El Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde al despliegue de una fuerza armada multinacional en Haití, pero los interrogantes sobre la efectividad de esta medida persisten.

El 2 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el despliegue en medio de una crisis de seguridad sin precedentes en Haití, donde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 agudizó un colapso social y económico que ha desembocado en la anarquía y generalizado el hambre.

Las numerosas pandillas del país controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y en las últimas semanas los ataques a poblaciones y regiones fuera de la ciudad han incrementado, según Le Nouvelliste. Al menos 2.439 personas perdieron la vida y cerca de 1.000 fueron secuestradas entre comienzos de 2023 y el pasado 15 de agosto, según la ONU.

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Kenia ofreció ayuda a la atribulada Policía Nacional Haitiana (Police Nationale d’Haïti, PNH) para restablecer el orden en el país tras meses de peticiones del gobierno haitiano y del secretario general de la ONU, António Guterres. El país africano prometió destinar 1.000 agentes de policía a la misión. Islas Bahamas ofreció 150 agentes y otros países caribeños, entre ellos Antigua y Barbuda y Jamaica, han expresado su apoyo, aunque no se espera que haya despliegues de personal efectivos hasta dentro de varios meses.

Estados Unidos, por su parte, aportará hasta US$200 millones en asistencia logística y financiera, pero no enviará sus fuerzas de seguridad al terreno.

El ejército internacional buscará apoyar a la policía haitiana en el restablecimiento de la seguridad en Haití para crear condiciones que conduzcan a la celebración de unos comicios electorales libres y justos. El país no tiene un solo funcionario de gobierno elegido popularmente y la administración de facto del primer ministro Ariel Henry es considerada ampliamente ilegítima.

Análisis de InSight Crime

Aunque la comunidad internacional celebró la decisión del Consejo de Seguridad, el despliegue de fuerzas de seguridad internacionales puede ser inútil sin cambios estructurales más sustanciales en el actual sistema político y de gobierno de Haití, en la medida en que este da lugar a la extrema violencia pandillera que azota al país.

“No se verá ningún avance […] mientras sigamos estancados con el mismo gobierno disfuncional que tenemos ahora, sin resolver la crisis política o tener un plan claro para enfrentar problemas como la impunidad, la corrupción y la gobernanza”, señaló Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití (Réseau National de Défense des Droits Humains, RNDDH) en entrevista con InSight Crime.

La relación entre las pandillas y los cuadros políticos y de policía representa un obstáculo importante para cualquier ejército extranjero, señaló. “Las pandillas no sienten especial temor frente a la decisión de la ONU por una razón específica: actualmente detentan un poder considerable gracias a sus conexiones con el gobierno y la cúpula de la policía», agregó Espérance.

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El principal mandato de la misión es sentar las condiciones de seguridad que permitan la celebración de elecciones justas y libres en Haití, pero aun si el ejército internacional logra capturar o dar de baja a los líderes pandilleros, “corren el riesgo de que esa intervención tenga un impacto solo temporal” señaló Louis-Henri Mars, director ejecutivo de Lakou Lapè, organización de construcción de paz y transformación de conflictos con sede en Puerto Príncipe, en entrevista con InSight Crime. Si se deja intacta la infraestructura de las pandillas, estas seguramente mantendrán el control de los barrios del país y se mantendrá el ciclo clientelista entre pandillas y políticos, agregó.

Aunque Mars cree que debe ofrecerse a los pandilleros la oportunidad de deponer las armas y desmovilizarse de manera pacífica, cualquier proceso legal de desmovilización puede verse entorpecido por un sistema de justicia inexistente y un sistema penal donde los presos mueren de inanición.

“¿Qué tipo de justicia se propondrá y qué aceptará la sociedad haitiana para estos pandilleros? Si se llega a una situación en la que [los pandilleros] se ven ante dos caminos: morir o ir presos a esas cárceles, es muy posible que elijan morir”, comentó Mars.

Una intervención internacional en materia de seguridad aún no brinda respuestas a los problemas estructurales subyacentes que hicieron posible la proliferación de pandillas en Haití. Para Mars, las razones son claras: “es la ausencia estatal en los barrios. Las pandillas llenan el vacío dejado por el Estado. Aunque se elimine a unos cuantos, se reconstruirán al día siguiente si no se llena ese vacío […] básicamente no habrá cambiado el problema central”, puntualizó.