¿Qué hay de diferente en la estrategia antidrogas de Estados Unidos en Ecuador?

¿Está cumpliendo Keiko Fujimori sus promesas de campaña de mano dura contra el crimen en Perú?

¿Podrá el nuevo gobierno de Bolivia frenar el crecimiento de los cultivos de coca?

Estas son las tres principales noticias de crimen organizado de esta semana en On the Radar.

1. Estados Unidos hunde otra embarcación ecuatoriana vinculada a Los Choneros

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) hundió el lunes otra embarcación ecuatoriana, después de retirar a sus tripulantes, bajo el argumento de que se trataba de una «estación de abastecimiento de combustible flotante» que apoyaba el narcotráfico para Los Choneros, uno de los principales grupos criminales de Ecuador. Las familias de los tripulantes y los propietarios de la embarcación han negado cualquier vínculo con el crimen organizado. Las fuerzas estadounidenses han abordado, evacuado y hundido al menos seis embarcaciones en lo que va de septiembre.

Estas operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador forman parte de la creciente cooperación de seguridad entre Washington y Quito, formalizada bajo el marco de «Escudo de las Américas«. Pero, a diferencia de la campaña más amplia de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que ha incluido ataques con misiles con un saldo de al menos 227 muertos en el último año, estas operaciones recientes se han centrado en abordar las embarcaciones y detener a sus tripulantes antes de hundirlas.

2. Perú declara el estado de emergencia en cinco cárceles

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori declaró un estado de emergencia de 60 días en cinco cárceles de máxima seguridad —Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones— donde se concentra un gran número de presuntos líderes o integrantes de organizaciones criminales. El decreto suspende los derechos constitucionales a la libertad de movimiento, reunión y seguridad personal en un perímetro de 200 metros alrededor de las cárceles, y envía tropas para custodiar sus perímetros, después de que las autoridades señalaran que líderes criminales continúan dirigiendo extorsiones, asesinatos por encargo y operaciones de narcotráfico desde prisión.

La medida es el primer paso concreto del enfoque de mano dura contra el crimen prometido por Fujimori para las cárceles peruanas, que también contempla la construcción de nuevas megacárceles inspiradas en el CECOT de El Salvador. Sin embargo, reforzar la seguridad en el exterior de las cárceles peruanas, ya sobrepobladas y con falta de personal, podría hacer poco para desarticular las estructuras de mando criminal que operan desde su interior. El nuevo decreto se enmarca en una tendencia regional más amplia hacia políticas de seguridad más severas, que refleja no solo el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador, sino también el discurso de la administración Trump sobre el crimen organizado en la región.

3. Los cultivos de coca en Bolivia aumentan, mientras el nuevo gobierno promete un cambio

El cultivo de hoja de coca en Bolivia aumentó un 7% en 2025, hasta alcanzar las 36.400 hectáreas, 14.400 hectáreas por encima del límite legal, según un informe de monitoreo de cultivos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El crecimiento se concentró en Cochabamba, una región tradicionalmente dedicada al cultivo de coca y bastión del depuesto líder del MAS, Evo Morales. El informe fue presentado junto con una nueva estrategia antidrogas del gobierno boliviano para 2026-2030, con un presupuesto de US$492 millones financiado conjuntamente por el Estado y cooperación internacional.

El ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, señaló que la nueva política se regirá por los principios de «soberanía» y «no injerencia», con la cooperación internacional enfocada en fortalecer las capacidades nacionales, según EFE. Este enfoque refleja la histórica desconfianza de Bolivia hacia la participación de Estados Unidos en su política antidrogas: Evo Morales expulsó a la DEA del país en 2008. Pero bajo el presidente Rodrigo Paz, Bolivia ha dado la bienvenida nuevamente a la DEA y ha anunciado una nueva cooperación con la agencia en materia de contrarrestar el financiamiento ilícito, rutas de tráfico y redes criminales.