Manaos, centro económico del Amazonas brasileño, está sitiada por el Comando Rojo después del asesinato de un importante jefe de la pandilla. Pero estos ataques pueden ser apenas un capítulo más en una guerra criminal que escaló a todo el territorio nacional.

El 7 de junio, la ciudad de Manaos soportó docenas de ataques en los que pandilleros, que se cree hacen parte del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), arrojaron bombas de petróleo contra bancos, edificios gubernamentales, autobuses de servicio público y vehículos particulares. El gobierno ordenó el cierre de establecimientos educativos y el transporte público, y muchos negocios adoptaron precauciones similares.

La ira del Comando Rojo se desató después de que uno de sus líderes en la región del Amazonas, Erick Batista, alias “Dadinho”, fuera ultimado por la policía cerca de Manaos el 5 de junio.

La violencia fue “motivada por la muerte de un traficante conocido como Dadinho, e inteligencia demostró que la orden [para la oleada de violencia] vino de dentro de la prisión”, afirmó el secretario de seguridad pública del estado de Amazonas, Louismar Bonates, en una conferencia de prensa.

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Sin embargo, una carta presuntamente enviada por el CV a la prensa dio una versión distinta de los hechos. La pandilla alega en esa comunicación que Batista y Bonates ya se conocían y que había un pacto entre el CV y la policía.

La carta acusaba a Bonates de formar parte de una organización de tipo miliciano dentro de la policía militar de Amazonas. El grupo sostiene que Bonates se reunió con Batista 40 días antes de su muerte, y le exigió al pandillero el pago de un soborno de 600.000 reales (US$120.000) en efectivo, además de cierta cantidad de oro. Enumera además varios presuntos actos criminales en los que Bonates estaría involucrado, como soborno, extorsión y narcotráfico.

InSight Crime no ha corroborado el contenido de la carta con fuentes independientes, y Bonates nunca ha sido acusado de ningún delito.

Las organizaciones milicianas están ganando relevancia en el panorama criminal de Brasil. Su presencia se percibe con mayor fuerza en Río de Janeiro, y están conformadas en su mayor parte por agentes de policía, bomberos y guardianes carcelarios activos y retirados, que muchas veces cuentan con una sólida protección política.

Análisis de InSight Crime

En Manaos es común ver escandalosos estallidos de violencia en las calles y en las prisiones, pues la ciudad es crucial para numerosas economías criminales, como el narcotráfico, la minería de oro y el contrabando, que se extienden a Brasil, Colombia y Venezuela.

Pero la teoría de que la muerte de Batista hizo parte de una guerra más amplia librada por grupos milicianos y aliados de la policía contra el CV es plausible.

En mayo, un operativo policial en la favela de Jacarezinho, controlada por el CV, en Río de Janeiro, dejó al menos 28 muertos. En ese momento, se planteó que el operativo fue una excusa para debilitar el dominio del CV en Jacarezinho y dar entrada a las milicias.

«Es difícil demostrar que el operativo se realizó de manera deliberada para favorecer a las milicias. Pero sí las favorece, y si en pocos meses Jacarezinho se convierte en territorio de las milicias, debemos recordar esta masacre como un paso importante», así lo comentó Benjamin Lessing, experto sobre crimen organizado brasileño, de la Universidad de Chicago, en entrevista con InSight Crime.

Y en un hilo de Twitter, Lessing dice que Bonates, jefe de seguridad pública de Amazonas, ya ha operado con pandillas carcelarias previamente.

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En 2015, una investigación federal halló que otro grupo criminal, la Familia del Norte (Família do Norte, FDN), había hecho un pacto con las fuerzas de seguridad para mantener la paz en las prisiones de Amazonas. En ese tiempo, Bonates era el encargado del sistema penitenciario del estado, y al parecer gestionó personalmente el acuerdo con los mandos de la FDN.

El CV reemplazó brutalmente a la FDN como fuerza criminal dominante en Manaos a comienzos de 2020, luego de docenas de asesinatos en unas cuantas semanas en la ciudad.

La evidencia de la fuerte presencia miliciana en Manaos va en aumento. En 2020, varios efectivos de la policía militar fueron acusados de hacer parte de un grupo miliciano que brindaba protección a agricultores dedicados a la deforestación ilegal. También en abril de 2020, tres agentes de policía y un guardia penitenciario fueron puestos en custodia por su presunta pertenencia a un grupo miliciano que extorsionaba a los residentes del norte de Manaos.