“¡Manden un helicóptero, nos van a matar, nos van a matar! Por Dios, hay heridos, ¿quieren que nos maten o qué? ¡Manden apoyo!”. Este fue el llamado desesperado de un oficial de policía atrapado entre incontables estruendos durante la arremetida de una estructura del Estado Mayor Central (EMC) en Jambaló, un municipio del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia y un territorio estratégico para el crimen organizado.
Desde las cinco de la mañana del 19 de noviembre de 2025, miembros del Frente Dagoberto Ramos del EMC —una federación de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— lanzaron ráfagas de disparos y explosivos hacia las instalaciones de la policía, mientras uno de sus hombres advertía a la población que se resguardara.
“La población civil que está cerca de la estación de policía para que se retiren”, repetía el hombre a través de un megáfono, según un comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Pero ese era solo el comienzo de aquel día de horror en el departamento, pues el EMC extendió su embestida a Silvia, Corinto y Padilla, municipios cercanos a Jambaló.
“La ofensiva fue simultánea, como si alguien hubiera dado la orden de encender el Cauca entero al mismo tiempo”, señaló el CRIC.
El impacto de los ataques en Jambaló fue particularmente grave. El CRIC reportó al menos 10 heridos, entre los que se contaba un menor de edad. El municipio quedó incomunicado, sin agua ni electricidad, y con al menos 60 viviendas impactadas.
“En este territorio, donde el canto de los gallos compite con las ráfagas, ya nadie se hace ilusiones de que la guerra es un asunto lejano”, se leía en otro comunicado del CRIC.
Estos hechos se suman a la larga lista de ataques del EMC dirigidos a las fuerzas de seguridad en el Cauca durante los últimos dos años. Lo que está en juego es un territorio plagado de minas ilegales de oro, cultivos de coca y marihuana, y que sirve como un puente que conecta el sur del país con el Pacífico colombiano —una salida clave para la droga que se dirige a mercados internacionales—.
Con estos ataques, el mensaje del EMC es claro: son ellos quienes mandan en el departamento y la posibilidad de paz en el Cauca es cada vez más lejana.
El origen del EMC en Cauca
El EMC nació en 2016 cuando su comandante, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, entonces líder del Frente Primero de las FARC, decidió darle la espalda a los acuerdos de paz que la guerrilla negociaba con el gobierno colombiano. Hoy, 10 años después, el grupo que nació rechazando la paz es quien la mantiene lejos del Cauca.
En sus inicios, el grupo de Mordisco unió fuerzas con las disidencias del Frente Séptimo. Lo que empezó con 400 hombres en los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés, al suroriente de Colombia, en cuestión de años, llegó a ser la mayor facción disidente de todo el país, con injerencia en el sur, oriente y occidente, incluyendo el departamento del Cauca.
VEA TAMBIÉN: Estado Mayor Central – Disidencias de las FARC
En Cauca, particularmente, se apalancó a través de excombatientes que habían integrado las filas de los frentes 6, 8, 30 y 10 y la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC —que ejercieron presencia en el departamento durante décadas. De allí emergieron los núcleos disidentes dominantes en el departamento hoy: los Frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Rafael Aguilera.
Además de las disidencias del EMC, en el Cauca también operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una estructura disidente de las FARC no alineada al EMC, el Frente 57, y están intentando aumentar su influencia.
Tanto el ELN como el Frente 57 están librando una batalla con el EMC en los extremos sur y norte del Cauca por el dominio del tráfico de drogas, la minería ilegal y los corredores estratégicos que abundan en el departamento.
¿Cuál Paz Total?
Ante el poderío del EMC en Cauca —y en otros territorios a nivel nacional— en 2022, el presidente Gustavo Petro inició conversaciones de paz con el grupo armado en el marco de la política de “Paz Total”, la apuesta del presidente que busca negociar con los principales grupos armados del país el cese de sus actividades criminales.
La idea de acabar con la guerra en uno de los territorios más afectados por el conflicto armado despertó, una vez más, optimismo en los caucanos, que perciben la paz no solo como la ausencia de violencia, sino también como un sinónimo de presencia institucional, estabilidad laboral y desarrollo.
“Había mucha esperanza”, dijo un representante de una organización multilateral en el territorio a InSight Crime en condición de anonimato por razones de seguridad. “La gente se me acercaba ilusionada pensando que aquí iba a llegar de todo, oportunidades, bienes y servicios”, añadió.
En octubre de 2023 se alcanzó lo que parecía ser uno de los primeros triunfos: un cese al fuego bilateral entre el gobierno y el EMC. Pero la ausencia de confrontaciones entre la fuerza pública y el grupo disidente trajo pocos beneficios a la población del Cauca. El grupo aprovechó que el brazo armado del Estado no podía atacarlos para expandir su presencia y control en el departamento. No solo aumentaron los cultivos de coca, sino que llegaron a disputar zonas controladas por otros grupos criminales, todo a costa de un masivo reclutamiento de menores de edad.
El 16 de marzo de 2024, un asesinato marcó un punto de inflexión en las negociaciones. Ese día, el Frente Dabogerto Ramos le disparó a sangre fría a la Mayora indígena Carmelina Yule en el municipio de Toribío, al norte del departamento. Ella se había negado a guardar silencio frente a los abusos de la organización criminal, y el día que la asesinaron había ido junto con un grupo de indígenas a rescatar a un menor indígena que el frente Dagoberto Ramos había reclutado.
En respuesta al asesinato, el presidente Petro suspendió el cese al fuego y el EMC sufrió una ruptura interna. Mordisco se negó a seguir negociando hasta que se restableciera el cese al fuego, mientras que otra facción, liderada por Alexander Díaz, alias “Calarcá Córdoba”, optó por continuar las conversaciones.
Con el asesinato de Yule, también se enterraron las expectativas en torno a la Paz Total en el territorio.
“¿De qué Paz Total me hablas, si aquí todos los días matan gente?”, dijo una mujer indígena a InSight Crime que prefirió conservar el anonimato por razones de seguridad.
VEA TAMBIÉN: GameChangers 2025: El laberinto sin salida de la Paz Total en Colombia
La realidad es que el EMC estaba más fuerte que nunca. Su poderío se hizo evidente hasta en la capital departamental, donde empezaron a instalar pancartas para anunciar su presencia.
“A 20 minutos del centro de Popayán ya hay milicianos”, dijo un docente que prefirió guardar anonimato por razones de seguridad.
En zonas rurales bajo su dominio, han impuesto un régimen en el que nadie se mueve sin autorización. A esto se le llama “carnetización” y básicamente consiste en que la población debe portar una identificación expedida por ellos para transitar por los territorios.
“Hacen un retén entrando al corregimiento y si tú no tienes el carné, te cobran 500.000 pesos [alrededor de US$130]. Después llaman al responsable tuyo en la vereda para verificar y dejarte entrar”, dijo un docente del departamento a InSight Crime. “Es un mecanismo que ellos utilizan para evitar que se les entre alguien de los otros grupos”.
En otros casos, se ha vuelto necesario circular con el vidrio bajo si uno circula en vehículo, o sin casco si se moviliza en moto. “Baja el vidrio o plomo”, es uno de los mensajes que el EMC ha dejado en pancartas o grafitis en zonas rurales del norte del Cauca. Eso es de lo primero que hacen las estructuras del EMC cuando llegan a un territorio para anunciar su presencia y las comunidades no pueden quitar estos avisos, explicó a InSight Crime un miembro de una ONG.
La apuesta militar en el Cañón del Micay
Con el EMC fortalecido en el Cauca y los diálogos de paz desplomados, en octubre de 2024 el gobierno de Petro ordenó el despliegue de más de 1.400 miembros del ejército y 17 tanquetas en el marco de la “Operación Perseo”. Este ambicioso operativo tenía el objetivo de retomar el control del corregimiento estratégico de El Plateado, en el municipio central de Argelia, y expulsar al Frente Carlos Patiño del territorio.
El Plateado es un engranaje fundamental para el tráfico de drogas al estar ubicado en el corazón del Cañón del Micay, una región que concentra más del 75% de las plantaciones de coca de todo el Cauca y conecta los laboratorios para el procesamiento de cocaína con innumerables puntos de salida de droga en el Pacífico.
“El emporio de ellos [del EMC] está centrado sobre este punto”, dijo un experto en seguridad y grupos armados en Cauca que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.
Aunque la Operación Perseo consiguió que el Frente Carlos Patiño se retirara de El Plateado, la influencia sobre su población y las rentas criminales estaba lejos de desaparecer. Las disidencias del EMC emprendieron diferentes acciones para entorpecer el avance de las tropas militares en el Cañón de Micay. Unas eran puramente bélicas, como inundar el territorio con minas antipersonales. Otras eran una muestra clara del control social que todavía tenían en la zona, incluso con el ejército asentado en el territorio.
A inicios de marzo, el Frente Carlos Patiño, a través de amenazas relacionadas con entorpecer el comercio y el trabajo, o atentar contra la integridad de los pobladores, presionó a la comunidad del Cañón para que llevara a cabo una asonada masiva en contra del ejército y la policía, en la que los manifestantes retuvieron a 29 uniformados.
“Les decían: ‘al que veamos que está muy contento con el ejército, tendrá sus consecuencias’”, dijo un trabajador social a InSight Crime que prefirió hablar bajo condición de anonimato por cuestiones de seguridad.
El EMC también buscó que sus operaciones de tráfico de drogas siguieran fluyendo y para esto recicló antiguos corredores utilizados por las FARC en el sur del Cauca, explicó a InSight Crime el experto en seguridad y grupos armados.
“Al entrar el ejército, cierran la parte norte del Cañón de Micay. Entonces ellos [el EMC] ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue buscar una manera de sacar la droga por otro lado, sobre todo por el macizo colombiano”, agregó el experto.
Para esto, el EMC anunció en julio de 2025 la creación de un nuevo frente denominado Andrés Patiño y con este, la incursión en el macizo colombiano, que conecta el sur del Cauca con los departamentos de Nariño y Putumayo, dos de los mayores productores de coca del país. El macizo ha estado bajo el dominio del ELN por años, y hoy, con la expansión del Andrés Patiño, se ha convertido en un campo de batalla entre ambos sindicatos criminales y las fuerzas de seguridad.
Para librar estos enfrentamientos, los frentes del EMC —al igual que el ELN— han engrosado sus filas de manera agresiva mediante el reclutamiento de menores. En 2024, las autoridades departamentales registraron 345 menores reclutados en todo el departamento, mientras que en 2021 fueron 46, lo que equivale a un aumento del 650% en tan solo tres años. Del total de menores reclutados en 2024, el 64% eran indígenas del norte y oriente del Cauca, y muchos de ellos fueron llevados hasta el Cañón y el macizo.
Autoridades ‘maniatadas’
Hoy el Cauca sigue preso de la guerra, al tiempo que las fuerzas de seguridad se encuentran maniatadas.
Más allá del Cañón del Micay, el EMC ha seguido afianzando su presencia en el Cauca a punta de constantes ataques y hostigamientos contra la policía y el ejército. Desde principios de 2023 hasta hoy, han emprendido más de 40 ataques y hostigamientos dirigidos, en su mayoría a comisarías de policía y puestos militares, a través del uso de explosivos, francotiradores, carros bomba y drones.
“Después de la Operación Perseo, lo que han hecho es ir estallando todo. Estallan aquí, estallan allá”, dijo una trabajadora de la gobernación a InSight Crime.
De hecho, recientemente, las estructuras del EMC se han especializado en sistemas de drones de ataque, conocidos técnicamente como WAS (Warfare Automation Systems). Estos artefactos, capaces de cargar granadas de fragmentación o morteros, son operados de forma remota, y han permitido al EMC atacar a las fuerzas de seguridad sin salir de sus cuarteles.
Los ataques del EMC alcanzaron otro matiz el 10 de junio de 2025, cuando esta facción de disidentes llevó a cabo alrededor de 18 ataques en el Cauca y su departamento vecino, Valle del Cauca, que afectaron estaciones de la policía, de la armada, vías principales, y en el que siete personas resultaron muertas.
Los ataques en contra de las fuerzas de seguridad en el Cauca son tan comunes, que hasta una frase resuena en todo el departamento: “la policía está ‘secuestrada’ en sus propios cuarteles”.
Diversas fuentes en terreno dijeron a InSight Crime que, a causa de los constantes ataques en su contra, los uniformados de la policía han optado por el repliegue, y se han visto obligados a limitar sus patrullajes.
El Ejército, por su parte, también se ha enfrentado a una suerte de táctica de guerra híbrida. Al igual que sucedió en el Cañón del Micay, a lo largo del Cauca los grupos criminales han continuado instrumentalizando a la población civil para realizar asonadas que buscan impedir el avance de las tropas, por ejemplo durante operativos para destruir maquinaria utilizada en la minería ilegal.
“Es una guerra sin fin en donde los más afectados son las comunidades”, dijo una investigadora local a InSight Crime.
