El anuncio del presidente de Argentina, Mauricio Macri, de una emergencia de seguridad nacional pone de relieve la creciente preocupación del público frente al crimen y la nueva determinación del gobierno de detenerla. Pero algunos críticos ya están diciendo que el presidente se ha extralimitado.
La presidencia de Argentina esbozó varias nuevas medidas que serán implementadas en el marco de la emergencia de seguridad pública nacional que se anunció el 19 de enero, e incluye la creación de un gabinete de orden público y la autorización para disparar contra narcovuelos.
La nueva oficina antidrogas, el Gabinete de Seguridad Humana, se concentrará en el ataque a la expansión del crimen organizado en áreas urbanas, en especial en Rosario, un punto crítico para la violencia relacionada con las drogas en Argentina. Las autoridades se vieron forzadas a transferir recientemente a los cabecillas de la banda traficante de estupefacientes Los Monos de una cárcel en Rosario a una prisión federal fuera de la ciudad, luego de un tiroteo entre criminales y agentes de seguridad, en lo que se cree fue un intento de liberar a sus jefes. Se dice que desde la cárcel los cabecillas de Los Monos seguían dirigiendo las operaciones de narcotráfico de la pandilla.
Además del Gabinete de Seguridad Humana y la autorización de disparar, el gobierno planea instalar radares a lo largo de la frontera norte del país para lograr un “control eficiente” de esta región fronteriza.
Análisis de InSight Crime
La decisión de Macri de intensificar la lucha contra el crimen transnacional probablemente le ganará el favor público debido a la percepción de mayor actividad narcotraficante en Argentina, pero algunos detractores han levantado la voz por esta nueva estrategia.
Horacio Verbitsky, del Centro de Estudios Sociales y Legales, cuestionó las consecuencias imprevistas que podrían surgir del “control fronterizo, la militarización de las operaciones antidrogas, la introducción velada de la pena de muerte y el despliegue de más agentes de seguridad en barrios pobres”. También figuras de la política han criticado directamente al presidente, declarando que se extralimitó en sus funciones al autorizar el derribo de aviones mediante decreto ejecutivo.
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Los funcionarios del gobierno contraatacaron; en la televisión local, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió la decisión del gobierno de derribar aviones sospechosos de llevar drogas. Observó que las autoridades tratarán en principio de interceptar las aeronaves sospechosas y les ordenarán aterrizar, y que “el objetivo no es derribar el avión”.
Un aspecto que podría perderse en la discusión es si estas nuevas políticas de seguridad se traducirán realmente en menos crimen y violencia por drogas. Macri parece ceñirse a su promesa de campaña de adoptar una postura más dura contra el crimen que su predecesora Cristina Fernández de Kirchner. Queda por verse si esto mejorará o empeorará la situación de seguridad en Argentina.