos judiciales y policiales contra criminales. En abril de 2024, la policía se vio obligada a liberar a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, cabecilla de “La Oficina”. Aunque fue capturado en flagrancia mientras amenazaba a una persona con un arma de fuego en Medellín, quedó en libertad porque el arma tenía permisos legales y no tenía órdenes de captura vigentes.

“Pichi Belén”, a su vez, era cliente de José Omar Urrego Chitiva, excapitán de la policía y representante de Securbel Ltda., quien también fue capturado en el operativo realizado en febrero de este año. A través de su empresa, Urrego Chitiva expidió una certificación laboral a Pichi Belén con el fin de que este pudiera recuperar el arma incautada, según se evidenció en interceptaciones realizadas al expolicía.

En el pasado, actores criminales importantes en Colombia han operado a través de empresas de seguridad privada para darle una apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas. Las AUC catapultaron su proyecto militar a través de cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como las Convivir, las cuales funcionaron como bisagra para el relacionamiento con las élites militares y empresariales, un elemento clave para la expansión paramilitar en el país y el acceso a armas, información reservada y recursos. 

Las Convivir continúan existiendo en ciudades como Medellín. Y mientras algunas mantienen su rol como proveedoras de seguridad privada, también se han involucrado en actividades ilegales como el microtráfico y la extorsión.

Imagen principal: La Policía Nacional de Colombia toma el control de varias empresas de seguridad privada durante una operación en febrero. Crédito: Policía Nacional de Colombia.