A más de medio año de la masacre más mortífera en una prisión femenina en Latinoamérica, el gobierno de Honduras comienza a mostrar avances en la investigación de los hechos, pero aún se queda corto en cambios sistémicos de seguridad.

En enero, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida de Honduras (FEDC) presentó un requerimiento fiscal contra nueve pandilleras del Barrio 18 por su presunta participación en la matanza ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS)  en junio de 2023, donde perdieron la vida 46 mujeres. El hecho demuestra los primeros indicios de avance por llevar a los responsables de la masacre ante la justicia

En ese documento, los fiscales detallaron que las pandilleras del Barrio 18 sometieron a cuatro policías para quitarles las llaves y luego encerrarlas. De esta manera, pudieron acceder a las distintas secciones de la PNFAS donde estaban sus víctimas. Alrededor de la mitad de ellas estaban presuntamente vinculadas con la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

Las autoridades también confirmaron que las pandilleras habían tenido acceso a un líquido inflamable para prender fuego al Módulo 1 y que utilizaron varias armas de alto calibre, incluyendo pistolas, fusiles y subametralladoras, además de un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional.

Poco después de la presentación del requerimiento, un juez dictó detención judicial en contra de las nueve pandilleras acusadas. Estas acciones marcan el primer hito en las investigaciones judiciales sobre la masacre, que habían avanzando de manera lenta debido a obstáculos como falta de recursos y personal, según afirmaron algunos fiscales a medios hondureños.

Sin embargo, estos avances no han ido acompañados de cambios sistémicos necesarios para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro.

Una investigación de InSight Crime encontró que las autoridades penitenciarias de la PNFAS ignoraron durante años las preocupaciones de seguridad de las mujeres en este penal y no tomaron medidas adecuadas para hacerle frente a las tensiones entre las pandillas. Esto a pesar de que ya había antecedentes de violencia extrema y que varias mujeres presuntamente habían denunciado amenazas. 

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Durante nuestra investigación, observamos evidencia de que el Barrio 18 ejercía control sobre la prisión. Por ejemplo, cuando InSight Crime visitó la PNFAS durante una semana en abril de 2023, pudo observar que algunas mujeres vinculadas al Barrio 18 tenían varios privilegios con respecto al resto de la población, lo cual incluía caminar libremente por los pasillos del penal. Las pandilleras también habían establecido un sistema de vigilancia sobre sus rivales sin que los guardias lo impidieran. 

La investigación de las autoridades sobre la masacre parece concordar con esto. Aunque cuestiona la idea de que no había restricciones de movimiento dentro la prisión, asegura que las mujeres del Barrio 18 pudieron llegar a cada una de las áreas donde estaban sus víctimas. Además, lograron acceder a armas de alto calibre.

No obstante, las autoridades penitenciarias no se han hecho responsables y, hasta ahora, los fiscales no han acusado a funcionarios. En diciembre, InSight Crime habló con el Ministerio Público (MP) para requerir información sobre la posible responsabilidad de las autoridades. Se nos informó que debido a que el proceso seguía en curso, no se podían compartir detalles.

El retorno de la Policía Militar

El gobierno de Honduras ha tomado medidas drásticas para abordar la crisis de seguridad en las prisiones. 

Justo después de la masacre en la PNFAS, la presidenta  Xiomara Castro optó por restituir el control de los centros penitenciarios a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) desde finales de junio de 2023. Previamente, un estado de excepción decretado por Castro había otorgado facultades sobre la seguridad pública a los militares.

El historial de la PMOP en el manejo de las prisiones no es el mejor. Esta entidad ya había estado al mando del sistema penitenciario entre diciembre de 2019 y marzo de 2022, un período durante el cual también ocurrió una masacre en la prisión femenina a manos del Barrio 18, en donde murieron 6 mujeres. A principios de 2022, poco después de asumir el poder, la presidenta Castro removió a la PMOP de las prisiones, en parte debido a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesaban sobre los militares. 

Aún así, algunos empleados del penal aseguran que el regreso de la intervención militar ha sido positivo para mejorar la situación de seguridad.

“Ahora todo está muy bien, muy tranquilo”, expresó una trabajadora de la PNFAS a InSight Crime por teléfono en diciembre de 2023, quien pidió no utilizar su nombre por no estar autorizada a hablar del tema. 

Sin embargo, otros han señalado que la estrategia ha venido acompañada de abusos y una mayor represión. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que habían documentado maltratos y uso excesivo de fuerza por parte de elementos militares hacia las personas privadas de la libertad.

Esto fue reiterado a InSight Crime por Rihanna Ferrera, directora de la Organización Cozumel Trans, quien lleva más de una década trabajando por la defensa de los derechos humanos de personas privadas de la libertad, y ha seguido de cerca los acontecimientos recientes.

Ferrera enfatizó que la relación entre la PMOP y las mujeres en la PNFAS está lejos de ser armoniosa y que, por lo general, no existe confianza entre ambas partes.

“La relación está basada en miedo. Es por eso que los militares ejercen control mediante amendrentamientos, golpes y tortura… Al ser esto utilizado como propaganda política, fomenta el odio de la sociedad hacia la población privada de libertad”, explicó.

Añadió que los militares han reducido considerablemente las visitas, los permisos de llamadas y el tiempo de recreación en la PNFAS. Además, se ha prohibido por completo que los familiares lleven artículos personales a las mujeres, incluyendo medicamentos y fórmula para bebés.

La hija de una mujer privada de libertad de la tercera edad, quien no está asociada a una pandilla, habló con InSight Crime en diciembre bajo condición de anonimato para compartir su testimonio al respecto. Según la fuente, las restricciones contribuyeron a que su madre recibiera acceso tardío a atención médica luego de que sufriera una grave crisis de salud. 

“Parece que ya no hay amenaza de [las pandilleras] pero todas las mujeres están muy restringidas…. Por lo que hicieron unas pocas tienen que pagar todas,” comentó.

La fuente añadió que los familiares también han sido víctimas de abuso durante las pocas horas de visita. Esta es una experiencia común entre parientes de las víctimas, según comentó Ferrera.

“La intervención militar ha estado plagada de violaciones a derechos humanos y tratos inhumanos”, aseguró Ferrera.

Segregación de pandillas

Otra de las medidas de seguridad tras la masacre fue separar a la MS13 y al Barrio 18 en prisiones distintas. Esta es una política que se ha utilizado en el pasado, pero que tampoco ha contribuido a evitar episodios de violencia extrema.

Entre julio y octubre de 2023, alrededor de 76 mujeres presuntamente vinculadas a la MS13 fueron trasladadas de la PNFAS a la cárcel de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INP) a InSight Crime en respuesta a una solicitud de información. 

Las mujeres asociadas a la MS13 habían sido las principales víctimas de la masacre y previamente habían estado albergadas en el Módulo 1 de la PNFAS, el cual quedó destruido tras el incendio. Antes del traslado, fueron colocadas durante casi un mes en un recinto temporal, que no contaba con suficiente infraestructura y servicios.

“[Estaban] en condiciones horribles, no tenían ni siquiera acceso a productos de higiene o toallas sanitarias”, dijo a InSight Crime una fuente del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que pidió anonimato por no estar autorizada a hablar del tema, a inicios de julio.

Ferrera ha seguido de cerca el traslado de las mujeres y comentó a InSight Crime que la prisión de Ilama todavía tiene que ser acondicionada para poder albergar a mujeres y atender sus necesidades específicas.

Mientras tanto, las mujeres del Barrio 18 permanecen en la PNFAS. Las pandilleras están albergadas en módulos exclusivos, lejos de las otras presas, según comentó la trabajadora del penal entrevistada por InSight Crime.

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Sin embargo, la evidencia indica que el Barrio 18 sigue operando desde la PNFAS a pesar de las medidas del estado hondureño. A finales de noviembre, las autoridades encontraron notas extorsivas que salieron del penal y en septiembre frustraron un intento de ingreso de armas, dinero y celulares.  

*Helen Montoya contribuyó al reportaje de este artículo.

Imagen principal: Honduras avanza lentamente en la investigación de las responsables de la masacre del PNFAS que cobró 46 vidas. Fuente: El Heraldo