Las cifras de líderes asesinados en Cauca, Colombia, son muestra de que su trabajo es un obstáculo para los grupos armados que buscan consolidarse en uno de los territorios más estratégicos para el crimen organizado en el país. 

En lo corrido del año, 127 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, según estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El departamento del Cauca, en el Pacífico colombiano, lidera esta preocupante lista con 25 asesinatos, seguido de Antioquia, en el noroccidente, con 18 y Valle del Cauca con 12. 

Una de las víctimas más recientes fue Duvalier Cifuentes. El 28 de septiembre, sicarios lo asesinaron en su finca, en el municipio de Caloto, Cauca. Cifuentes era un reconocido líder político y padre de Sebastián Cifuentes, actual candidato a la alcaldía del municipio. Una semana antes, hombres armados mataron a José Arley Cruz, líder indígena de la comunidad Nasa en el municipio de Miranda. 

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En el 2022, la Defensoría del Pueblo registró  215 asesinatos de líderes y lideresas sociales a nivel nacional, siendo el año con mayor número de casos registrados desde el 2016, según un comunicado de la institución. El departamento del Cauca, por su parte, registró 26 casos, siendo el segundo territorio de mayor riesgo para los líderes.

Cauca es una zona estratégica para grupos criminales como las facciones de las ex -FARC mafia, grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartaron del proceso de paz en 2016, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pues no solo concentra cultivos de coca y zonas de minería ilegal, su salida natural al océano Pacífico sino que también lo convierte en una ruta ideal para cargamentos de droga que se dirigen hacia Estados Unidos y Europa.

Análisis de InSight Crime

La experiencia de décadas en la defensa del territorio de líderes y lideresas sociales en Cauca los ha convertido en blanco de los grupos criminales por su resistencia a las economías ilícitas y el desafío a su control social y territorial. 

Desde hace décadas, grandes terratenientes, desplazaron a los pueblos indígenas, afro y campesinos de sus territorios en el departamento del Cauca. Sumado al despojo de tierras, por años, grupos armados y criminales han buscado aprovechar las ventajas que les ofrece el departamento para el narcotráfico y la minería ilegal. 

Para hacer frente al despojo y la violencia, las comunidades en el Cauca han consolidado fuertes procesos organizativos. Su capacidad para movilizarse también los ha puesto en la mira de los grupos armados, quienes buscan cooptar o eliminar a cualquier organización rival. 

“Hay un nivel de actitud organizativa de muchas comunidades, de resistir a todos estos fenómenos de violencia de finalidad de control social que están intentando colocar o siempre han intentado colocar los actores armados y que es expresada a través de sus liderazgos o sus voceros” le contó a InSight Crime un líder indígena de Caloto, cuyo nombre omitimos por cuestiones de seguridad. 

Ante el panorama de violencia y criminalidad que enfrenta el departamento, los liderazgos sociales se han convertido en una de las primeras líneas de defensa de sus comunidades, muchas veces en contravía de las actividades ilícitas de los grupos armados. 

Los pueblos indígenas, organizados en el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), han impedido la entrada de las ex-FARC mafia a sus territorios negando su presencia en los resguardos. Adicionalmente, se han opuesto a la siembra de cultivos de uso ilícito, incluso a costa de sus vidas. 

“Que en su gran mayoría las autoridades [indígenas] estén diciendo no a la presencia de cultivos de uso ilícito los convierte en enemigos para quienes viven y se lucran de lo que es el negocio de las drogas,” dijo una defensora de la zona InSight Crime. 

En Cauca, los cultivos de coca están concentrados en los municipios de El Tambo y Argelia. Las ex-FARC mafia adscritas al Estado Mayor Central (EMC) mantienen una disputa contra ELN y las disidencias de la Segunda Marquetalia por las más de 11 mil hectáreas de cultivos que hay en estos territorios. 

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Además, campesinos y víctimas también han alzado su voz para denunciar el modus operandi de los grupos criminales. El reclutamiento forzado de menores es uno de los principales métodos que tienen las agrupaciones para fortalecer sus filas y es una de las problemáticas que más preocupa a los defensores de derechos humanos en la actualidad. 

Los grupos han respondido con violencia. “Las organizaciones sociales más o menos dijeron no más actores armados en territorio, no más economías ilegales. Pero su respuesta fue violenta. En algún momento dijeron, ‘Mate un líder indígena y cobre 3 libras de arroz’. Luego, pasaron a un plan pistola en el que ofrecían 3 millones de pesos por un guardia indígena asesinado,” afirmó el líder indígena de Caloto. 

Además de asesinarlos, los grupos criminales los intimidan a través de amenazas y campañas de desprestigio.

A pesar de todo, algunos líderes, lideresas y defensores de derechos humanos dijeron que se mantienen en pie por la defensa y arraigo al territorio. 

“Ellos se quedan, resisten por cuidar su territorio, por no perder sus casas, los cultivos”, aseguró una integrante de una organización internacional a InSight Crime. “Es una dinámica diferente que genera también el riesgo para ellos porque ponen primero su vida”.