Poco después de que el primer ministro de Haití firmara un acuerdo para el despliegue de un dispositivo internacional de seguridad, las pandillas de Puerto Príncipe atacaron las dos principales cárceles del país, liberando a miles de presos.
El pasado 1 de marzo, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el presidente de Kenia, William Ruto, se encontraron en Nairobi para firmar un acuerdo de seguridad que supondrá el despliegue de una fuerza policial y ayuda internacional. Sin embargo, poco después de la firma del acuerdo, la última semblanza de control estatal en Haití se evaporó. El domingo, en medio de una escalada de violencia perpetrada por las pandillas —que causó la muerte de cuatro policías— hombres armados atacaron dos prisiones, liberando a miles de reclusos entre la maltrecha población haitiana.
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El asalto a las dos principales prisiones de Puerto Príncipe, la capital haitiana, parece haber sido instigado por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, un expolicía que dirige la confederación de pandillas más poderosa del país, el G9. En un vídeo difundido la semana pasada, Barbecue anunció un aumento de los ataques con el objetivo de forzar a Henry a abandonar su cargo.
“Con nuestras armas y con el pueblo haitiano, liberaremos el país”, dijo, vestido de negro y con chaleco antibalas.
Testigos manifestaron haber visto al menos 10 cadáveres de presos en los alrededores de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. De un total estimado de 4.000 reclusos, alrededor de 100 permanecían en el recinto. La otra cárcel, la prisión civil de Croix-des-Bouquets, que albergaba a unos 1.400 reclusos, también fue invadida, pero aún no hay detalles sobre este ataque.
Haití declaró el estado de emergencia, y el gobierno decretó un toque de queda entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, en un intento de restablecer cierto grado de control sobre la capital. La embajada estadounidense anunció la suspensión de todos los viajes oficiales al país, aunque su presencia en Haití ya es mínima. En julio del año pasado todo el personal que no fuera de emergencia fue evacuado en medio de un estallido de violencia, secuestros y amenazas.
Análisis de InSight Crime
Aunque aún no se ha anunciado la fecha de su despliegue, la policía keniana —conocida más por su deficiente historial en materia de derechos humanos que por su capacidad para enfrentarse a pandillas fuertemente armadas— enviará hasta 1.000 efectivos para restablecer el orden en la isla caribeña. Con su presencia, se busca restablecer condiciones de seguridad que permitan la llegada de la ayuda humanitaria y la celebración de elecciones en 2025.
El esfuerzo internacional, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y la ONU, ha reunido más de US$120 millones. Sin embargo, sin las condiciones mínimas de seguridad sobre el terreno, algo que los kenianos se han comprometido a proporcionar, nada podrá entregarse ni aplicarse.
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Los kenianos se enfrentan a una tarea titánica. Actualmente, las pandillas haitianas controlan gran parte del país, extendiéndose desde sus bastiones en Puerto Príncipe. La policía haitiana, compuesta por 9.000 efectivos para una población de 11 millones de habitantes, se ve superada en todos los sentidos.
Los kenianos se adentrarán en un Estado fallido y en una de las capitales mundiales del secuestro, donde las pandillas son la única autoridad visible en muchas partes del país. Se calcula que el año pasado alrededor de 3.000 personas fueron secuestradas para pedir rescate. En enero de este año, seis monjas y dos de sus acompañantes fueron raptadas de un autobús en Puerto Príncipe, lo que demuestra que nadie está a salvo.
Aunque Haití ha vivido pocos momentos de tranquilidad desde que logró la independencia en 1804, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 desató la última oleada de violencia e inestabilidad. Los mercenarios colombianos que llevaron a cabo el asesinato y varios haitianos han sido detenidos y otros acusados, entre ellos la esposa del presidente, que resultó herida en el atentado. Pero la motivación del asesinato sigue sin estar clara, al igual que los autores intelectuales.
Sean cuales sean las razones, Haití carece ahora de representantes electos. Se considera que el primer ministro Henry, nombrado tras el asesinato del presidente con apoyo internacional, carece de legitimidad.
El país caribeño ha sido testigo de múltiples intervenciones extranjeras. La isla fue invadida y ocupada por Estados Unidos entre 1915 y 1934. Además, en 1994, el país volvió a invadir Haití tras un golpe de Estado. Después, en 2004, se desplegó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) que permaneció en el país hasta 2017. La misión estuvo plagada de acusaciones de abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de paz de la ONU, que fueron acusadas de delitos sexuales. La ONU también ha reconocido su papel en el inicio de un brote de cólera que mató a miles de personas.
En cuanto los policías kenianos lleguen a Haití, es probable que se encuentren en la mira de las pandillas haitianas, incluyendo las dos federaciones criminales rivales más poderosas, el G9 de Barbecue y el G-Pèp, que han estado luchando por imponerse en el país.